Una casa modesta reemplazó la carpa donde vivieron en un albergue para migrantes. Sus hijos de siete y cinco años cursan su segundo año en una escuela pública y un tercer hijo se apresta a celebrar sus dos años en Tijuana.
Figuraron entre los primeros migrantes que Estados Unidos envió de vuelta a México en el marco de una política que ha alterado totalmente el panorama en la frontera entre los dos países y que hace que quienes solicitan asilo en Estados Unidos esperen el desenlace de sus pedidos en México. Inicialmente esta política abarcó solo a los centroamericanos, pero fue ampliada y ahora incluye a ciudadanos de otros países, con excepción de los mexicanos. El miércoles el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dispuso que también los brasileños tienen que esperar en México.
Hoy, a un año de que entrara en vigor esa política, muchos migrantes regresaron a los países de los que escaparon. Otros, como los Perla, iniciaron una nueva vida en México. El sistema conocido como Protocolos de Protección del Migrante ayudó a replantear la relación entre Estados Unidos y México, que pasó a ser un aliado clave de los esfuerzos del presidente estadounidense Donald Trump por contener la ola de pedidos de asilo.
A los Perla le va mejor que a la mayoría de los aproximadamente 60.000 migrantes que esperan respuesta a sus pedidos de asilo, quienes viven con el temor de ser robados, agredidos, violados o asesinados. Human Right First, una organización que critica esta política, documentó 816 denuncias de delitos violentos contra los migrantes devueltos a México. A fines del año pasado fue encontrado en Tijuana el cadáver descuartizado de un salvadoreño, padre de dos niños. Una salvadoreña fue secuestrada y obligada a prostituirse en Ciudad Juárez.
La rápida expansión de la política fue vital para un acuerdo de junio entre Estados Unidos y México y para que Washington dejase sin efecto su amenaza de aumentar los aranceles a las exportaciones mexicanas. El presidente estadounidense dijo en ese momento que México estaba haciendo más que los demócratas para combatir la inmigración ilegal.
Las autoridades estadounidenses elogiaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador la semana pasada, después de que soldados mexicanos hiciesen volver una caravana de migrantes hondureños que estaban en la frontera con Guatemala.
“México sigue siento un verdadero socio en la lucha por resolver esta crisis regional”, dijo Mark Morgan, comisionado (director) interino del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense, en un tuit.
Las autoridades fronterizas estadounidense dicen que la nueva política contribuyó a que se redujesen sensiblemente los cruces ilegales de la frontera, por más que haya demandas que podrían hacer que se modificase o incluso suspendiese esa política. Jueces de inmigración atienden casos en San Diego y El Paso, mientras que otros solicitantes de asilo son atendidos en tribunales que funcionan en carpas en las ciudades texanas de Laredo y Brownsville, donde se comunican con los jueces mediante videos.
Este mes, jueces de El Paso empezaron a atender casos de personas que fueron enviadas de vuelta a México a través de Nogales (Arizona), el último corredor grande de cruces ilegales, donde todavía no se había implantado la nueva política. Esto obliga a los migrantes a cruzar peligrosos tramos de México y a recorrer cientos de kilómetros para acudir a sus citas.
Richard Boren, un maestro, acompañó a dos mujeres guatemaltecas y sus cuatro hijos, de cuatro a 16 años, a través de un puente internacional, para acudir a una cita en El Paso. Las guatemaltecas viajaron 13 horas en autobús desde la frontera con Arizona.
“Estaba muy preocupado por ellas”, dijo Boren, quien tiene 62 años y quien las conoció cuando fueron devueltas a México desde Arizona. Volvió a comunicarse con ellas en ocasión de su primera vista.
De los casi 30.000 casos decididos hasta diciembre, solo 187 –menos del 1%– de los migrantes que fueron devueltos a México recibieron asilo, según la Transactional Records Access Clearinghouse de la Syracuse University. La falta de representación legal ayuda a explicar esto. Menos del 5% de los migrantes tienen abogados.
Juan Carlos Perla, de 37 años, dijo que las cinco agencias de servicios legales que según las autoridades estadounidenses ofrecen representación gratis desistieron de tomar su caso. Muchos abogados se niegan a representar a clientes que están en México.
Los Perla abandonaron la pequeña panadería que tenían en San Salvador y se encaminaron a México en diciembre del 2018. Llegaron durante un breve período en el que el gobierno mexicano concedía visas humanitarias por un año y permisos de trabajo. La familia les dijo a las autoridades inmigratorias estadounidense que no podían pagar las extorsiones que exigen los pandilleros en San Salvador.
“Nos dijeron que si no pagábamos los dos últimos meses, la próxima vez vendrían a nuestra casa no para aporrearnos sino para matarnos”, afirmó Ruth Aracely Monroy, de 26 años, pareja de Perla y madre de sus hijos, al hablar con las autoridades estadounidenses, según una transcripción. “Nos fuimos para salvar nuestras vidas”.
Luego de pasar de un albergue para migrantes a otro en Tijuana, pudieron alquilar una casa por el equivalente a 65 dólares al mes a una hora de auto del centro, donde las fábricas al este de la ciudad dan paso a granjas y colinas llenas de olivos. Los hijos mayores van caminando a la escuela, a una cuadra de la casa en un barrio densamente poblado de viviendas de hormigón, con discos satelitales en los techos.
Perla se siente agradecido de estar en México, pero la incertidumbre sobre el futuro ha afectado su salud. “Soy el que evita que sufran de hambre”, expresó.
La hermana de Monroy, un cuñado y sus hijos se fueron también de El Salvador y son ahora sus vecinos desde junio. Su primera cita fue en diciembre en San Diego.
Perla ganaba lo suficiente en una fábrica que produce pellets de madera como para pagar el alquiler con el sueldo de una semana, pero perdió su empleo cuando expiró su permiso de trabajo. Mientras espera que se lo renueven, gana lo que puede como vendedor callejero.
Las posibilidades de la familia de conseguir asilo no parecen buenas, sobre todo si no tiene un abogado. Solo un 18% de los salvadoreños que piden asilo lo consiguen y los casos que involucran la violencia de las pandillas son los más difíciles.
La familia está dispuesta a intentarlo y si no les dan asilo, trataría de regresar a Tijuana a vivir. Tiene programada una sexta, y posiblemente última, audiencia en San Diego para el 26 de marzo.
“México nos ha tratado muy bien”, dijo Perla.
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