La regla federal que les niega ‘la tarjeta verde’ a los usuarios de beneficios públicos, y la cual entra en vigor en octubre, afectará a la economía del país negativamente, aseguran expertos mientras las demandas empiezan a llegar a las cortes.
New American Economy (NAE), un grupo de defensa bipartidista centrado en la reforma migratoria, analizó los últimos datos del censo para comprender con precisión qué clases de inmigrantes se verán afectados, incluyendo principalmente a los inmigrantes que trabajan a menudo en industrias clave, y muchos de los cuales tienen al menos algo de educación universitaria.
Colectivamente, los inmigrantes potencialmente afectados por esta regulación ya están pagando decenas de miles de millones de dólares en impuestos anualmente.
Con el cambio, cualquier persona que use más del 15 por ciento de la línea de pobreza en beneficios públicos (solo 2.50 por persona por día para una familia de cuatro) sería considerada una carga pública y considerada inadmisible.
Según el análisis del David Bier del Instituto Cato, esto significa que se podría negar el estatus legal incluso a los inmigrantes que son autosuficientes hasta en un 95 por ciento.
Por su parte NEA sostiene que más de 1.4 millones de personas que pueden verse afectadas por la regla de carga pública tienen al menos algo de educación universitaria, lo que incluye 150,000 trabajadores en las industrias de servicios de educación y salud, así como más de 125,000 trabajadores en la industria de servicios profesionales y comerciales, afirma Andrew Lim, director de investigación cuantitativa de NEA.
“Nos basamos en las mismas ideas preconcebidas que otras personas tenían, que esto afectaría a personas relativamente poco educadas y se concentrarían en las industrias de trabajo manual”, dice Lim. Sin embargo, “son muchas las personas con habilidades intermedias las que se verían atrapadas en esto también”.
El ingreso anual total de los trabajadores que se verían afectados por la regla de carga pública es de más de 96.4 mil millones. Si estos trabajadores se fueran de Estados Unidos, la economía sufriría efectos económicos indirectos adicionales de más de 68 mil millones de dólares.
La pérdida total para la economía de los Estados Unidos podría ascender a $ 164.4 mil millones, enfatiza Lim.
Al alentar u obligar a los trabajadores a irse, el cambio de la regla de carga pública tendrá un efecto desestabilizador para varias industrias importantes en particular:
• Construcción, donde es probable que cerca del 5 por ciento de todos los trabajadores (casi 540,000 personas) se vean afectados.
• Servicios de hospitalidad, recreación y alimentación, donde aproximadamente el 4.4 por ciento de todos los trabajadores (más de 525,000 personas) se verían afectados.
• Fabricación, con más del 2.6 por ciento de todos los trabajadores.
NAE también analizó el impacto que este cambio de política tendría en Nueva York, Ohio, Pensilvania, Michigan, Illinois, Indiana, Minnesota, Wisconsin, Kentucky, Iowa y Texas.
Por ejemplo, la pérdida total para la economía de Texas podría ascender a 11.8 mil millones. En Michigan, más de 20,000 personas que podrían verse afectadas por el cambio de reglas tienen educación universitaria. El cuatro por ciento de todos los trabajadores de la construcción en Kentucky podrían verse afectados por la política.
Por ahora, más de trece estados han presentado una demanda en la corte federal el desafiando la nueva regla de la administración, incluido California.
La nueva demanda, dirigida por el estado de Washington, sostiene que la regla viola los estatutos federales de inmigración y expande ilegalmente la definición de “carga pública”.
“Esta cruel política obligaría a los padres y familias que trabajan en todo el país a renunciar a las necesidades básicas como alimentos, vivienda y atención médica por miedo. Eso es simplemente inaceptable”, dijo el fiscal general de California Xavier Becerra en un comunicado anunciando la demanda.
“Este cambio de reglas es un ataque directo a las comunidades de color y sus familias y promueve el deseo de esta administración de hacer que este país trabaje principalmente para los ricos y los blancos”, dijo Antionette Dozier, abogada principal del Centro Occidental de Derecho y Pobreza.
“Nuestro sistema de inmigración no puede basarse en las animosidades raciales de esta administración o si las personas son ricas o no”, agregó.
