Argentina y Bolivia sufren tensiones periódicas alrededor de la presencia de ciudadanos del país andino en el austral. Pese al fuerte crecimiento de Bolivia en los últimos años, Argentina sigue siendo un destino deseado por los bolivianos por su atractivo económico y su sanidad y educación gratuitas de alto nivel, que también atraen a ciudadanos de otros países latinoamericanos.

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La tensión con Bolivia es un recurso político permanente en Argentina, donde una parte de la población -minoritaria pero importante, según las encuestas- pide que no vengan más inmigrantes y que no les dejen usar la sanidad y educación argentinas. El año pasado creció la tensión por una ley argentina que pretendía controlar más las fronteras, y ahora ha vuelto a estallar por la decisión del Gobierno de Mauricio Macri de cobrar a los bolivianos no residentes que pasen a este país a hacer tratamientos médicos complejos, algo habitual en provincias del norte como Jujuy y también en Buenos Aires.

La sanidad argentina no rechaza a nadie que esté en el suelo de este país y tampoco cobra. El Gobierno anunció que si Bolivia no hacía lo mismo con los ciudadanos argentinos de paso en este país, empezaría a cobrar. Los bolivianos contestaron indignados en un primer momento pero finalmente el Gobierno de Evo Morales entendió que la mejor manera de resolver el conflicto era ofreciendo a los pocos argentinos que usan su sanidad que lo hagan de manera gratuita. «Tiene toda la razón el hermano argentino de plantearnos que los argentinos que viven en Bolivia tengan el mismo tratamiento. Van a tener el mismo tratamiento hermanos argentinos que viven en Bolivia», dijo Morales durante un acto en Tarija. La polémica parece haberse encauzado después de una nueva tensión diplomática entre dos países dirigidos por presidentes que están en las antípodas: Macri y Morales.

El asunto ha generado una enorme repercusión en Argentina, donde cada vez que se toca la cuestión de los inmigrantes bolivianos -según algunos cálculos hay casi un millón de personas de ese origen en el país- sube la tensión. Según una encuesta de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), el 70% de los argentinos está a favor de que los inmigrantes puedan acceder de forma gratuita a la salud y educación públicas. Pero hay un 30% en contra, y en algunas zonas clave, como el gran Buenos Aires, donde se concentra buena parte de la población y de la pobreza, el rechazo a los inmigrantes llega al 50%.

Parece una contradicción en un país donde prácticamente todos son hijos, nietos o como mucho biznietos de inmigrantes, hasta el punto de que la Constitución habla de fundar un país “para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”, pero el asunto de la entrada de latinoamericanos, que compiten directamente por los puestos de trabajo en los barrios más pobres, genera una fuerte controversia que en ocasiones es utilizada para obtener rédito político o desviar la atención sobre cuestiones más delicadas como la situación económica.

En este caso el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien encendió la mecha, y le siguieron varios miembros del Gobierno de Macri. “La salud no es gratis. Alguien la paga. En Jujuy entre el 7% y el 10% de las prestaciones son a no residentes que cruzan la frontera para tratarse. El tema es cómo asegurar a todos los argentinos una prestación de calidad, solo estamos pidiendo a Bolivia reciprocidad. Argentina gasta el 10% de su PIB en Sanidad, es mucho y deberíamos tener mejores resultados. En cualquier caso no estamos hablando de no tratar a un extranjero en una emergencia sino de operaciones programadas”, clamó el ministro de Salud, Rodolfo Rubinstein. La polémica crecía, y generó incluso críticas de la oposición boliviana, que acusó al Gobierno de Morales de dar argumentos a los argentinos con una respuesta inicial confusa.

Reacciones en Bolivia

“Deploramos que el gobierno boliviano, por negligencia, haya dado argumentos con un informe del Ministerio de Salud que parece contrario a la reciprocidad en la atención de salud, a quienes en la Argentina están tratando de limitar esta atención a los numerosos inmigrantes bolivianos en ese país. La reciprocidad es imprescindible para resolver este asunto entre países hermanos”, señaló a EL PAÍS Samuel Doria Medina, presidente de Unidad Nacional y opositor. Después de un comunicado muy duro de la cancillería boliviana, que acusaba a Argentina de no haber solicitado esa reciprocidad por los cauces debidos, el Gobierno de Evo Morales dio un giro y comunicó que está dispuesto a discutir con Argentina un convenio para tratar allí gratuitamente a los argentinos que estén de paso, algo que ahora mismo no sucede.

“Hay una buena relación entre los dos países, vamos a llegar a un buen acuerdo”, suavizó el embajador boliviano en Argentina, Santos Tito Véliz. Bolivia se mueve para tratar de evitar que sus ciudadanos se queden desprotegidos en el país austral. Los datos que ofreció Jujuy dan una dimensión del problema. De los 509 bebés que nacieron el año pasado en el hospital de La Quiaca, en la frontera, 110 eran hijos de bolivianos que cruzaron para tenerlos allí. Otros van a Buenos Aires para operaciones especialmente complejas que cuestan 250.000 dólares, según el canciller argentino, Jorge Faurie. Los gobiernos de los dos países parecen haber encauzado el problema para evitar un conflicto mayor, pero la tensión social que genera cualquier tema en Argentina relacionado con Bolivia o Paraguay tardará mucho más en aplacarse.