El Gobierno de Donald Trump ha confirmado que, por primera vez en la historia, se activarán los capítulos de la Ley Helms-Burton que permitirán reclamar ante cortes estadounidenses propiedades expropiadas por la Revolución de Fidel Castro en 1959.
Vista panorámica del Malecón en La Habana. Ernesto Mastrascusa EFE
Fuente: http://www.expansion.com / C. Ruiz de Gauna
Su aplicación permitirá a los estadounidenses, incluidos los cubanos nacionalizados, demandar ante tribunales norteamericanos a las compañías que supuestamente se benefician de propiedades en Cuba. La medida pone en peligro el negocio de las compañías extranjeras en el país, en el que destacan firmas turísticas como la cadena hotelera española Meliá.
Tras una rueda de prensa en Washington, la secretaria de Estado adjunta de Estados Unidos para Latinoamérica y el Caribe, Kimberly Breier, ha asegurado que «no habrá excepciones» y que todas las compañías estarán sujetas a la nueva política iniciada por Trump. El cambio que abre la puerta a una avalancha de demandas entrará en vigor a partir del 2 de mayo, cuando vence la última suspensión del polémico capítulo de la Ley Helms-Burton.
Las opciones de denuncias que contempla la Ley Helms-Burton estaban congeladas desde su aprobación en 1996 por la oposición de Europa. Ante el golpe en la mesa de Estados Unidos, la UE ha asegurado que está preparada para proteger los intereses europeos, «incluidas las inversiones europeas y actividades económicas de individuos y entidades de la UE en sus relaciones con Cuba, si estos llegaran a verse afectados», en palabras del portavoz del Ejecutivo comunitario Alexander Winterstein, que recoge Efe.
El representante añadió que la UE reitera «su fuerte oposición a la aplicación extraterritorial de medidas restrictivas unilaterales que considera contrarias al derecho internacional».
Demanda de Europa
La aprobación de la ley provocó hace dos décadasuna demanda de Europa ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) que se retiró después de que Washington se comprometiera a que a que las empresas y personas de la UE que operasen en Cuba quedaran exentas de posibles reclamaciones de individuos y compañías estadounidenses.
El inesperado cambio de opinión por parte de la Casa Blanca deja poco margen de negociación, a apenas dos semanas de su entrada en vigor, y enrarece aún más las tensas relaciones entre Estados Unidos y Europa. A comienzos de mes, la Administración de Donald Trump amenazó con nuevos aranceles por valor de 11.000 millones de dólares a la Unión Europea.
La decisión se tomó a propuesta de Oficina del Representante de Comercio del país y en respuesta de las ayudas públicas recibidas por el fabricante aeronáutico Airbus durante años
Los aranceles afectarán no solo a Airbus y a la industria de la aviación, sino también a productos de alimentación como el queso, el aceite de oliva y el vino. La decisión de Washington contradice la «nueva fase» que ambos pactaron en julio de 2018 para poner fin a sus disputas comerciales.
En el marco de aquel acuerdo, se decidió el fin de los aranceles al acero y aluminio que había aprobado Washington previamente y suspender la imposición de nuevos gravámenes, lo que implicó que la industria automovilística de Europa quedaba libre de las tasas.
Como contrapartida, la UE se comprometió a comprar más soja estadounidense e importar más gas natural líquido, además de reducir algunos aranceles industriales. Bruselas también dio marcha atrás a algunos aranceles que había anunciado como posibles represalias.
Ante la amenaza de nuevos aranceles, el Ejecutivo comunitario se mostró confiado entonces en que la tregua comercial «sobreviviera», pero el nuevo frente de Cuba dificulta aún más cualquier acuerdo.
La decisión de Trump, que se enmarca en las aspiraciones del presidente de recabar el voto de los cubanos nacionalizados en las elecciones del año que viene, pone también en suspenso el sueño de abrir una nueva era en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba que trató de poner en marcha su antecesor, Barack Obama.
Nada más asumir el poder en 2017, Trump dejó claro que «no levantaremos las sanciones hasta que se hagan las reformas fundamentales» y llamó «corrupto» al régimen cubano. Además, dio marcha atrás en algunas medidas aprobadas por Obama, mantuvo en vigor la prohibición para que las empresas estadounidenses hagan negocios con compañías cubanas y limitó de nuevo los viajes de ciudadanos norteamericanos a la isla.
En diciembre de 2014, el presidente demócrata inició un proceso de deshielo que implicó, entre otras cosas, la reapertura de las embajadas de ambos países, el reinicio de las operaciones aéreas y la puesta en marcha de fábricas americanas en suelo cubano. El punto álgido de la nueva era se vivió cuando Obama se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en pisar la isla en casi un siglo.