El gobernador Greg Abbott respaldó la lista, basada en datos cuestionables, de miles de posibles votantes sin ciudadanía.  Insistió en que la lista difundida por su Secretario de Estado es un “trabajo en progreso” y que las autoridades locales deben continuar revisándola.

“Esta es una lista en la que debemos asegurarnos que aquellos que no tengan la autoridad legal para votar no lo hagan”, dijo. “Esto es un proceso, un trabajo en marcha. Lo van a tener correctamente”.

Hace una semana, el secretario de Estado, David Whitley, nombrado por Abbott en diciembre, envió un aviso a los condados afirmando que alrededor de 95,000 con licencias de conducir (que tendrían presencia legal en el país, pero no son ciudadanos), aparecían en los registros de votantes.

De ese grupo, 58,000 habrían votado entre 1996 y 2018.

Para el miércoles, los condados ya habían retirado a más de 20,000 nombre que estaban en la lista porque habían demostrado su ciudadanía al Departamento de Seguridad Pública, lo que desató las críticas de demócratas y grupos defensores del voto, argumentando intentaba suprimir el voto.

Al preguntársele directamente si decenas de personas habían votado sin ser ciudadanos, Abbott se mostró evasivo.

“Es importante permitir que los datos hablen por sí solos y por ello es de vital importancia que el Secretario de Estado, DPS y los condados trabjen juntos para saber cuáles son los hechos”, dijo.

Solo en el condado de Harris, 18,000 personas fueron retiradas de la lista tras comprobarse su ciudadanía, informó The Houston Chronicle.

Esos números podrán aumentar una vez que las autoridades se den cuenta que hay más personas errónamente incluidas.

La manera solapada en que se difundió la información ha destado pedidos de renuncia a Whitley. Abbott, sin embargo, defendió al funcionario.

Presión a Whitley

Texas Civil Rights Project y otros 12 grupos, entre ellos ACLU, continuaron presionando a Whitley el jueves, luego de que este les dijo que iba a responder a una carta en la que se le pedía que se retractara de su aviso a los condados.

“Ya basta”, dijo Andre Segura, director legal de ACLU de Texas, en un comunicado. “Hace pocos días mostramos nuestra preocupación, los números pregonados por el Secretario de Estado y el Procurador estatal se caen a pedazos. El Secretario de Estado no tiene otra opción que públicamente retractarse de sus números de pacotilla e instruir a los condados no tomar ninguna acción”.

Los grupos de derechos civiles dijeron a Whitley que la falta de criterios estandarizados en los condados ha llevado a que los votantes de Texas sean tratados de manera distinta. En algunos casos, los funcionarios optaron por esperar, pero en otros, por ejemplo Galveston, empezaron a mandar cartas pidiendo pruebas de ciudadanía.

“Lo que está en riesgo aquí es el derecho al voto y los texanos merecen mucho más que ser evaluados a puerta cerrada, según criterios secretos que se aplican de distinta manera en el estado”, dijeron los grupos en un comunicado.