La Cámara podría votar este martes el “Dream and Promise Act” (“Ley de Sueño y Promesa”) que beneficiaría a los “dreamers” protegidos por la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y a quienes están bajo el programa de Proteccion Temporal de Estatus (TPS), quienes representan una importante fuerza económica para el país, según diversos estudios.
La agrupación Nueva Economía Americana (NAE, en inglés), una organización bipartidista de defensa de la inmigración e investigación, publicó el “Superando las probabilidades: las contribuciones de los inmigrantes elegibles para DACA y los titulares de TPS a la economía de los Estados Unidos”, donde ilustra su impacto en las economías locales del país.
Destaca que ambos tipos de inmigrantes pagaron $5,100 millones de dólares en impuestos impuestos federales, estatales en 2017 y tienen un poder adquisitivo estimado en $25,200 millones de dólares.
Por separado, los “dreamers” pagaron cerca de $4,000 millones en impuestos, mientras que los llamados “tepesianos” pagaron más de $1,500 millones.
En cuanto a poder adquisitivo, los DACA representan una capacidad de $19,400 millones de dólares, mientras que los titulares de TPS $5,800 millones.
El proyecto de ley impulsado por Lucille Roybal-Allard (D-CA), Nydia Velázquez (D- NY) e Yvette Clarke (D-NY), daría una protección permanente a los beneficiados con esos programas iniciados en el Gobierno de Barack Obama, además de ponerlos en un camino para obtener la ciudadanía. Tiene un respaldo de 232 congresistas.
Otros datos revelados por NAE indican que el 93 por ciento de los “dreamers” están integrados al mercado laboral, así como 94 por ciento de los “tepesianos”, además de que al menos 43,000 elegibles para DACA generan empleos.
“Desde hace años, los ‘dreamers’ y las comunidades que dependen de ellos han estado atrapados en un terrible limbo“, dijo John Feinblatt, presidente de la organización, quien destaca que el Congreso tiene la posibilidad de terminar con este problema.
Un alto porcentaje de estos inmigrantes consideran California, Florida, Georgia, Nevada, Nueva York, Texas, entre otros, como su tierra, lejos de aquellos países donde nacieron, pero donde vivieron hasta muy temprana edad.
El presidente Donald Trump dio fin a los programas DACA y TPS, pero el primero debió reinstalarse por orden de un juez, mientras que el segundo ha sido pospuesto para algunos países, como El Salvador.
El mandatario no se ha expresado directamente sobre este proyecto que avanza en la Cámara, pero ha evitado el tema de los “dreamers” debido a los ligitios en cortes. Incluso no mencionó a estos inmigrantes en su proyecto migratorio cuyos lineamientos presentó el 16 de mayo.
Sin embargo la Oficina Ejecutiva del Presidente dio a conocer una posición oficial de la Administración Trump que rechaza la normatividad.
“Incentivaría y premiaría a los inmigrantes ilegales para que continúen ignorando y socavando los objetivos migratorios clave de la Administración y sus políticas prioritarias como proteger a nuestras comunidades y defender nuestras fronteras”, indica el documento.
Aunque se apruebe en la Cámara de Representantes es posible que el Senado enfrente poblemas para su avance y, de lograrlo, la norma podría ser vetada por el mandatario republicano, siguiendo sus políticas.
“En lugar de enviar una señal que invitará a más personas a ingresar ilegalmente a nuestro país, la Administración insta al Congreso a centrarse en soluciones reales para abordar los problemas dentro de nuestro sistema de inmigración a corto plazo”, indica en referencia a solicitud de recursos para enfrentar la crisis humanitaria en la frontera sur y la construcción del muro.
OMB Press
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OMB Statement of Administration Policy *Update*:
H.R. 6, American Dream and Promise Act of 2019
→ https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/06/SAP_HR-6.pdf …
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