Los bochornosos hechos ocurridos en la Asamblea Nacional de Venezuela el 5 de enero pasado, frescos todavía en la memoria de la gente y tan llenos de una obviedad y de una desvergüenza que han quedado registradas en los medios internacionales, no son los primeros contra el poder legislativo desde que el chavismo llegó al poder hace ya veinte años, aunque si los más abiertamente provocados y ejecutados sin remilgo alguno, por el gobierno de turno; en este caso, por el gobierno de Nicolas Maduro.
En realidad, la toma del parlamento nacional venezolano por parte del chavismo se remonta al mismo momento en el cual Hugo Chávez gana las elecciones presidenciales a finales del año 1998 pero no logra una mayoría suficiente en el poder legislativo, entonces denominado Congreso Nacional, como para vencer una eventual coalición de los principales partidos de oposición Acción Democrática, Copei y Proyecto Venezuela.
La realidad es que Chávez no tuvo que esforzarse mucho ni elucubrar complejos estratagemas para hacerse, siete meses más tarde, en julio de 1999 y apenas comenzado su primer gobierno, con la sede de dicho órgano legislativo al arrollar con sus candidatos en los comicios efectuados para la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente que comenzó a funcionar en el mismo sitio. Un desplazamiento arbitrario del Congreso y de todos sus miembros, tanto senadores como diputados, que repentinamente se vieron impedidos de ejercer sus funciones. Primero por las turbas populares conocidas como círculos bolivarianos que les obstaculizaron la entrada al recinto del palacio legislativo y, más tarde, por el propio órgano constituyente que se arrogó las funciones legislativas propias de dicho Congreso, haciendo inservible la votación del pueblo venezolano al momento de elegir a sus representantes el 8 de noviembre de 1998, es decir, apenas nueves meses atrás y sin que la Constitución vigente hubiese sido reformada formalmente.
Como constancia de aquellos tiempos no tan lejanos abundan en los periódicos venezolanos y medios de la época, fotografías que recogen las imágenes de algunos congresistas vestidos de traje y de corbata huyendo del tropel que los perseguía, e incluso de algunos otros, con más agilidad física, tratando de saltar la verja puntiaguda del hasta entonces Congreso Nacional. Imágenes y vistas que fueron rememoradas por las más recientes del joven presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, en su atlética intentona de saltar dicha barrera metálica y las cuales le dieron la vuelta al mundo.
Pero, aunque todo se parece nada es igual y si lo del 5 de enero pasado tiene características de bodrio, luego de dos décadas, lo de agosto de 1999 luce como un hecho revolucionario en medio de la marea constituyentista de entonces, protagonizado por el pueblo, el nuevo pueblo, más que como una agresión al margen de la ley al viejo régimen institucional representado por Acción Democrática y Copei, fundamentalmente.
Después, vendría la nueva Constitución, la actual, con una Asamblea Nacional de una sola cámara en la cual por diferentes motivos y circunstancias políticas la oposición estuvo en minoría e incluso ausente como ocurrió en el periodo 2006-2010, hasta llegar al año 2015 cuando por primera vez, con la mayor votación de la historia, obtuvo 112 escaños, lo que significaba una mayoría calificada para efectos constitucionales. Fue precisamente este hecho politico lo que desencadenó toda la serie de torpezas y burdas manipulaciones de la letra constitucional por parte del gobierno, utilizando al poder judicial a través del Tribunal Supremo de Justicia para invalidar algunos diputados, desconociendo primeramente los resultados electorales en sus respectivos estados y posteriormente declarando, absurdamente, al poder legislativo en desacato frente al incumplimiento decisiones anteriores que claramente eran ilegales y afectaban el libre funcionamiento del parlamento venezolano.
Han sido los últimos cuatro, años constantes de asedio a la Asamblea Nacional y a sus integrantes, en los cuales hasta se eligió inconstitucionalmente, pues no se siguió el procedimiento pautado en la carta magna venezolana, una asamblea nacional constituyente, una vez más remedando a Chávez, igualmente encargada de usurpar la actividad legislativa de la Asamblea Nacional con el propósito de desconocer y de terminar de anular en la práctica su funcionamiento. La última de estas tretas o patrañas de chabacanería política ha sido la del sainete perpetrado que, no interpretado, por la media docena de diputados que han aparecido en los medios auto proclamándose como autoridades legítimas y miembros de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional este pasado 5 de enero.
En un país como Venezuela con una dualidad irregular de presidentes, poderes y organismos públicos todos de facto, sin duda se hace difícil hallar algún brote democrático en medio de tanto pantano. Pero seguros estamos de que, si queda algo de institucionalidad en la estructura actual del estado venezolano o de representatividad y legitimidad en alguno de sus poderes públicos, debemos de buscarlo en lo que todavía permanece en pie del poder legislativo venezolano y que, obviamente, es mucho más que las cuatro paredes de donde lo han pretendido sacar históricamente sin éxito.
José Luis Méndez La Fuente. Abogado Constitucionalista y Analista Político / e-mail: xlmlf1@gmail.com
