SALVACIÓN NACIONAL Y LA CORTE PENAL Por: Marlon S Jiménez García
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SALVACIÓN NACIONAL Y LA CORTE PENAL
Por: Marlon S Jiménez García
La Salvación Nacional, propuesta por la oposición y por todos los sectores de la sociedad civil (cada día en mayor grado, hasta alcanzar la totalidad) que encabeza el Presidente de la legítima y constitucional Asamblea Nacional electa en 2015, Ing° Juan Guaidó, pero que, trasciende por nuestra propia realidad política, económica y social hasta los próximo meses. Ésta Salvación Nacional, de la cual me ha referido en varios artículos anteriores, no es cualquier cosa; es la ruptura social grave que necesita de mayúsculas para escribirse, pues afecta el núcleo social: los valores. Por eso, se produce, según Fukuyama, la Gran Ruptura, que se caracteriza por la destrucción de esos valores (antidemocráticos, autoritarios) que, actuando como cemento del edificio social, permitan la vida en común y con calidad.
La salvación Nacional, es la liberación colectiva o individual, con respecto a una serie de poderes y situaciones negativas que encadenan al hombre, y de las cuales éste se libera, merced a su propia capacidad de obrar, o por, nuestra propia idiosincrasia, a la acción salvífica y gratuita de Dios. De allí las cadenas de oración que realizamos en conjunto los venezolanos, en la búsqueda de la Salvación Nacional.
Ahora bien, la sociedad civil venezolana hace su esfuerzo y la comunidad internacional también nos ayuda con mucha fortaleza institucional, en la búsqueda de esa Salvación Nacional. Los esfuerzos realizados son múltiples y no han sido en vanos; hemos registrado al “dedillo” todos los abusos cometidos por el régimen en el poder (a mala hora) y los hemos presentados ante los organismos internacionales encargados de “controlar, supervisar y evaluar” a éstos; dónde? En muchos, pero con más énfasis en la Corte Penal Internacional (C.P.I).
La Corte Penal Internacional (CPI), en atención a los desmanes cometidos por el Maduro y el régimen que dirige, ya ha dado los pasos para enjuiciarlo formalmente. La fiscalía (hay muchas dudas por su actuación) de la CPI, en tal sentido, abrió un expediente (hacen más de 2 años) con el nombre de “examen preliminar” por: la fuerza excesiva de la policía nacional bolivariana (pnb) y la fuerza armada nacional bolivariana (fanb) para “dispersar y reprimir manifestaciones” y “graves abusos” a detenidos, como su muerte; el hambre, la miseria y la muerte de su población, los cuales consisten en una violación flagrante de los Derechos Humanos. En este mes de Junio, llega una persona ecuánime y justa, sin compromisos políticos – partidistas, y el mundo espera que al estudiar el caso, manifieste su capacidad de “apresar” el Maduro y sus secuaces.
En nuestro país, la AN (Presidida por Guaidó)i y los organismos creados en el ámbito de la defensa del Estado de Derecho y de los DDHH, todos con un estandarte democrático y jurídico bien consolidado, no solo a nivel interno, sino también, en niveles de jerarquía internacional y reconocidos ampliamente por los organismos internacionales (OEA, ONU, CIDH), han realizado todo un expediente detallado de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Maduro y por personeros del régimen en contra de la sociedad venezolana. No es fácil que organismos internacionales atiendan requerimientos de este tipo, mucho menos, cuando aún están en lides gubernamentales; pero, es tanto el desmadre causado por ellos en todos los aspectos de la vida ciudadana y es tanta la calidad probatoria que condujo a la actuación diligente de la justicia internacional y ¿qué otro organismo está más adecuado para actuar que la CPI?
La justicia tarda pero establece castigos a quienes al margen de la Ley se creen todopoderosos y que aseguran que están exentos de ser castigados; así lo pensaba Milosevic y otros comunistas de la Europa Oriental quienes recibieron un duro castigo por ser delincuentes en el ejercicio del gobierno en las cuales asumieron el triste papel de convertir a sus países en miserables, hambrientos y donde la muerte era el non plus ultra de su filosofía de acción.
El Maduro tiene un futuro negro; él mismo se lo buscó al pactar con los asesinos de los hermanos Castro. Los miembros del alto mando militar también sufrirán los rigores del tribunal penal de La Haya, por haberse burlado de la Constitución Nacional y haber colaborado de manera implacable en la persecución de la disidencia opositora y por dejar de un lado la verdadera e inequívoca soberanía nacional; estos militares antepusieron los intereses cubanos y del comunismo por encima de los intereses patrios, de la democracia, del estado de derecho, de las libertades ciudadanas, del pluralismo político y por no haber velado en la defensa de los DDHH.
Los delitos de lesa humanidad no prescriben, en igual condición se encuentran los delitos contra la “cosa pública” y los actos realizados en la implantación del narcotráfico internacional. Hay suficientes indicios demostrables que el Maduro, el régimen, la FANB y muchos de los integrantes del PSUV están involucrados en los mismos. No hay duda que serán inmolados por la historia, de allí el interés de permanecer en el poder para alargar más su penuria. La C.P.I debe actuar con prontitud; el desmadre causado tiene que ser indemnizado y que sería mejor que dictara sentencia sobre estos delincuentes. Allí la C.P.I hace su aporte de manera inequívoca a la propuesta estratégica de Salvación Nacional.
Profesor Universitario
@marjimgar
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