Según el informe del Post, el problema surge de una afirmación del Gobierno de que desde la década de 1950 hasta la década de 1990, parteras y médicos que trabajan en la frontera emitieron certificados de nacimiento estadounidenses para bebés nacidos en México, algo que algunas parteras admitieron ante cortes.

El Departamento de Estado, dijo el Post, niega a cambiar su «política o práctica con respecto a la adjudicación de las solicitudes de pasaportes». La agencia también dijo que la región fronteriza «resulta ser un área del país donde ha habido una incidencia significativa de fraude de ciudadanía».

Pero los abogados de inmigración y los casos identificados por el Post sugieren un cambio «dramático» en los pasaportes emitidos y cómo se aplican las leyes de inmigración.

Aunque el escrutinio de los casos de ciudadanía de estos individuos comenzó durante la administración de George W. Bush y continuó en la administración de Barack Obama, las negaciones del pasaporte llegaron a su fin en general después de un acuerdo con la Unión Estadounidense de Libertades Civiles. Pero las negaciones han visto un repunte dramático desde el comienzo de la administración Donald Trump, dijeron los abogados de inmigración al Post.

La evidencia que el Gobierno Federal ha solicitado para probar la ciudadanía a menudo es oscura. Un individuo afectado llamado Juan, un exsoldado, le dijo al Post que algunos de los documentos solicitados por el Departamento de Estado incluían «evidencia del cuidado prenatal de su madre, su certificado de bautismo, (o) contratos de alquiler desde que era bebé». Una vez que Juan proporcionó parte de la documentación, aún así se le negó el pasaporte.

Algunas de las personas afectadas están demandando al Gobierno sobre el asunto. Según el Post, generalmente ganan esos casos.

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