Venezuela es uno de los países con mayores tasas de homicidio en el mundo, la mayor parte de estos ataques se deben al uso de las armas de fuego. Muchas de las armas provienen del mercado ilegal, por parte de los particulares, y también provienen de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Actualmente, Venezuela está atravesando problemas económicos y una gran crisis política, a lo hay que sumar, la primera investigación por parte de la Corte Penal Internacional (CPI) en un país de Latinoamérica, iniciada a finales de 2021.
Durante el Gobierno de Nicolás Maduro, sucesor de Hugo Chávez, hubo muchas irregularidades, sobre todo en el año 2017, muy marcado por las protestas sociales, la escasez de comida o el aumento de la inflación, además, expertos hablan de supuestos crímenes de lesa humanidad. Asimismo, en 2015 tuvo lugar la creación de las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), integradas por varias organizaciones de seguridad del Estado y con el objetivo de detener a supuestos delincuentes dentro de los barrios más pobres del país. Esto representa el origen de la violencia y del incremento de la participación de las fuerzas de seguridad que hay hoy en día, aunque este descontento se viene dando desde el Caracazo de 1989. En numerosos informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han condenado todos los sucesos.
En 2018, Venezuela empezó a formar parte de la CPI, en ese mismo año, en noviembre, se inició un examen preliminar por parte del tribunal internacional para analizar la situación del país. En dicho informe, se determinó que los crímenes no estaban siendo investigados por la justicia de Venezuela. Por lo que, en 2021, se inició una investigación de manera formal, por parte de la CPI para estudiar los supuestos crímenes de lesa humanidad como las desapariciones forzosas o las ejecuciones extrajudiciales.
De acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario, las ejecuciones extrajudiciales son homicidios cometidos por parte de los funcionarios de un Estado, sin ningún respaldo judicial, también se le denomina extralegal. Por tanto, dichas ejecuciones suponen un caso de violación a los derechos humanos recogidos en el Estatuto de Roma. Entre 2016 y 2021, la ONG Cofavic, creada a raíz del Caracazo, manifestó que se produjeron un total de 9.211 casos extrajudiciales, por ello, las 27 ejecuciones extrajudiciales sucedidas en estos primeros 18 días de año han hecho saltar las alarmas. La ONG Cofavic ha creado un perfil de las víctimas, un 80% son individuos menores de 25 años, un 99% de los individuos pertenecen a sectores vulnerables de población y un 80% de los individuos han recibido alguna amenaza por haber denunciado la situación que están viviendo.
Las ejecuciones extrajudiciales están marcadas por un gran uso desproporcionado de la fuerza, además, de seguir patrones sistematizados, tal y como ha declarado la directora de Cofavic, Liliana Ortega. Se está poniendo en peligro el derecho a la vida y el derecho a la integridad en las zonas más pobres de Venezuela contra una determinada población mediante ataques sistematizados. Por ello, la mayoría de los delitos cometidos pueden ser considerados crímenes de lesa humanidad y todos los responsables deben de ser juzgados dentro del Derecho Internacional, pero, sobre todo, dentro del Derecho Internacional Humanitario.
Venezuela al haber ratificado el Estatuto de Roma, debe de cooperar con la CPI durante toda la investigación, la cual seguirá el principio de complementariedad, es decir, la investigación será efectiva si el país colabora con el tribunal internacional para hacer justicia a las víctimas y a los familiares de las víctimas, de esta manera se evitará caer en la impunidad. A parte de la intervención de la CPI y de la ONG Cofavic, la Organización de Naciones Unidas está muy presente en el territorio durante la realización de evaluaciones. De hecho, en septiembre del año pasado, el Ministerio Público de Venezuela declaró al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas haber abierto más de 4.000 investigaciones en relación con las ejecuciones extrajudiciales, donde se han detenido a 731 funcionarios y 118 de ellos han sido condenados.
A finales de 2021, el Observatorio Venezolano de Violencia publicó un informe donde reflejaron que al día se producen seis muertes ante aquellos que se resisten a la autoridad. Ante esto, el Observatorio Venezolano de Violencia y diferentes organizaciones civiles han alertado del aumento de muertes por resistencia a la autoridad y, por tanto, de las ejecuciones extrajudiciales.
Coordinador de América Latina: José Antonio Sierra.
