Los países América Latina y el Caribe han atravesado un período de modernización, junto con avances económicos y político-sociales. No obstante, la región continúa enfrentando una serie de desafíos frente a la desigualdad y la desaceleración económica derivada de la pandemia de COVID-19.
Cuando se trata de COVID-19, la región de América Latina ha estado entre las más afectadas. En número de muertos, se encuentra entre los más altos del mundo. Económicamente, la región se enfrenta a una mayor contracción económica en comparación con otras regiones de mercados emergentes. Según el Fondo Mundial Internacional (FMI), 15 millones más de latinoamericanos vivirán en la pobreza extrema como resultado de la pandemia, mientras que el PIB de la región se contrajo en un 7 por ciento en 2020.
El camino hacia la recuperación parece incierto e incluso con una fuerte acción política, las amenazas planteadas por el cambio climático y la pérdida de biodiversidad continúan. Los escenarios climáticos proyectados indican un alto nivel de vulnerabilidad en la región que se sentirá a través de múltiples amenazas. El aumento de las temperaturas, una mayor frecuencia de tormentas junto con la subida de niveles del mar, los ciclos irregulares, sequías extendidas e inundaciones frecuentes amenazarán los avances en materia de desarrollo y ya están provocando una migración relacionada con el clima y exacerbando los problemas relacionados con la desigualdad.
El año pasado, Centroamérica se ha visto afectada por una serie de huracanes intensos que han provocado un aumento de la migración desde las zonas más afectadas. Mientras que, en los pequeños estados insulares del Caribe, las comunidades costeras enfrentan una mayor amenaza por el aumento del nivel del mar que, si no se aborda, resultará en la pérdida de infraestructura, medios de vida y recursos naturales. Por último, la selva amazónica, cada vez más degradada puede llegar a ser un contribuyente al calentamiento del planeta y con potencial para ser la cuna de futuras pandemias.
Los gobiernos podrían considerar la crisis como oportunidades para reformar los sistemas económicos, educativos y sanitarios; reestructurar las instituciones gubernamentales; priorizar una recuperación más ecológica y alineada con la naturaleza o, por el contrario, tomar el camino” fácil” e invertir en soluciones de corto plazo para el repunte económico, pese a las consideraciones ambientales.
Para abordar estos desafíos, el PNUD y sus socios en todo el sistema de las Naciones Unidas, incluidos donantes como el Fondo de Adaptación, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente y el Fondo Verde para el Clima, están dando un paso adelante para ayudar a los gobiernos a reinventar un futuro resiliente al clima con bajas emisiones de carbono para los ciudadanos de América Latina y el Caribe, brindando la oportunidad de identificar vías de desarrollo alternativas que priorizan la sostenibilidad y un pensamiento de largo plazo.
El apoyo del PNUD ha contribuido una mejor gobernanza climática tanto en entornos rurales como urbanos, implementando soluciones innovadoras basadas en la naturaleza y cambiando a medios de vida adaptados. El apoyo conjunto del PNUD ha generado un impacto en forma de mayor seguridad alimentaria y del agua, así como modelos de sostenibilidad local frente al cambio climático.
En América Latina y el Caribe, la Promesa Climática del PNUD apoya a 25 países para que trabajen juntos en la acción climática entre el gobierno y la sociedad para promover la igualdad, abordar la pobreza y fortalecer la sostenibilidad social y ambiental. 
En el portafolio regional del PNUD se promueven las soluciones climáticas basadas en los ecosistemas para brindar opciones de bajo costo para proteger las costas, los bosques y las cuencas hidrográficas, y crear medios de vida resilientes al clima para las personas que dependen del entorno natural y sus recursos para sus medios de vida. Este enfoque considera el papel de la región dentro de la vanguardia del movimiento verde, así como su rica biodiversidad.
En Honduras, los pueblos indígenas y grupos comunitarios están utilizando soluciones basadas en la naturaleza para abordar los problemas urgentes del cambio climático, la degradación ambiental y los incendios forestales. Al apoyar cuencas hidrográficas saludables e incrementar el acceso al agua, un proyecto financiado por el Fondo de Adaptación y apoyado por el PNUD, está proporcionando la resiliencia necesaria frente a los riesgos multiplicadores que plantea la COVID-19, la desigualdad, la violencia y la migración. El proyecto también brinda capacitación técnica y administrativa a los municipios locales.
Costa Rica sigue siendo noticia a medida que acelera sus ambiciones de descarbonización. El país se ha enorgullecido durante mucho tiempo de su agua potable de calidad, pero el cambio climático y la degradación de los ecosistemas están agravando los problemas del agua.
El Gobierno de Costa Rica, en alianza con el FMMA y el PNUD, están acelerando acciones para garantizar el acceso al agua potable para poblaciones vulnerables a través de un proyecto de adaptación al cambio climático que fomenta la resiliencia climática y empodera la acción local con igualdad de género en comunidades y acueductos de unas 300 comunidades rurales.
Además de garantizar el acceso al agua potable mediante la mejora de la infraestructura de los acueductos, se trabaja en la gestión del riesgo de desastres mediante la generación de información geoespacial, hidrometeorológica y el desarrollo de capacidades de innovación y tecnología. También apoya la recuperación de la cobertura vegetal en áreas de importancia hídrica, utilizando especies de plantas y árboles que pueden adaptarse mejor al cambio climático y brindar servicios ecosistémicos más eficientes, con la participación de amplias redes de trabajo local. 
Con el Gobierno de Colombia, el PNUD apoya la restauración de humedales en la zona vulnerable al clima de La Mojana (Depresión Momposina) a través de un proyecto financiado por el Fondo Verde por el Clima. El proyecto está mejorando el modelado hidrológico de los humedales para mejorar la toma de decisiones para restaurar más de 40.000 hectáreas a través de planes de restauración comunitaria. Los medios de vida mejorados están protegiendo a las comunidades vulnerables de los impactos de la COVID-19, el cambio climático y la degradación ambiental.
El proyecto de Paisajes Productivos Resilientes y Cambio Climático financiado por el Fondo de Adaptación en Guatemala logró demostrar las ventajas de los enfoques basados en los ecosistemas y la agricultura climáticamente inteligente en la seguridad alimentaria.
El proyecto capacitó a los agricultores en nuevas técnicas y prácticas de gestión de la tierra para no solo aumentar los rendimientos y los ingresos, sino también adaptar la agricultura para resistir mejor los impactos negativos del cambio climático. Las iniciativas únicas incluyeron todo, desde microempresas de chocolate hasta iniciativas forestales y agrarias más importantes.
La nación insular de Cuba es altamente vulnerable a los impactos del cambio climático. Y si bien el gobierno cubano ha logrado avances impresionantes hacia el desarrollo sostenible, la erosión costera, las inundaciones, la sal, la sequía y el aumento del nivel del mar amenazan estos logros económicos y sociales que tanto ha costado conseguir.
La adaptación basada en ecosistemas es una forma rentable de preservar y restaurar los hábitats naturales y proteger a las comunidades costeras. Un proyecto recientemente cerrado financiado por el Fondo de Adaptación restauró 1.400 hectáreas de manglares, estableció 1.500 hectáreas de manglares rojos y restauró y enriqueció 4.300 hectáreas de bosques. El proyecto ahora se está ampliando con fondos del Fondo Verde para el Clima. El proyecto “Mi Costa”, respaldado por el PNUD, fomentará la resiliencia climática de más de 440.000 cubanos a través de enfoques basados en la naturaleza.
“Estábamos presionando este ecosistema, pero ahora tenemos un proyecto de educación ambiental, trabajamos con todas las escuelas y estamos vinculados a la población. Aquí se puede respirar un mundo saludable”, María Teresa, 54, provincia de Mayabeque.
Para salir fortalecido de la pandemia, el Gobierno de Granada está adoptando un enfoque acelerado de la tecnología que respalda un sistema agrícola resiliente al clima, con la participación de los sectores público y privado, así como de la academia y la sociedad civil. El proyecto de agricultura resiliente al clima en Granada, financiado por el FMAM, proporciona materiales de siembra a los agricultores de todo el país, incluidos árboles frutales, especias, ornamentales y cultivos alimentarios. Las alianzas innovadoras que incluyen la transformación digital facilitarán el avance del desarrollo y la construcción de resiliencia, incluido un enfoque en la exploración de posibilidades de tecnologías blockchain para la agricultura resiliente al clima en el país.
Uruguay avanza hacia la formulación de su Plan Nacional de Adaptación en ciudades e infraestructura (NAP-Ciudades), instrumento que busca dar respuesta a los múltiples desafíos que enfrentan las ciudades por los impactos del cambio climático.
Más del 93% de la población del país vive en áreas urbanas, fenómeno que sigue las tendencias mundiales y determina la necesidad de un enfoque específico de adaptación al cambio climático para estas áreas.
NAP-Ciudades es un instrumento de planificación destinado a reducir la vulnerabilidad del país a los impactos del cambio climático, promover la capacidad de adaptación y resiliencia, y facilitar la integración de la adaptación al cambio climático en el desarrollo planificado. En un proceso progresivo que permite un enfoque de país, transparente, participativo, sensible al género y que considere a los grupos, comunidades y sistemas vulnerables.
El PNUD está trabajando activamente en la mayoría de los países de la región amazónica en una variedad de enfoques innovadores para promover modelos de desarrollo sostenible inclusivos e innovadores. Como parte del Programa ONU-REDD y el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques, el programa Clima y Bosques del PNUD ha apoyado a Colombia, Ecuador, Perú y Surinam en su proceso de preparación para REDD+ para acceder a financiamiento basado en el desempeño. En el marco del Grupo de Trabajo de Gobernadores sobre Clima y Bosques, el PNUD está apoyando enfoques subnacionales de REDD+ a través de estrategias de desarrollo de emisiones bajas y planes de inversión en 35 jurisdicciones de bosques tropicales, incluidos 18 estados de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. El PNUD también apoyó a Brasil, Costa Rica y Ecuador para acceder a más de US$ 168.5 millones en los primeros proyectos de pagos por resultados para REDD+ a través del Fondo Verde para el Clima.
