La Corte Suprema de Justicia de Guatemala decidió hoy (ayer) tramitar la solicitud de desafuero contra el presidente del país, Jimmy Morales, por la posible comisión de un delito de financiación electoral ilícita.
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El pleno de magistrados del Supremo conoció y dio trámite a la petición de antejuicio, por lo que el expediente debe ser ahora remitido al Congreso, que debe analizar y votar la solicitud, informó a Efe una fuente conocedora de la decisión.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG) y la Fiscalía presentaron el 10 de agosto una solicitud para desaforar a Morales por la comisión de un posible delito de financiación electoral ilícita durante la campaña que lo llevó al poder en 2015.
De acuerdo con la investigación, Morales, en su calidad de secretario general del Partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), recibió en 2015 contribuciones de forma anómala y no las registró en los libros contables de la organización política, un caso por el que varios de los grandes empresarios del país admitieron su responsabilidad.
El dinero fue utilizado para pagar a los fiscales de mesa en la primera y segunda vueltas de las elecciones, después de que Morales asegurara durante la campaña que no quería recibir contribuciones privadas para distanciarse de los partidos tradicionales.
Pero además los investigadores encontraron que se utilizó dinero del que no se dio cuenta al Tribunal Supremo Electoral para el pago de octavillas y calendarios de bolsillo de FCN-Nación por medio de «financiamiento electoral ilícito».
También hay más de 350.000 quetzales (casi 47.000 dólares) recibidos de la «Fundación G», del empresario ya implicado Salvador Paiz, y no declarados, que se utilizaron para capacitar a los entonces candidatos del partido, el ahora presidente Morales y el vicepresidente, Jafeth Cabrera.
«De acuerdo con la investigación preliminar de la Fiscalía contra Delitos Electorales, la suma de financiamiento anónimo asciende a un total de 7.920.375 quetzales (más de un millón de dólares) no reportados al Tribunal Supremo Electoral», explicó la fiscal, María Consuelo Porras.
Esta solicitud de antejuicio, la tercera que se presenta contra el presidente guatemalteco por el mismo delito, debe ser ahora conocida por el pleno, donde se deberá formar una comisión pesquisidora de cinco diputados, elegidos al azar, que deberá presentar un informe en el que recomiende o no retirar la inmunidad.
Luego en el pleno debe lograrse al menos 105 de los 158 votos posibles tanto para poder iniciar una investigación contra el presidente como para desestimarla.
Sin embargo, es muy complicado que se le quite el fuero al mandatario debido a las alianzas del oficialismo en el Parlamento y a que el vicepresidente del Congreso, Felipe Alejos -contra quien también hay una petición de desafuero por un caso de corrupción-, ya anunció el viernes que hará todo lo posible para evitar que otro «intento de golpe» contra Morales avance.
El pleno del Supremo también decidió dar trámite este miércoles a la solicitud de desafuero en contra de la diputada opositora y jefa del grupo parlamentario de Encuentro por Guatemala, Nineth Montenegro, por el mismo delito.
Pero el expediente de la parlamentaria, según la ley, sigue un camino distinto y ahora debe ser un juez el que realice el informe para recomendar o no que pueda ser investigada. EFE
