José Luis Méndez La Fuente

Cuatro meses antes de ser asesinada en diciembre del 2007, Benazir Bhutto manifestó su preocupación por la aparición de estructuras de estado paralelas en Pakistán, expresando lo siguiente: “no podemos permitir ejércitos paralelos, milicias paralelas, leyes paralelas y estructuras gubernamentales paralelas”. Su advertencia, válida no solo para su país, sino para cualquier otro, llegaba sin embargo un poco tarde para el mundo y, por ende, para América Latina.

Desde que a la presidencia de Benito Juárez los factores de poder, de aquel entonces, trataron de imponerle a Maximiliano como emperador, llegando México a tener dos gobiernos al mismo tiempo durante cuatro años, nuestros países no han dejado de tener sinonimias políticas. Más recientemente, las estructuras de poder paralelas han estado presentes en el Perú de Fujimori y Montesinos, la Guatemala de las últimas tres décadas, o la Venezuela socialista del siglo XXI, por solo mencionar algunos ejemplos relevantes y actuales. En este  último caso, el Estado venezolano pareciera encontrarse en una especie de dimensión contigua de la que tenemos una doble imagen, una real y otra ficticia.

Fue a partir de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, que las instituciones políticas, sociales y económicas empezaron a  desdoblarse y a  clonarse.  Aunque el  Congreso de la República contaba con nuevos miembros recién electos en diciembre de 1998, la nueva ANC se encargó de hacer las leyes, dejando a un lado al Poder Legislativo legítimo. Después de la Constituyente, el denominado “Congresillo”, designado por aquella, continuó legislando durante varios meses, no obstante que la nueva Constitución acababa de ser promulgada y exigía un poder legislativo electo por sufragio. Diecisiete años más  tarde, Maduro hizo lo mismo que Chávez, utilizando nuevamente, de manera espuria, la figura de la Asamblea Constituyente, para legislar a su antojo, pasándole por encima  a la Asamblea Nacional elegida por el pueblo, en el 2015, para ese fin.

Lo mismo ha sucedido con entidades como la Alcaldía Mayor de Caracas o la Gobernación  del Estado Miranda, a las cuales el oficialismo les creó  estructuras paralelas tales como el Gobierno del Distrito Capital, o el curioso “protectorado del Estado Miranda”, no contemplados en la legislación venezolana, así como las Corporaciones Regionales, con  ingentes recursos económicos, y competencias que solapan o chocan con las de los alcaldes o gobernadores de la oposición, electos por el pueblo, en las entidades territoriales abarcadas por dichas Corporaciones. Otro ejemplo de esto último lo tenemos en la Autoridad Única del Área de Valencia, inexistente en la ley, máxime cuando el Estado Carabobo tiene un Gobernador, creada por Nicolás Maduro con el único propósito de quitarle competencias a la Alcaldía de Valencia, cuando estaba en manos de la oposición.

En materia financiera, el  uso de PDVSA como caja chica del gobierno primero, luego como tesorería y después como principal proveedor de divisas, sin pasar por el Banco Central, la convirtió en un ente de provisión de fondos y apalancamiento de operaciones  clandestinas nacionales  e internacionales, paralelo al Ministerio de Finanzas y al propio Banco Central. PDVSA también se ha utilizado como una estructura de procura y a comercialización de alimentos, cemento y hasta de política exterior basada en el regalo de nuestros hidrocarburos. Y así pudiéramos continuar con el sistema económico paralelo de trueque, del que Chávez habló hasta el cansancio o el de las barajitas, propuestos hace años para sustituir al sistema monetario y que ahora se presentan en forma de billeticos parecidos a los del conocido juego del Monopolio, con el nombre de “Panales” o también bajo forma  de moneda virtual como “Petros”. Ello sin contar que el “Elorza” o el “Caribe” también andan sonando, por ahí, como alternativas simultaneas del bolívar.

En el ámbito político-administrativo, la nueva geometría del poder, pero que ya hoy es vieja, aquella  rechazada en diciembre del 2007 con el voto popular, se revivió con la aparición del régimen comunal cuya principal entidad, las Juntas Comunales, aparecen ya contenidas en varias leyes donde fueron introducidas solapadamente, a pesar de que tanto la Constitución Bolivariana, como la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, no las contemplan en su texto. Todo ello con el objeto de crear una estructura paralela al Estado burgués, a las Juntas Parroquiales y a los Municipios, los cuales si están expresamente consagrados en la Constitución.

El ejército paralelo es, igualmente, una realidad en la Venezuela actual. Las llamadas reservas, creadas hace un tiempo, pasaron con la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana,  a ser milicias bolivarianas bajo el mando del Jefe del Estado. Que decir de los círculos bolivarianos y de los colectivos armados.

El paralelismo, por lo demás, ha contagiado a la oposición, que cuenta ahora con una Fiscal General y un  Tribunal Supremo, ambos  en el destierro, que actúan a la par de  los organismos existentes en territorio venezolano. Y hasta podríamos tener, dentro de poco, como ya lo adelantamos, un presidente paralelo si Maduro pierde la elección de Mayo, o aún mejor, un gobierno verdaderamente paralelo, si ese presidente electo al que le faltarían siete meses para entrar en funciones, opta, de inmediato, por reconocer a la Asamblea Nacional opositora y a alguno de los poderes en el exilio. Pero esto último es más un deseo que otra cosa y, por eso, no creemos que se cumpla.

@xlmlf

José Luis Méndez La Fuente.  Abogado Constitucionalista y Analista Político / e-mail: xlmlf1@gmail.com