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Ecuador, Colombia y Perú, los países de la Comunidad Andina (CAN) que reciben un masivo flujo migratorio de venezolanos, ratificaron que mantendrán su política de puertas abiertas a los ciudadanos del país y pidieron que se fortalezca la cooperación internacional para atender este fenómeno.
“Los Estados miembros de la CAN ratifican su compromiso de respeto de los derechos humanos de los migrantes, en especial de los ciudadanos venezolanos, en el marco de las convenciones internacionales, la normativa comunitaria y su normativa interna”, remarcó un comunicado emitido en Lima, informó Efe.
El pronunciamiento fue leído por el director general de la CAN, José Arróspide, al final de un encuentro extraordinario del Comité Andino de Autoridades de Migración, en el que participaron representantes de los tres países y de Bolivia.
Arróspide aseguró, al respecto, que Bolivia no firmó el documento porque no es un país que reciba un flujo migratorio numeroso de venezolanos, pero dijo que sus representantes intervinieron “muy activamente” en el encuentro.
En el comunicado, Colombia, Ecuador y Perú reafirmaron “el carácter humanitario de esta crisis migratoria” venezolana y se comprometieron a “fortalecer campañas y medidas de sensibilización de la población local y nacional sobre la llegada de migrantes”.
Además, señalaron que fortalecerán los mecanismos de control y asistencia en los pasos fronterizos y solicitarán al Gobierno de Venezuela que “facilite el otorgamiento de documentos de identidad, filiación y de viaje para sus nacionales migrantes”.
Los tres países acordaron, asimismo, mejorar su coordinación “para canalizar y aumentar la cooperación internacional que permita atender eficazmente esta crisis migratoria”, con el objetivo de que continúe “brindando su apoyo de una manera coordinada y ordenada en la región andina en su conjunto”.
Entre las instituciones mencionadas estuvo el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Cruz Roja Internacional.
Los países andinos acordaron, además, coordinar con la cooperación internacional, en particular con la OIM y la Acnur, “para el financiamiento en el traslado y reasentamiento de los migrantes en Estados no comunitarios”.
“Hemos conversado del tema de la ayuda internacional y la necesidad de que sea manejada de una manera eficiente”, comentó al respecto el subsecretario de Servicios Migratorios y Consulares de Perú, Enrique Bustamante, quien reiteró que los países de la CAN no van a cerrar sus fronteras al flujo migratorio venezolano.
Bustamante sostuvo que los países de la CAN están “convencidos de que la migración suma, ayuda al desarrollo y a mejorar la integración en la región”, aunque reconoció que el arribo masivo de venezolanos “desborda la capacidad de los Estados” receptores.
“Esta condición obliga al compromiso de la cooperación internacional” dijo antes de remarcar que esta “está funcionando”, pero ahora se busca “poder articular para canalizarla lo mejor posible”, con el objetivo de que ayude a los migrantes y a los Estados que no estaban “preparados para hacerlo”.
El viceministro de Movilidad Humana de Ecuador, Santiago Chávez, agregó, por su parte, que su país tiene una “Constitución garantista de derechos”, por lo que su Gobierno ha actuado “con mucha responsabilidad” en este tema.
“Este es un problema regional, no de un país”, comentó.
En el encuentro del Comité Andino de Autoridades de Migración, convocado por Perú en su condición de presidente pro témpore de la CAN, también participaron el director general de Asuntos Consulares de Bolivia, Germán Guaygua; la embajadora de Colombia en Perú, Mónica Lanzetta, y el ministro plenipotenciario de la misma embajada, Enrique Ayala.
Colombia, con un millón de inmigrantes, y Perú, con unos 430 mil, son los dos países que más venezolanos han recibido desde que comenzó un éxodo cuantificado por la ONU en 2,3 millones de personas que han abandonado Venezuela desde 2014 por la crisis económica y humanitaria que afronta el país.
