Un juez federal de Portland, Oregón, suspendió este sábado una regla de la administración del presidente, Donald Trump, que exige que algunas categorías de inmigrantes prueben que tendrán un seguro médico o que pueden pagarse esa atención sanitaria antes de que se le concedan visas para instalarse en EEUU.
Personas con visas entran en EEUU desde México por el paso fronterizo de Matamoros, enel estado de Tamaulipas.
Fuente: https://www.telemundo.com / Francesco Rodella con información de AP y EFE
Michael Simon, juez federal de distrito, emitió una orden de restricción temporal de esta medida, que tendíaa que haber entrado en vigor este domingo. Aún no está claro cuándo el magistrado se pronunciará sobre los méritos del caso.
Siete ciudadanos estadounidenses y una organización sin fines de lucro presentaron el pasado miércoles una demanda federal en la que sostenían que esa norma sería un obstáculo para dos tercios de los inmigrantes con posibilidad de lograr un estatus legal en el país.
La demanda también mantenía que la norma reduciría o eliminaría en gran medida el número de inmigrantes que ingresan a EEUU con visas concedidas en la base de relaciones familiares con ciudadanos el país.
La regla, firmada por el presidente Trump a principios de octubre, se aplica a las personas que buscan visas de inmigrantes del extranjero, no a las que ya están en EEUU. No afecta a los residentes legales permanentes y tampoco se aplica a solicitantes de asilo, refugiados o niños.
La medida establece que los inmigrantes no podrán ingresar al país a menos que demuestren que estarán cubiertos por un seguro de salud antes de los 30 días posteriores a la entrada en territorio nacional o que tienen suficientes recursos financieros para pagar los costos médicos.
«Agradecemos mucho que el tribunal haya reconocido la necesidad de bloquear de inmediato [esta regla]», afirmó Esther Sung, abogada del Centro de Acción de Justicia, quien argumentó en la audiencia del sábado en nombre de los demandantes.
La regla suspendida este sábado representa uno de los esfuerzos más recientes de la administración Trump para limitar el acceso de los inmigrantes a los programas sanitarios públicos, con el objetivo de alejar al país de un modelo migratorio basado en la familia a uno basado en el mérito.
En el momento en que se anunció la nueva medida, la Casa Blanca mantuvo en un comunicado que demasiadas personas sin ciudadanía se estaban aprovechando de los «generosos programas de salud pública» de EEUU, y dijo que los inmigrantes contribuyen al problema de los «costos de atención médica no compensados».
Según la regla del Gobierno, el seguro requerido puede ser adquirido individualmente o proporcionado por un empleador y puede garantizar una cobertura a corto plazo o catastrófica.
El programa Medicaid no cuenta, y un inmigrante no puede obtener una visa si usa los subsidios de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible, proporcionados por el Gobierno federal, para contratar un seguro.
Según el Instituto de Políticas de Migración, un grupo de expertos en inmigración no partidista, el 57% de los inmigrantes estadounidenses tenían en 2017 un seguro médico privado, en comparación con el 69% de los nacidos en EEUU. El 30% tenía cobertura de seguro médico público, en comparación con el 36% de los nativos.
La tasa de personas sin seguro para inmigrantes bajó del 32% al 20% entre 2013 y 2017, desde la implementación de la Ley de Atención Asequible, de acuerdo con la Política de Migración.
Cada año, cerca de 1,1 millones de personas obtienen tarjetas verdes (green cards, en inglés).
«Hoy varios miles de personas en todo el país pueden dar un suspiro de alivio porque el tribunal reconoció el daño urgente e irreparable que se habría infligido [si no se hubiera frenado la nueva norma de la Administración Trump], afirmó Jesse Bless, director de litigios federales en la Asociación Americana de Abogados de Inmigración.
“Esta norma separaría permanentemente a las familias y perjudicaría a los empleadores. Es una clara violación de la Constitución. El presidente simplemente no tiene autoridad para reescribir la ley por proclamación», agregó en declaraciones recogidas por BuzzFeed.
La Casa Blanca expresó este domingo en una nota su «fuerte» desacuerdo con «la decisión de una corte de distrito de imponer una orden a nivel nacional contra la política del presidente, de forma preliminar y urgente durante el fin de semana, sin ni siquiera permitir al Gobierno la oportunidad de proporcionar una defensa por escrito».
A principios de este año, la administración Trump practicó cambios radicales en las regulaciones de la concesión tarjetas verdes para limitar las que se otorgan a inmigrantes con alguna forma de asistencia pública, pero los tribunales han frenado esa medida.
