Fuente: https://www.chicagotribune.com / Nomaan Merchant / Elliot Spagat
El grupo llegó al aeropuerto internacional de Los Ángeles el miércoles por la noche procedente de Guatemala, luego de que un juez federal determinase que el gobierno estadounidense les había impedido ilegalmente pedir asilo. Un activista confirmó que los nueve habían abordado el avión.
Algunos de los menores esperaron a sus padres en el aeropuerto, incluido el hijo de nueve años de David Xol, Byron.
David se arrodilló y abrazó sollozando al pequeño durante tres minutos.
“Era pequeño” cuando lo dejó, dijo David tras ponerse de pie. Mirando a su abogado, que lo acompañó en el vuelo, se puso la mano a la altura del pecho y comentó: “Creció mucho”.
David, Byron y el abogado, Ricardo de Anda, se abrazaron. Byron lucía feliz. Los tres partieron luego hacia un hotel.
El emotivo encuentro fue un poderoso recordatorio de los efectos duraderos de la política de separación de familias de Trump. Cientos, si no miles, de familias siguen separadas dos años después de que entrase en vigor una política de “tolerancia cero” a los cruces ilegales de la frontera.
“Es como si se hubiesen sacado la lotería”, expresó Linda Grimm, abogada que representa a uno de los padres que volvió al país. “Hay mucha gente traumatizada por la política de separación de familias, cuyo dolor no puede ser suprimido”.
Se sabe de más de 4.000 menores fueron separados de sus padres antes y durante la vigencia de la política de tolerancia cero. Los padres eran enviados de inmediato a sus países tras ser pillados en la frontera y los hijos permanecían en Estados Unidos, bajo custodia de las autoridades hasta ser ubicados con alguien.
El gobierno admitió que los agentes separaron familias desde mucho antes de que entrase en vigor esa política, que no guardaron buenos registros de las separaciones y que algunos centros de detención estaban desbordados y en malas condiciones, al punto de que muchas familias se vieron privadas de comida, agua y atención médica.
En junio del 2018 el juez de distrito Dana Sabraw ordenó al gobierno que suspendiese la separación de familias y reuniese a padres e hijos.
Al menos 470 padres fueron deportados sin sus hijos. Algunos de los menores fueron alojados en instalaciones del gobierno y luego ubicados con patrocinadores. Otros fueron deportados a sus países de origen.
Circularon versiones de que muchos padres fueron empujados a firmar documentos que no podían leer ni entender o se les negó la posibilidad de pedir asilo violando las leyes estadounidenses.
El Departamento de Seguridad Nacional derivó todo pedido de comentarios al Departamento de Justicia, que no respondió a las preguntas.
La Unión de Libertades Civiles (American Civil Liberties Union, o ACLU), que fue el organismo que demandó al gobierno en el juzgado de Sabraw, pidió al juez que ordenase el retorno de un pequeño grupo de padres cuyos hijos seguían en Estados Unidos. En septiembre, Sabraw exigió al gobierno que permitiese el regreso de 11 padres, negando el de otros siete.
El abogado de ACLU Lee Gelernt dijo que el juez había dicho que dispondría el retorno solo de personas “que fueron engañadas u obligadas a renunciar a su derecho al asilo”. Otros padres que le escapaban a la violencia, la pobreza o la persecución tendrán que decidir si piden que les envíen a sus hijos o los dejan en Estados Unidos sin ellos.
“Muchos tendrán que tomar las mismas decisiones que generaciones de padres inmigrantes han tenido que tomar: Si dejan a sus hijos en Estados Unidos y soportan el sufrimiento de la separación por el bien de sus hijos”, dijo Gelernt.
Xol afirmó que él y su hijo Byron, por entonces de siete años, cruzaron la frontera y fueron llevados a un centro de procesamiento de la Patrulla Fronteriza en el sur de Texas. Xol fue acusado de cruzar la frontera ilegalmente el 16 de mayo del 2018
Dos días después, según relató, los agentes le dijeron que firmase un documento que autorizaba su deportación junto con su hijo. Si no lo firmaba, Byron sería dado en adopción y Xol permanecería detenido al menos dos años.
Xol firmó, pero no lo reunieron con Byron, quien fue llevado a otro sitio. El padre fue luego deportado a Guatemala y Byron permaneció 11 meses bajo custodia del gobierno.
El abogado de la familia, de Anda, convenció a un tribunal federal de que permitiese que una familia de Texas se hiciese cargo de Byron, quien desde mayo del 2019 vivió con Holly y Matthew Sewell y sus dos hijos. Se mantuvo en contacto con su familia mediante videollamadas.
Holly Sewell llevó a Byron al aeropuerto para que esperase a su padre. Luego pensaban regresar a Texas para empacar las cosas de Byron, quien iría a vivir con su padre una vez que Xol se instalase en California.
Durante la espera en el aeropuerto Byron le preguntaba constantemente a Sewell cuándo saldría su padre.
“En cualquier momento”, le decía su tutora. “Cuenta hasta 1.000”.
“999”, respondió Byron.
Sewell dijo que estaba encantada de que Byron pudiese ver a su padre de nuevo y criticó duramente el trato que da el gobierno a las personas que piden asilo.
Esvin Fernando Arredondo debía estar también en el avión. El guatemalteco fue separado de una de sus hijas, Andrea –por entonces de 12 años, hoy de 13– luego de que ambos se entregaron a las autoridades estadounidenses en un puesto fronterizo el 16 de mayo del 2018 y pidieron asilo, de acuerdo con las leyes, según Grimm, su abogado. No pasó una primera entrevista para determinar si su pedido tenía sustento y aceptó regresar a Guatemala.
Según el fallo de Sabraw, el gobierno deportó a Arredondo después de que el juez ordenase la reunificación de las familias, para luego prohibir la deportación de los padres que fueron separados de sus hijos. Ahora se le da a Arredondo una nueva oportunidad de solicitar asilo.
Andrea estuvo sin contacto con familiar alguno durante un mes aproximadamente, viviendo en un albergue mientras el gobierno trataba de encontrar a los padres de estos menores, lo que era difícil ya que no tenía sistemas de rastreo. Finalmente se reunió con su madre, quien se había entregado a las autoridades en Texas con otras dos hijas cuatro días antes que su esposo, el 12 de mayo del 2018.
Ella y sus otras dos hijas pasaron la entrevista inicial a pesar de que esgrimieron las mismas razones que su marido. Un hijo de la pareja, Marco, de 17 años, había sido asesinado a tiros por supuestos pandilleros en la ciudad de Guatemala.
La esposa de Arredondo, Cleivi Jerez, de 41 años, llegó al aeropuerto menos de una hora antes de que aterrizase el avión, junto con sus tres hijas, de 17, 13 y siete años.
“Estoy muy nerviosa. No pude dormir anoche”, dijo la mujer poco después de que aterrizase el avión.
Jerez afirmó que esa noche iban a charlar hasta tarde para ponerse al día. Pensaba descansar en su casa de Los Ángeles y prepararse para la presentación que Arredondo tiene que hacer en una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas el viernes en San Diego. Alison Arredondo, de siete años, dijo que extrañaba las idas al parque con su padre y quería volver a hacerlo en Los Ángeles.
Estados Unidos dejó sin efecto las separaciones de familias en gran escala, pero ha tomado medidas para impedir que muchas personas que piden asilo ingresen al país. Bajo su política que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México, más de 50.000 personas deben aguardar semanas, si no meses, para ser atendidas por los tribunales estadounidenses de la frontera. El gobierno estadounidense también está acelerando las deportaciones de centroamericanos a otros países de la región para que esperen allí la tramitación de sus solicitudes.
