Si hay una referencia constante y permanente en el tiempo, durante todos estos años de chavismo representativa de la iniquidad y ruindad de un régimen político, el caso de los comisarios Forero, Vivas y Simonovis, como se le conoce en la prensa nacional e internacional, es sin lugar a dudas, la mas internacional de todas. Icónico, simbólico, o como se le quiera calificar, lo cierto es que el caso, con esos tres nombres ha cubierto mas centimetraje en las noticias que cualquier otro, incluido el de RCTV y aun el de la juez María Lourdes Afiuni. Y no es para menos, pues ha abarcado entre la parte inquisitiva, judicial y carcelaria buena parte de la primera década de este siglo veintiuno en ciernes, así como todo lo que va de la segunda, no obstante habérsele dado medidas de libertad condicional a Vivas y Forero entre los años 2011 y 2012, dado el delicado estado de salud de ambos, como consecuencia de las pésimas condiciones carcelarias en la cuales se encontraban desde hacía años.
Una papa caliente para el régimen, si se quiere, que Chávez cocinó con la servil ayuda de sus fieles lacayos de entonces al frente de la Fiscalía General de la República y de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia. La titular de la primera, hoy en día en el exilio, convertida en opositora después de arremeter contra el gobierno de Maduro y, el segundo, en similar circunstancia en Centroamérica desde donde envió la vergonzosa carta de abril del 2012 confesando que Chávez fue quien ordenó meter presos a los tres comisarios y darles una condena de treinta años a cada uno.
Pero de dentro de esta tragedia, lo más irónico de todo vino a ser que se trataba de un ajuste de cuentas entre chavistas, en el que el gobierno de Miraflores le estaba pasando factura al de la Alcaldía Mayor de Caracas, desde donde Alfredo Peña, el corregidor, exsecretario de la presidencia y el constituyente de 1999 mas votado, venía teniendo, cada vez más, fuertes discrepancias con el presidente-comandante. Entre otras razones por el papel que él creía debía cumplir la Policía Metropolitana, para lo cual Peña deseaba modernizar dicho cuerpo mediante el Plan Bratton; estar en desacuerdo con la militarización de la ciudad y, en definitiva, la falta de políticas del gobierno nacional para combatir el hampa. De modo que fue la Policía Metropolitana, después de los sucesos del 11 de abril del 2002, la que pagó los platos rotos y la ocasión que se le presentó a Chávez para tomar venganza. Lamentablemente, no fue el organismo policial el único en sufrir las consecuencias de aquella refriega interna, sino tres seres humanos que para ese momento, tenían rango, uno de Jefe de Seguridad ciudadana de dicha alcaldía, Ivan Simonovis, y los otros dos, Lázaro Forero y Henry Vivas, de Comisarios. Como se recordará, Peña se marchó al exilio, diciendo que regresaría cuando el estado de derecho retornase igualmente a Venezuela, siendo posteriormente, acusado por el gobierno de Chávez, de cargos de corrupción y enjuiciado.
Por eso, una tarea necesaria cuando cese la usurpación chavista, va a ser la de desmontar todo el discurso de Chávez y contarle a los venezolanos, al pueblo, a la gente, la verdadera historia de estos últimos veinte años. No será fácil de acometer, pues Chávez fue un gran narrador de cuentos, de historietas, a un país que le gustaban las telenovelas y al que cautivó a través de la suya propia, “Aló Presidente”, en la cual él fue el gran protagonista.
En una entrevista realizada a finales del año pasado para la prensa internacional, la esposa y abogada de Iván Simonovis, afirmó que en el caso de los comisarios aún no se había hecho justicia después de dieciséis años. Hoy, cuando ya es un hecho cierto que Simonovich ha recuperado la libertad fuera de Venezuela, estamos seguros de que a la misma pregunta, la respuesta de Bony Pertiñez de Simonovis hubiese sido la misma; pues aun libre y lejos de sus cancerberos, la justicia es algo más que eso. Es ser tratado por sus captores, en este caso el estado venezolano, como persona, con respeto, durante todo el tiempo de la reclusión. Es, por supuesto, derecho a defenderse, a ser enjuiciado dentro de la ley; a tener una sentencia dictada por jueces independientes y no por serviles vasallos de un autócrata. Pero, sobre todo, significa tener derecho a que se diga la verdad, a escucharla, y a que todos la sepan. Único modo de recuperar la dignidad, la autoestima y el respeto a si mismo. Y esto último, al igual que Simonovis, lo están esperando también, todos los venezolanos.
José Luis Méndez La Fuente. Abogado Constitucionalista y Analista Político / e-mail: xlmlf1@gmail.com
