“¿Por qué corre, señora? Ya no está en México”. Claudia Karina Pérez, de 24 años, trata de recuperar el aliento antes de responder a los agentes. Su marido, Walter José Martínez, le da agua. Ambos están sudorosos y jadeantes después de una carrera innecesaria de unas decenas de metros hasta encontrarse con la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. Ella se sujeta el vientre. Está embarazada de cuatro meses. Salieron de Honduras hace un mes y el pasado jueves a las dos y media de la tarde llegaron a El Paso, Texas. Antes de ellos, había llegado una veintena de personas, todas familias con niños. En el rato que tardaron en tomarles sus datos y subirlos a un camión de la policía fronteriza de Estados Unidos, llegaron otros tantos.

En estos días, el río Grande está seco en su tramo de El Paso. El cruce ilegal a Estados Unidos consiste simplemente en situarse en el bulevar Ingeniero Bernardo Norzagaray, en Ciudad Juárez, cruzar la calle y echar a caminar. Se pasa el vado del río y al otro lado ya está uno en territorio de Texas. Sin más. Esto sucede a todas horas en el mismo centro de El Paso, una ciudad indistinguible de Juárez desde el aire. La media diaria en este punto de la frontera es de 680 personas.

EL PAÍS estuvo con la Patrulla Fronteriza el jueves pasado apenas una hora, entre las 13.30 y las 14.30, en ese punto urbano de la frontera. En ese tiempo llegaron alrededor de 50 personas, todas familias con niños, que se entregaron pacíficamente a la policía, algunos después de correr confundidos porque no sabían que estaban ya en EE UU, como los Pérez. En un momento dado, el agente Fidel Baca pregunta: “Ahora, dígame usted, ¿esto le parece una crisis o no?”.

El Paso, en la triple frontera de Texas, Nuevo México y Chihuahua, se ha convertido en la nueva zona cero de la inmigración irregular en la frontera sur de Estados Unidos. Es la zona de la frontera donde se ha disparado de una manera nunca vista la llegada de familias migrantes centroamericanas. El fenómeno comenzó en 2014 años, con una llegada sorpresiva de niños solos que desbordó al Gobierno de Barack Obama. Bajó a mínimos históricos en 2017 y ha repuntado dramáticamente en el último año. En los primeros seis meses de este año fiscal (desde octubre), han sido detenidas 360.000 personas en la frontera sur de EE UU, más del doble que en el mismo periodo del año anterior.

El sector con más detenciones sigue siendo el este de Texas, el valle del río Grande, con 136.000 detenciones en estos seis meses. Suponen un 106% más que en los mismos meses del año anterior. En El Paso, la zona desértica al oeste de Texas, ha habido 71.000 detenciones hasta marzo, pero suponen un aumento del 547%. “Esto es algo a lo que nunca nos habíamos enfrentado en la historia de la Patrulla Fronteriza”, dice el agente Fidel Baca, nacido y criado en El Paso y con 10 años como policía de fronteras. El Paso es el valle del Río Grande hace cinco años. Es San Diego hace 20 años. Ya no quedan pasos tranquilos en la frontera entre EE UU y México.

Las cifras totales están lejos de los máximos históricos. Durante los años noventa era habitual superar el millón de detenciones al año. En el 2000 se marcó un récord con 1,6 millones de detenciones. Eso se hizo con unos 5.000 agentes. Ahora hay 18.000, menos de la mitad de esa cifra, y están desbordados. Pero hay que mirar más de cerca. Lo que ha cambiado es el perfil del migrante. Antes eran hombres solos, mexicanos, que cruzaban para trabajar. Eran detenidos y devueltos inmediatamente a México.

Ahora son familias centroamericanas con niños. El sistema se encuentra con un dilema: no se les puede deportar a México, porque no son mexicanos, y no se les puede mantener detenidos, porque tienen niños. Para desesperación del presidente Donald Trump, solo se les puede soltar con una orden de presentarse ante el juez. Cuando se les pregunta a estas familias, lo reconocen sin problemas, vienen con niños porque piensan que le será mas fácil entrar en Estados Unidos. Esto no resta ni un ápice a los dramas humanos de los que huyen.

“Le están diciendo a la gente que si viene con un niño se va a quedar en Estados Unidos”, advierte Tekandi Paniagua, cónsul de Guatemala en el oeste de Texas. “Deben saber que eso no es ninguna garantía. Tienen una idea equivocada de lo que es el asilo. La situación económica o la violencia generalizada no son razones para concederlo”. Paniagua es tajante: “No arriesguen la vida de los niños, no es una garantía para entrar en Estados Unidos”.

Paniagua visita todos los días las comisarías de la Patrulla Fronteriza y dice que están todas llenas, todos los días. Sin embargo, no ve “una emergencia” que no se pueda resolver simplemente con más recursos. “Es una cuestión de capacidad”. En su labor como cónsul, en estos meses está recibiendo entre 2.200 y 2.500 llamadas de detenidos guatemaltecos a la semana.

El sistema en el valle del río Grande ha tenido cinco años para adaptarse a la situación. Pero el sistema de inmigración en El Paso es un caos estos días. Ha habido que montar tiendas de campaña para albergar a los migrantes. A principios de mes, decenas de familias pasaron la noche bajo un puente de la ciudad, como en una perrera. La situación permitió al jefe interino de la Seguridad de Fronteras, Kevin McAleenan, dar una vistosa rueda de prensa donde dijo que el sistema había llegado a su “punto de quiebre”.

Los hombres solos mexicanos que intentaban cruzar para trabajar “duraban en nuestra custodia dos horas”, relata el agente Baca. “Lo podíamos regresar inmediatamente a México”. Hoy, las familias (al menos un adulto con un niño) son el 53% de las detenciones y los niños solos el 10%. “Como están en nuestra custodia tenemos que cuidar de ellos. Tenemos que darles atención médica, que le está costando millones al Gobierno, y cuatro comidas al día. Con tanta gente en custodia, no tenemos el nivel de agentes que necesitamos para transporte y papeleo”, explica Baca.

La razón por la que esta situación se ha trasladado hacia el oeste, hacia El Paso, es que “la ruta hacia McAllen se ha vuelto más peligrosa”, según la información de Paniagua. Además, “en la comunidad de Ciudad Juárez y El Paso hay una buena coordinación entre Gobierno y sociedad civil y eso es un incentivo”.

Efectivamente, caminando por El Paso no se ve a estos inmigrantes. Cuando salen de la detención se hace cargo de ellos un frágil pero eficiente sistema de acogida que se basa en donaciones y trabajo voluntario. Siempre había dado de sí, pero ahora está desbordado. Rubén García lleva 41 años siendo una parte esencial de ese sistema, como director de la organización no gubernamental Annuciation House en El Paso. Comenzó como una red de iglesias que daban refugio a los inmigrantes irregulares. Ahora ayudan a estas familias cuando salen de la detención. Encuentran a sus familiares en Estados Unidos, los acogen unas horas o unos días y les transportan hasta las estaciones de autobús o el aeropuerto.

Annunciation House solía ser una red de iglesias solidarias. Luego pasó a ser una red de hoteles. Esta semana, García ha inaugurado una nave industrial para poder albergar a la cantidad de inmigrantes que le necesitan. Hasta 1.500 camas de la Cruz Roja se alinean en una antigua fábrica al este de El Paso.

“No sé dónde está la situación fuera de control”, se indigna García. “Gracias al esfuerzo y el apoyo de todos no está fuera de control”. García apoya las demandas de la seguridad fronteriza para que les den más recursos, principalmente, que se construyan centros de procesamiento para que estas personas no esperen detenidas. Igualmente, pide más donaciones para poder hacer frente a los números desde su lado. A pesar de la situación, rechaza tajantemente la visión de frontera salvaje y caótica que se traslada desde la Casa Blanca. “Hablamos de seres humanos. Hay que tratarlos con dignidad y respeto”.

En el plano político, el presidente Donald Trump pinta la llegada masiva de familias centroamericanas como una amenaza para la seguridad. Trump repite que la frontera está siendo asaltada por pandilleros y narcotraficantes. “No hay ninguna razón para pensar que ninguno de estos refugiados es una amenaza para la seguridad”, protesta García, que ve a cientos de ellos diarios.

Los agentes de la Patrulla Fronteriza coinciden. Esta gente no es una amenaza para nadie. El problema es que están creando una distracción que impide vigilar la frontera adecuadamente. “Mientras detenemos a estos niños, los carteles envían a cruzar a los criminales y los narcóticos por otros sitios”, dice el sargento José Luis Martínez. “Ellos ganan”. Las organizaciones que ayudan a los inmigrantes, el Partido Demócrata y la mayoría de analistas hablan de crisis humanitaria. El presidente habla de emergencia de seguridad nacional. “Es una crisis humanitaria combinada con una crisis de seguridad”, opina Martínez, sin meterse en política.