La Administración Trump ha reconocido que, de momento, no está dispuesta a otorgar el estatus de protección temporal a los venezolanos. Esto supone que seguirá deportando a todas las personas de esta nacionalidad a un país que, según el Gobierno, está siendo destruido por un tirano.

El reconocimiento público se produce en un contexto de crisis humanitaria que podría obligar a 8,2 millones de venezolanos a desplazarse antes de que termine el 2020 y en el mismo mes en el que las Naciones Unidas han acusado al Gobierno venezolano de matar a miles de compatriotas.

En una carta publicada el martes, el director interino del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, Ken Cuccinelli, reconoció que el Ejecutivo no está dispuesto a otorgar el estatus de protección temporal (TPS) a los venezolanos. «En lo concerniente a Venezuela, el Gobierno de Estados Unidos sigue de cerca la situación en el país», indicaba Cuccinelli en una carta dirigida al líder de la minoría en el Senado, Dick Durbin.

Venezuela se ha convertido en el principal país de origen de los solicitantes de asilo en Estados Unidos. Cerca de 30.000 venezolanos solicitaron protección en 2018.

El programa que concede el estatus de protección temporal está pensado para evitar que los extranjeros sean deportados a países sacudidos por disturbios civiles o por las secuelas de un desastre natural devastador. Sin embargo, la Casa Blanca de Trump tiene el programa en el punto de mira y ha tratado de que no puedan acogerse a él los migrantes de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán.

«Este programa fue creado precisamente para dar respuesta a situaciones como la de Venezuela», señala Charanya Krishnaswami, directora de Amnistía Internacional para América.

Donald Trump se ha presentado como un firme oponente al líder venezolano Nicolás Maduro y el más prominente partidario del líder de la oposición, Juan Guaidó, pero su administración continúa deportando a los venezolanos. Entre octubre de 2017 y septiembre de 2018, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos deportó a 336 ciudadanos venezolanos.

«Al mismo tiempo que el Gobierno señala que necesita hacer un seguimiento más detallado de la situación, el Ejecutivo está calificando a Maduro de matón y ha denunciado la situación de crisis humanitaria que sufren los venezolanos», indica Krishnaswami.

En una respuesta conjunta a la carta del director interino del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, los senadores Durbin y Bob Menéndez señalaron que el presidente «no puede intentar defender dos políticas opuestas». Apuntaban también que no debería alertar a los estadounidenses del peligro de viajar a Venezuela y, al mismo tiempo, obligar a los venezolanos que huyen a Estados Unidos a regresar a su país.

Un representante de la Administración subrayó que «la carta está siendo malinterpretada», y puntualizó que, en última instancia, es «el Secretario de Seguridad Nacional el que toma la decisión de conceder protección temporal a los nacionales de un país».

Néstor Guillén, venezolano residente permanente en Estados Unidos desde 2006, afirma que la disparidad entre el discurso y las políticas de Estados Unidos refleja «hipocresía y oportunismo» por parte de un partido republicano con mentalidad electoral. «Las políticas de protección temporal son la forma más fácil de ayudar a los venezolanos en el corto plazo», puntualizó. La Administración Trump está «vendiendo humo, no prestando ayuda humanitaria».

Según Geoff Ramsey, de la organización Washington Office on Latin America, cuando la Casa Blanca se niega a conceder protección temporal a los venezolanos, «envía un mensaje completamente equivocado a los venezolanos y al resto de América Latina». «Es como si la preocupación de esta administración por los venezolanos terminara en el momento en que salen de su país», lamenta.