CANDIDATOS DEL PSUV RECIBIERON RECURSOS DEL ESTADO SIN SER ELECTOS

• Las acciones asumidas por el Presidente Nicolás Maduro al entregar recurspos del Estado en proceso de campaña, electoral, se convierten en «delito de corrupción administrativa», denunciaron varias Ong’s.
• Según el artículo 57 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre), cada funcionario de la Administración Pública que se postule en un proceso electoral, “deberá separarse de manera temporal de sus cargos desde el día en que se inicie la campaña electoral hasta el día de la elección, ambas fechas inclusive”.
• Pedro Afonso Del Pino, abogado constitucional, asegura que la Lopre es clara: “todo lo que sea una muestra de ventajismo representa un ilícito electoral, porque rompe con los procesos de igualdad y equidad que promueven las leyes venezolanas durante las campañas electorales“.
• «El uso de autobuses del Estado para movilizar personas a distintos actos políticos, es corrupción. Asi como también para la repartición de los Clap porque es para conseguir votos“, denunciaron.

El presidente Nicolás Maduro recibió a nueve candidatos del oficialismo en el Palacio de Miraflores. En dicha reunión, aprobó un monto total de Bs. 946.444 millones para la ejecución de distintos proyectos en los estados Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Cojedes, Carabobo, Sucre, Nueva Esparta y Yaracuy, según informó la estatal Venezolana de Televisión a través de su portal web.

Joel García, abogado constitucional, expresó a Efecto Cocuyo que dichos candidatos incurren en delitos de corrupción, no solo por recibir dinero público, sino por ejercer funciones correspondientes a los Gobernadores y Alcaldes de las entidades federales.

Sin la menor traba, el mandatario nacional otorgó millardos de bolívares pertenecientes al Estado venezolano a nueve candidatos oficialistas a las regionales que, al encontrarse en campaña electoral y estar algunos fuera de cargos públicos, recibieron el dinero sin ninguna facultad legal que se los permita.

La decisión tomada por el jefe de Estado también contraviene lo establecido en las leyes del país. De acuerdo con el artículo 67 de la Constitución, está prohibido el “financiamiento de las asociaciones con fines políticos con fondos provenientes del Estado”.

Transparencia Venezuela, ONG orientada a combatir la corrupción en el país, emitió un comunicado enumerando distintos casos en los cuales distintos candidatos del oficialismo incurren en delitos electorales. “Héctor Rodríguez, candidato del Psuv por el estado Miranda, ofrece camiones de gas, un rubro muy escaso, que es monopolio del Estado; Víctor Clark candidato al estado Falcón, entregó cajas de comida subsidiadas (Clap) junto con altos funcionarios del Gobierno”, denuncia la organización.

A pesar de ello, el exalcalde de Puerto Cabello mostró y contó con orgullo el monto de 138.354.673.633,56 bolívares que recibió en su visita a la ciudad capital. “Me aprobaron los recursos que les dije que me iba a aprobar el Gobierno nacional, obviamente por instrucciones del Presidente de la República“, dijo.

Dichos proyectos no los han presentado como obras realizadas por los actuales Gobernadores, electos en 2012 o en ejercicio, sino por los propios candidatos del Psuv, aunque recursos tienen un destino específico, según comentó el presidente Maduro durante su intervención, para ser invertidos en la instalación de centros de salud, rehabilitación de escuelas, sistemas viales y eléctricos en el país.

Entre las irregularidades jurídicas que se muestran a descaro, está la del pasado 4 de octubre, que a través de la señal de Venezolana de Televisión, mostró al candidato chavista en el estado Falcón, Víctor Clark, acompañado del ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, haciendo entrega de distintas patrullas a los cuerpos de seguridad de la entidad federal. Horas más tarde, en el estado Trujillo, el candidato y actual gobernador Henry Rangel Silva inauguró una “base de misiones” en la parroquia Sabana de Mendoza, ubicada en el municipio Sucre.

Según el artículo 145 se especifica que “los funcionarios públicos y funcionarias públicas están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna”.

De los nueve candidatos que solicitaron recursos al jefe de Estado, seis vienen de ser Gobernadores (Ramón Carrizales, Argenis Chávez, Carlos Mata Figueroa, Julio León Heredia, Margaud Godoy y Edwin Rojas) y el restante (Aristóbulo Istúriz, Rafael Lacava y Rodolfo Marco Torres) viene del Gabinete Ministerial, de ser electos como constituyentes o de renunciar, en el caso del actual aspirante al Gobierno de Carabobo, a la alcaldía de Puerto Cabello.

Sin embargo, no todos oficializaron la separación de sus roles como Gobernadores. Según fuentes periodísticas consultadas en los estados, solo el candidato Argenis Chávez se separó del cargo de mandatario regional en Barinas y dejó encargado a su padre, Hugo de los Reyes.

Al ser consultados sobre esta situación, aseguran los periodistas, todos los candidatos, con excepción de Edwin Rojas (quien dice mantenerse como “Gobernador encargado”), evaden la respuesta o simplemente no responden.

Pero Lacava y Clark, además de ser candidatos en las elecciones regionales, han sido nombrados como la máxima autoridad de la Zona Económica Especial del estado Carabobo y Falcón respectivamente. “Si esos personajes ahorita están en cargos públicos, pasa a ser una manifestación evidente del uso de recursos del Estado para una campaña particular”, afirmó Del Pino. Además -agregó- “las personas que desempeñan un cargo público deben separarse del cargo para poder participar en elecciones”.