Fuente: Pablo Ximènez de Sandoval

Las consecuencias de sellar la frontera sur de EE UU comienzan a desbordarse en la opinión pública y está obligando a posicionarse a todos los actores políticos del país. La mayoría demócrata de la Cámara de Representantes decidió el martes tomar la delantera en inmigración.

Ayer, reaccionó la mayoría republicana en el Senado. Ambos lo hacen en medio de la indignación por las últimas revelaciones sobre las condiciones en las que están detenidos algunos menores en la frontera sur y, sobre todo, tras el impacto de la foto de un padre y su hija ahogados en México cuando intentaban cruzar el río Bravo.

La propuesta de los demócratas del martes destinaba 4.500 millones de dólares (3.960 millones de euros) a mejorar los recursos en la frontera. Con ella, metían presión a los republicanos del Senado y al presidente Donald Trump, que trata de presentarles como culpables del caos creado en el último año en la gestión de las solicitudes de asilo. Pero ayer, el Senado rechazó la versión de la Cámara y aprobó su propia iniciativa que destina también 4.600 millones a la frontera.
La diferencia entre ambas propuestas radica en el margen de discreción que otorgan a Trump para decidir en qué se gasta el dinero en este asunto.

Los líderes de las dos Cámaras pretenden que sea el otro el que acepte su ley, y el miércoles no estaba claro que puedan llegar a una versión común antes de las vacaciones del 4 de julio. La mayoría del Senado votó la propuesta de la Cámara y la rechazó. La líder demócrata en la Cámara, Nancy Pelosi, dejó claro que no piensa debatir el texto del Senado. Sobre la mesa está una cuestión política considerada hace una semana marginal y ahora central: a quién van a responsabilizar los votantes por el caos y la crueldad en la frontera.

Trump dejó muy claros los términos de la batalla política en un tuit: Los demócratas “decían que no había una crisis en la frontera, que era prefabricada. Ahora admiten que yo tenía razón. ¡Tienen que hacer algo para arreglarlo!”, exclamó. El presidente tampoco ha indicado que esté dispuesto a firmar ninguna de las dos iniciativas.

Demócratas y republicanos se pusieron en marcha a toda velocidad el martes después de un fin de semana en el que todo el país escuchó el relato de terror de las condiciones en un centro de detención de Clint (Texas). Allí, un grupo de abogados afirma haber visto a niños sin pañales, sin lavarse durante semanas, sin ropa limpia o sin cepillo de dientes; y a menores de siete u ocho años haciéndose cargo de bebés. Alrededor de 300 menores se encontraban allí. Ante el escándalo, la Agencia de Protección de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés) sacó a 249 de los menores, para anunciar después que llevó a 100 de vuelta al centro. Nadie sabe a ciencia cierta cuántos menores siguen allí o si han mejorado las condiciones. CBP puso en duda las acusaciones de los abogados.

A aquel informe se sumó la desafortunada actuación de una abogada del Estado que, ante un tribunal de California, intentó argumentar que el cepillo de dientes o el jabón no hacían falta para dar un “trato humanitario” a los detenidos, como pide la ley. Por último, todo el país pudo ver el martes la imagen de un padre de El Salvador y su hija (Óscar y Valeria Martínez) ahogados en el río Bravo.

La tragedia de Óscar y Valeria ilustra la desesperación de miles de personas obligadas a esperar en México para pedir asilo en EE UU, debido a la colaboración en este sentido del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el cambio radical que ha hecho Trump en los protocolos de asilo. Además, México ha reforzado la vigilancia en las zonas fronterizas, tanto del norte como del sur, y la persecución de inmigrantes dentro de su territorio forzado por el presidente estadounidense.

Todo esto se produce además en un momento en el que no parece haber nadie al mando de la política de fronteras en EE UU aparte del propio Trump. El martes, tras las revelaciones sobre el centro de menores de Clint, el director de la CBP, John Sanders, anunció a sus subordinados que dejará el puesto en julio. Sanders era el director interino, tras la salida de Kevin McAleenan para hacerse cargo del puesto de secretario de Seguridad Nacional. De ese puesto dimitió Kirstjen Nielsen, supuestamente por oponerse al endurecimiento en la persecución de inmigrantes.

La ley que fue aprobada por los demócratas exige al CBP que establezca unos estándares obligatorios de salubridad y seguridad para los centros de detención y protocolos para afrontar los picos de llegadas de inmigrantes. Aparte, exige a Servicios Sociales que no tenga a los menores en centros temporales más de 90 días antes de transferirlos a familias o centros de acogida. También prohíbe contratar a empresas que no garanticen un estándar mínimo en la comida y las camas, así como cepillos de dientes, escuela, atención médica y actividades de ocio.

Algunos demócratas no ocultaban su disgusto por tener que enviar dinero para financiar la política del presidente en la frontera, que ha exacerbado la crisis al bloquear las solicitudes de asilo en los puertos de entrada, con ayuda de México, y empeñarse en mantener a todos los inmigrantes detenidos el máximo tiempo posible. Las cifras de detenciones son mucho menores que el pico de un millón que se alcanzó en el año 2000, los recursos son más y, sin embargo, el sistema está “al borde del colapso”, según la administración de aduanas.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, tuvo que empeñarse a fondo para convencer al ala más izquierdista de su partido (demócratas), que se negaba a dar dinero a las mismas agencias fronterizas que, en su opinión, están creando el problema. Pelosi advirtió de que el fracaso de la ley era exactamente lo que quería Trump. El presidente prometió hace días que vetaría la ley de los demócratas, como cualquiera que no incluya suficientes fondos para seguridad.