Fuente: https://ensegundos.com.pa / Manny Fernández, Caitlin Dickerson y Míriam Jordan
Amnistía Internacional planea viajar al sur de Texas a mediados de septiembre para tratar de tener acceso a las carpas, que oficialmente se llaman “tribunales de puerto” porque se construyen en puertos de entrada.
Ninguna de las personas que estaban adentro del pequeño tribunal se movió, pues todo estaba pasando en una enorme televisión.
En la pantalla, se podía ver a un guardia que escoltaba a una mujer hasta su asiento en una mesa plegable larga, en una habitación espaciosa con paredes blancas. La mujer, una migrante cubana llamada Lorena, había sido transportada en autobús desde México hasta unas instalaciones temporales en la frontera del sur de Texas, en Laredo. El juez estaba 250 kilómetros al noroeste, en un tribunal en el centro de San Antonio.
El caso de Lorena es parte del experimento más reciente del gobierno de Donald Trump en la frontera suroeste de Estados Unidos: tribunales migratorios dentro de carpas.
Los funcionarios federales de Estados Unidos comenzaron a operar los centros en las carpas en Laredo y un puñado de ciudades fronterizas esta semana para aliviar la presión que enfrentan los tribunales migratorios. Es parte de un conjunto de medidas radicales que tienen como objetivo reducir el flujo de familias migrantes desde el otro lado de la frontera. Estos tribunales dentro de carpas, que también se abrirán en Brownsville, Texas, y en Yuma, Arizona, están diseñados para acelerar el proceso de revisión, cuyos largos retrasos han provocado que muchos migrantes vivan y trabajen en Estados Unidos durante años antes de que se resuelvan sus casos judiciales.
Las cortes de carpas están en parte diseñadas para reducir el número de inmigrantes hacia Estados Unidos al hacer que muchos solicitantes de asilo esperen en México durante sus procesos. Además, la Corte Suprema de Estados Unidos avaló el 11 de septiembre que se instaure una nueva política de mayor alcance, que podría impedir que se pida asilo a solicitantes —la mayoría provenientes de Centroamérica, África y Asia— a menos que ya se les haya negado el refugio en otro país.
En general, las nuevas medidas del gobierno parecen estar surtiendo efecto; funcionarios federales indicaron que hubo una gran reducción en la cantidad de aprehensiones en julio.
Los funcionarios del gobierno estadounidense dicen que exigir a los solicitantes de asilo que esperen en México hasta que se programe la audiencia de su caso judicial —audiencia que en algunos casos sucede ante una corte en carpa— servirá como medida disuasoria para quienes planeaban pedir refugio, y que también será disuasoria la nueva regla que requiere que los migrantes presenten una solicitud de asilo en otro país primero.
“Hasta que el congreso proponga soluciones duraderas y definitivas, la regla ayudará a reducir un gran factor de ‘atracción’ que impulsa la migración irregular a Estados Unidos”, dijo Jessica Collins, portavoz de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), que está implementando la nueva política.
Sin embargo, defensores y abogados de los migrantes señalaron que estas nuevas medidas han tenido un gran costo. Dijeron que los nuevos tribunales dentro de carpas llevan a cabo un proceso hermético parecido al de una línea de ensamblaje al que deben someterse los solicitantes legales de asilo, y dijeron que esta política los ha expuesto a secuestros, ataques y extorsiones. Los funcionarios de seguridad nacional han negado al público y a los medios el acceso a las carpas, pero han permitido que escuchen los procesos vía video desde tribunales como el de San Antonio.
“La apertura histórica de las audiencias migratorias ha sido una salvaguarda esencial para prevenir abusos”, dijo Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU), que ha combatido ante tribunales muchas de las políticas migratorias del gobierno. “Las autoridades deben garantizar el acceso a estas audiencias para que se exponga cualquier irregularidad, sobre todo al principio, dado lo novedoso que es el proceso mediante el que buscan que los migrantes se queden en México”.
Un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, la agencia que se encarga de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), señaló mediante un comunicado que aunque las audiencias en los tribunales migratorios generalmente estaban abiertas al público, “la naturaleza de los centros temporales de audiencias localizados en propiedades de la CBP hace que estos procesos sean distintos de los que se llevan a cabo en otros tribunales migratorios”.
El jueves 12 de septiembre, varias de las personas que participaron en los procesos por videoconferencia en las carpas de Laredo provenían de Honduras, pero otras eran cubanas. Formaban parte del programa para que los migrantes que soliciten asilo esperen en México, desde donde son transportados en autobús para que asistan a sus audiencias ante los tribunales y después son enviados de regreso al otro lado de la frontera. Varios de los migrantes que se presentaron ese jueves primero habían tratado de entrar a Estados Unidos a través de un puente internacional en Laredo a mediados de agosto. Muchos tenían otras audiencias ya programadas, para el 7 de noviembre.
Con la ayuda de un intérprete, el juez Craig A. Harlow podía ver y escuchar a los migrantes mediante el sistema de videoconferencias, y parecía que los migrantes lo escuchaban claramente y respondían todas sus preguntas. Pocos eran representados por abogados. La mayoría de ellos estaban sentados solos o con sus familiares en la mesa y le decían al juez, por medio de intérprete, que aceptaban hablar por voluntad propia. Los que dijeron que sí querían continuar la solicitud de refugio tuvieron visto bueno para eso por parte del juez, que les pidió a los funcionarios de Laredo que les proporcionaran solicitudes.
Lorena, la mujer cubana, tenía abogado, pero el juez escuchó su caso antes de que su representante legal llegara al tribunal en San Antonio. El juez le dio a Lorena una nueva fecha en la corte en noviembre.
José Díaz-Hazim, el abogado de Lorena, dijo en una entrevista después de que terminaran las audiencias que la mujer cubana se estaba quedando en Nuevo Laredo, la ciudad mexicana que esta justo al otro lado del río Bravo. No estaba seguro de dónde vivía —quizá en un refugio, un hotel o algún otro lugar—, pero dijo que planeaba visitarla pronto. Se preguntó si su clienta, que pidió que fuera identificada solo con su primer nombre, podría permanecer segura mientras esperaba la fecha de su siguiente audiencia.
“Allá hay corrupción”, dijo Díaz-Hazim. “Hay pandillas y también cárteles de la droga. Estas personas buscan ayuda, pero el gobierno está aumentando su sufrimiento. Es un obstáculo adicional”.
