La oficina de la Fiscalía, liderada por la jurista Fatou Bensouda, dio a conocer este miércoles su informe anual sobre los exámenes preliminares abiertos en nueve países, publicado tras la primera jornada de la Asamblea de Estados Parte de la CPI, celebrada este miércoles en La Haya.

Respecto a la situación en Venezuela, Bensouda explicó que sigue recibiendo información por diferentes fuentes sobre supuestos crímenes de lesa humanidad, y que el examen preliminar abierto en febrero tiene como objetivo «formular conclusiones en un período de tiempo razonable».

Dicha aclaración se produce después de que la fiscal haya recibido críticas de sectores de la oposición venezolana por no haber iniciado una investigación plena sobre el país caribeño, paso posterior al examen preliminar ya abierto.

En el informe se constata que «se ha alegado que las fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia emplearon fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones» durante las protestas de abril de 2017 contra el régimen del dictador venezolano, Nicolás Maduro.

El informe añade que, supuestamente, «se ha detenido y encarcelado a miles de civiles, algunos de los cuales fueron presuntamente sometidos a graves abusos y maltratos durante su detención».

Por otro lado, el documento especifica que la Fiscalía ha recibido información sobre «algunos grupos de manifestantes» que «recurrieron a medios violentos, lo que provocó que algunos miembros de las fuerzas de seguridad resultaran heridos o muertos».

La Fiscalía señaló que también tiene bajo su escrutinio la colaboración entre autoridades y «civiles armados pro gobierno, incluyendo los grupos denominados ‘colectivos’, que también perpetraron presuntamente una serie de actos violentos contra manifestantes, miembros de la oposición -reales o percibidos como tales- y activistas, funcionarios elegidos y estudiantes».

El otro país de la región que está bajo un examen preliminar es Colombia, que ha creado la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un organismo de justicia creado para juzgar crímenes cometidos en el marco del conflicto armado entre la guerrilla de las FARC-EP, paramilitares y el Ejército.

Bensouda expresó este miércoles «sus preocupaciones» por una serie de cambios introducidos en la JEP recientemente y aprobados por la Corte Constitucional de este país, pues «podría interpretarse» con el sentido de «restringir el concepto de responsabilidad del mando en contraposición al derecho internacional consuetudinario».

«Quedará en manos de los magistrados de la JEP interpretar la legislación nacional correspondiente, y en particular la definición de responsabilidad del mando», añadió la fiscal de La Haya.

No obstante, la Fiscalía de la CPI valoró «positivamente» que la JEP esté en «pleno funcionamiento» y constató que desde noviembre de 2017 «las autoridades colombianas han llevado adelante varios procedimientos nacionales de relevancia».

Estos enjuiciamientos incluyen «falsos positivos» – homicidios de civiles cometidos por las fuerzas públicas para que pareciesen miembros de la guerrilla-, delitos sexuales y de género, y desplazamientos forzosos.

En informes anteriores, la Fiscalía de la CPI había identificado cinco casos potenciales de «falsos positivos», pero el dossier publicado este miércoles aseguró que «las autoridades colombianas están llevando a cabo varios procedimientos» relacionados con los mismos.

Bensouda también constató las condenas a 29 paramilitares durante el último año y las imputaciones a otros 341 por haber provocado desplazamientos forzosos de civiles.

Respecto a los supuestos crímenes sexuales, la fiscal celebró las condenas contra tres líderes paramilitares y los procesos iniciados contra otros paramilitares, miembros de las FARC-EP y del Ejército.

La fiscal también tomó nota de las investigaciones abiertas contra empresarios que supuestamente patrocinaron a grupos paramilitares.

Tanto las autoridades colombianas como las venezolanas informan con frecuencia a la Fiscalía de la CPI sobre los procesos legales que llevan en sus países respecto a los supuestos crímenes señalados en los exámenes preliminares.

La CPI se rige por el principio de complementariedad, es decir, sólo intervendría en caso de que las autoridades judiciales nacionales no lleven a cabo indagaciones genuinas sobre los hechos investigados.