El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio declaró culpable de los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales al presidente Nicolás Maduro y lo sentenció a 18 años y tres meses de cárcel, pena que deberá cumplir en la prisión de Ramo Verde, en Venezuela.
El fallo aprobado por los magistrados en la ciudad de Bogotá, Colombia, este miércoles 15 de agosto, establece que:
1.- Por el delito de corrupción propia Nicolás Maduro deberá pagar una multa de 25 millones de dólares.
2.-Por el delito de legitimación de capitales deberá resarcir a la República 35 mil millones de dólares.
3.- Se declara su inhabilitación política por el tiempo que dure la pena.
4.- Se insta al Ministerio Público a realizar las investigaciones de los contralores de la Repúblicaque se desempeñaron en el cargo desde 2011 y que puedan estar implicados en los delitos imputados al mandatario venezolano.
5.- Se insta al Ministerio Público a realizar investigaciones contra personas naturales y jurídicasque puedan estar vinculadas en la comisión de los hechos punibles determinados en el fallo.
6.- Se ratifica a los ministerios públicos y sistemas judiciales que, con base a las pruebaspresentadas, se activen los mecanismos de justicia internacional trasnacionales para ejercer las acciones que ella permita.
7.- Se acuerda librar nueva orden de captura a Interpol esta vez con motivo de una sentencia de privativa de libertad sentenciada por este tribunal.
8.- Se ratifica el vacío institucional que existe en el Poder Ejecutivo en Venezuela.
9.- Se ordena notificar a organizaciones internacionales como la Organización de Estados Americanos, la Organización de Naciones Unidas, el Mercosur, la comunidad andina, la Unión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, la Corporación Andina de Fomento “porque Maduro está detentando ilegalmente la presidencia de Venezuela y, en consecuencia, los contratos que suscriba no serán legítimos”.
El presidente Nicolás Maduro desconoce las decisiones de este TSJ en el exilio, pues señala que los magistrados fueron designados por el Poder Legislativo que está en desacato al Poder Judicial instalado en Venezuela.
Organizaciones no gubernamentales como Acceso a la Justicia, cuestionan la conformación de este tribunal porque argumenta que la Asamblea Nacional solo designó a los sustitutos de los llamados “magistrados exprés” y no a un nuevo Tribunal Supremo de Justicia.
