El jefe de Estado recibió el respaldo de la cúpula militar, gobernadores, alcaldes y, sobre todo, gran parte de la población.
Lima amaneció en calma y con un ritmo normal de sus actividades. AFP
Fuente: https://www.clarin.com
El presidente peruano, Martín Vizcarra, afianzó el martes su poder tras disolver el Congreso, en una medida apoyada por la cúpula militar, gobernadores y alcaldes, y rechazada por el propio Legislativo, que en respuesta juramentó como jefa de Estado interina a la vicepresidenta Mercedes Aráoz, una decisión que carece de efectos prácticos en la administración del Estado.
El desconcierto por el choque de poderes que vuelve a sumir a Perú en una gran crisis política no se tradujo en caos, donde la Bolsa de Lima y el dólar se mantenían estables este martes y todas las actividades se desarrollaban normalmente.
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«En Perú no hay dilema de dos presidentes, hay un presidente que ejerce de hecho y derecho sus funciones, y ese es Martín Vizcarra», dijo a la AFP el jurista Diego García-Sayán, ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y excanciller peruano.
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Tras disolver el Parlamento unicameral, que estaba controlado por la oposición fujimorista, Vizcarra anunció al convocatoria a elecciones legislativas para el 26 de enero de 2020 apegándose al plazo que establece la Constitución.
El clima de tensión se centró en el Palacio de Gobierno y el Congreso, que estaban fuertemente custodiados por la policía, con más restricciones de ingreso que las habituales.
A través de la Conferencia Episcopal, la Iglesia llamó al diálogo y la calma, así como a «actuar de acuerdo al orden constitucional y democrático».
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La cúpula empresarial, aglutinada en la Confiep y dirigida por una dirigente ligada al fujimorismo, acusó a Vizcarra de perpetrar una «violación de la Constitución y al sistema democrático». Los líderes del Congreso también lo acusan de haber dado un «golpe de Estado».
El lunes, tras conocerse la disolución del Congreso, varias manifestaciones coloridas y bulliciosas se celebraron en todo el país en respaldo a Vizcarra. Pero nadie salió a las calles a apoyar al Congreso, cuya actuación es rechazada por casi el 90% de la ciudadanía, según sondeos.
Una disolución del Congreso no ocurría en Perú desde abril de 1992, cuando el presidente Alberto Fujimori (1990-2000) dio lo que fue calificado como un «autogolpe» y asumió plenos poderes con apoyo de los militares, intervino la justicia y censuró a los medios de comunicación. En aquel año, además, la Constitución vigente de 1978 no establecía la posibilidad del cierre del Parlamento, que estaba compuesto por dos Cámaras, Diputados y Senadores. Ahora, en cambio, Vizcarra invocó la Constitución de 1993 para dar este paso.
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La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) instó este martes al Tribunal Constitucional de Perú a pronunciarse sobre la «la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas», aunque consideró «conveniente» que la polarización política «la resuelva el pueblo en las urnas».
Hasta los nuevos comicios funcionará la Comisión Permanente del Congreso, de 27 miembros, 18 de ellos fujimoristas. Ellos son ahora los únicos autorizados por la policía para ingresar al edificio legislativo, de acuerdo a la ley.
Los legisladores cesados no pueden postularse a la reelección y, de hecho, ya perdieron sus privilegios: el parlamentario Roberto Vieira no pudo abordar un vuelo a Estados Unidos este martes en el aeropuerto de Lima con su pasaporte oficial.
Vizcarra lanzó el domingo un ultimátum al Congreso advirtiéndole que lo disolvería si le negaba el lunes un voto de confianza para reformar el método de designación de los magistrados del Tribunal Constitucional, con lo que buscaba impedir que estuviera dominado por la oposición.
El Congreso hizo caso omiso y tras el decreto de disolución respondió aprobando la suspensión temporal de Vizcarra de la presidencia, como un primer paso para destituirlo, y designó en su lugar a Aráoz, quien se había distanciado del mandatario.
En las calles se puede percibir la popularidad de Vizcarra. «Nosotros queremos democracia, que se cierre el Congreso se respalda», dijo a la AFP la enfermera Sandra Luyo, de 45 años, en la plaza de armas de Lima, al desconocer a Aráoz como presidente.
Por su parte el abogado Ángel Sotomayor, de 60 años, manifestó también su acuerdo con la medida de Vizcarra, al considerar que el Congreso estaba «dominado por un grupo político que su jefa está en la cárcel» por el escándalo de la brasileña Odebrecht, en referencia a Keiko Fujimori, quien se halla en prisión preventiva.
Los jefes de las Fuerzas Armadas y la Policía expresaron su lealtad a Vizcarra, quien también recibió el apoyo de numerosos gobernadores regionales y de la Asociación de Alcaldes.
Vizcarra ganó popularidad al impulsar una cruzada contra la corrupción en un país donde los cuatro presidentes anteriores quedaron bajo la lupa de la fiscalía acusados de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
Mercedes Aráoz, economista y ex ministra del ex presidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011), fue juramentada la noche del lunes por el jefe del Congreso, Pedro Olaechea, pero hasta ahora no ha recibido reconocimiento de ningún país y en la práctica no posee atribuciones y medios para gobernar.
De realizarse las elecciones en enero, el mandato de los nuevos legisladores culminará en julio de 2021, igual que el de Vizcarra.
La crisis política se gestó hace tres años en Perú cuando el banquero Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) venció ajustadamente a la populista Keiko Fujimori.
Aunque perdió la presidencia, el partido de la primogénita de Alberto Fujimori ganó una abrumadora mayoría en el Congreso con la que mantuvo contra las cuerdas a Kuczynski hasta forzarlo a dimitir en marzo de 2018. Fue sustituido por Vizcarra, quien era su primer vicepresidente. La segunda era Mercedes Aráoz.
