El Tribunal Constitucional de Perú decide este jueves si admite o no una demanda contra el cierre del Congreso decretado por el presidente Martín Vizcarra, en un nuevo episodio de una crisis política que levanta nubarrones sobre la economía.
Los siete magistrados del tribunal deben pronunciarse sobre la demanda y dirimir asimismo si procede o no una medida cautelar solicitada por el jefe del disuelto Congreso, el opositor Pedro Olaechea, de suspender la disolución decretada el 30 de septiembre
Fuente: https://www.france24.com
La corte debe «analizar y debatir la demanda de competencia promovida por el Congreso contra el poder ejecutivo sobre la disolución», explicó su presidente, Ernesto Blume, al convocar a esta audiencia que tiene en vilo a la clase política peruana.
El diario El Comercio afirmó que Blume está a favor de admitir la demanda, pero la decisión debe ser tomada por el pleno de magistrados.
El cierre del Congreso fue aplaudido por nueve de cada diez peruanos y llevó la popularidad de Vizcarra al récord de 79%, según encuestas. Miles de ciudadanos celebraron la decisión en las calles, y nadie salió a protestar contra ella.
Sin embargo, la medida fue tildada de «golpe de Estado» por la oposición aglutinada en torno al «fujiaprismo», los partidos de la encarcelada Keiko Fujimori, hija del condenado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), y del difunto exmandatario Alan García.
Tras disolver el Congreso, Vizcarra convocó a comicios legislativos para el próximo 26 de enero, pero a la oposición no le acomoda ir a las urnas en momentos de gran desprestigio.
Desde la disolución continúa en funciones una Comisión Permanente con facultades restringidas de 27 miembros, 21 de ellos opositores. La preside Olaechea, quien pidió la intervención de la alta corte la semana pasada.
Los choques de poderes empezaron en 2016 cuando Pedro Pablo Kuczynski asumió la presidencia tras vencer en balotaje a Keiko. No obstante, el fujimorismo ganó una amplia mayoría parlamentaria y arrinconó al mandatario hasta forzarlo a renunciar en 2018.
Simultáneamente, fueron avanzando las indagaciones de la fiscalía por el escándalo de la constructora brasileña Odebrecht, que salpica a cuatro expresidentes, además de Keiko.
El expresidente Kuczynski está con arresto domiciliario, mientras Alejandro Toledo (2001-200&) está preso en Estados Unidos en virtud de un pedido de extradición y Alan García (1985-1990 y 2006-2011) se suicidó en abril para no ser detenido. Ollanta Humala (2011-2014) está libre tras pasar nueve meses en la cárcel con su esposa Nadine.
– «La Casa de Pilatos» –
Tras el cierre del Congreso, la oposición pidió que interviniera la Organización de Estados Americanos (OEA), pero ésta se lavó las manos y sugirió que la controversia la dirimiera el Tribunal Constitucional.
Irónicamente la audiencia se realizará en la sede del tribunal, una casona colonial conocida como la «Casa de Pilatos».
Si la demanda es admitida, la corte iniciará un debate que se puede prolongar por tres o cuatro meses, según especialistas, para decidir si Vizcarra actuó conforme a la carta magna o si la infringió y se convirtió en «dictador», como alega la oposición.
La situación es compleja pues si la corte restituye al disuelto Congreso, la crisis política podría profundizarse con graves repercusiones para la economía, que ya siente los efectos del choque de poderes y los escándalos, según la agencia clasificadora de riesgo Moody’s.
«La economía ha sido un rehén de los políticos» peruanos, dijo Elmer Cuba, encargado de macroeconomía peruana de Moody’s el miércoles en una conferencia en Lima, destacando que desde hace dos años -cuando estalló el escándalo Odebrecht y se agudizó la pugna política- la economía de Perú crece dos puntos menos que el promedio mundial, en contraste con años anteriores.
«Nos asustamos mucho cuando se cerró el Congreso», pero «los inversionistas extranjeros ya se acostumbraron a este ruido», declaró por su lado Jaime Reusche,
responsable de Perú en Moody’s.
Otra ironía de la crisis es que el hecho que llevó a Vizcarra a cerrar el Congreso fue una controversia con el Congreso sobre el sistema de designación de nuevos magistrados del Tribunal Constitucional.
La corte debe dirimir además si acepta como miembro a un abogado elegido por el Congreso minutos antes de su disolución, en una cuestionada votación.
