La decisión del Departamento de Justicia de cerrar toda posibilidad de asilo a las víctimas de violencia doméstica radicaliza aún más la política migratoria de la Administración Trump y estados como Nueva York, barajan las opciones que tienen para amparar a los inmigrantes.

Al menos eso lo dejó claro el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, quien junto otros prominentes funcionarios electos y defensores de inmigrantes a través del estado, criticaron radicalmente la nueva medida

“Es inconcebible que la Administración del presidente Donald Trump quiera cerrar las puertas a las víctimas de violencia doméstica. Estamos revisando la decisión y exploraremos todas las opciones para proteger a las víctimas de violencia doméstica”, afirmó Cuomo, quien antes fue fiscal general de Nueva York.

El Departamento de Justicia reveló el lunes que los inmigrantes víctimas de violencia doméstica o de pandillas “no serán elegibles para el asilo”, luego de que el fiscal general, Jeff Sessions, anunciara que reforzará las exigencias de la ley para otorgar ese beneficio.

“Está claro que esta Administración ha olvidado qué hace grande a nuestro país. Pero en Nueva York recordamos las palabras grabadas en la Estatua de la Libertad que dan la bienvenida a aquellos que ‘anhelan respirar libremente’ y siempre estaremos como un faro de esperanza y oportunidades para todos”, agregó el gobernador.

La senadora demócrata neoyorquina Kirsten Gillibrand condenó a través de twitter el anuncio del Departamento de Justicia: “El negar el asilo a las víctimas de violencia doméstica que huyen de sus abusadores, le costará la vida a las mujeres. Muestra lo poco que esta administración se preocupa por las personas que sufren. Este es un ataque a nuestros valores más fundamentales”.

La Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC) advirtió que la decisión del departamento de Justicia aplica incorrectamente el estándar legal establecido y la eleva al nivel de la persecución.

“El Fiscal General está volviendo a victimizar a las personas que huyen de la violencia sexual y doméstica cuestionando aún más sus reclamos. Como principal funcionario encargado de hacer cumplir la ley en el país, debería preocuparse más por poner fin a la violencia contra las mujeres que por criminalizar a las víctimas”, dijo  Steven Choi, director ejecutivo de la NYIC.

Natalia Aristizabal, directora del área organizativa de Make the Road New York observó que Jeff Sessions está usando su poder como Fiscal General para atacar aún más a las comunidades inmigrantes.

“Esta nueva política pública ataca a inmigrantes cuyas vidas ya han estado llenas de trauma y violencia y buscan alivio en los Estados Unidos. Denunciamos las acciones de Sessions y nos comprometemos a continuar luchando por el respeto y la dignidad que todos los inmigrantes merecen. Aquí estamos y no nos vamos”, dijo Aristizabal.

El congresista Joe Crowley que preside Caucus Demócrata de la Cámara de Representantes dijo que la disposición del Departamento de Justicia pondrá en peligro a personas vulnerables que huyen de la violencia severa.

“Cerrarle las puertas a inocentes que buscan seguridad va en contra de todo lo que nuestro país representa y cualquier republicano que no condene fuertemente esta asquerosa política, no tendrá credibilidad si alguna vez más dicen apoyar a las familias, mujeres y niños”, criticó Crowley.

Crowley representa al Distrito 14 que comprende partes de Queens y El Bronx agregó que el Fiscal General y la Administración Trump, no se detendrán ante nada para demonizar a los inmigrantes y aterrorizar a quienes vienen en busca de refugio.

“La política de “tolerancia cero” del presidente Trump, no solo ha resultado en niños literalmente arrancados de los brazos de sus padres, sino que ahora el Fiscal General está tratando de eliminar el refugio para aquellos que huyen de las pandillas y la violencia doméstica”,  dijo de su parte la congresista Nydia M. Velázquez.

Velázquez que representa al Distrito 7 de Nueva York, que abarca segmentos de Brooklyn, el Bajo Manhattan y Queens, calificó la medida como “vergonzosa” e instó,  “a trabajar para revertir este cambio inmoral de la política por todos los medios posibles, incluso legislativamente en los pasillos del Congreso y en los Tribunales”.

Entre tanto Liz Roberts directora general de la organización Safe Horizons declaró estar, “profundamente preocupada y decepcionada”.

“La decisión del Fiscal General revierte años de jurisprudencia y vuelve a poner trágicamente en peligro a sobrevivientes de violencia doméstica. Queremos que los inmigrantes víctimas de violencia sepan que estamos junto a ellos hoy y siempre”, dijo Roberts.

En iguales términos se refirió Anne Pilsbury, directora de organización Asistencia Legal Centroamericana.

“Esta decisión no es una gran sorpresa, dada la hostilidad del Fiscal General hacia los inmigrantes en general. Esta es la misma Administración que piensa que es correcto separar a los padres de sus hijos pequeños en la frontera”, fustigó  Pilsbury.

En una declaración conjunta los congresistas demócratas Jerrold Nadler y Zoe Lofgren, representantes de Nueva York y California, respectivamente, condenaron la decisión de la Administración Trump.

“La decisión pone a las autoridades de inmigración del lado de los abusadores domésticos. En otro paso más de esta Administración para desmantelar las protecciones de asilo de Estados Unidos, esta decisión socava las protecciones para las víctimas de violencia doméstica y elimina una de las pocas oportunidades de refugio disponibles para ellos”, destacó la declaración.

Nadler es miembro del Comité Judicial y Lofgren de la Subcomisión de Inmigración y Clasificación de Seguridad Fronteriza de la Cámara.