El canciller Denis Moncada leyó un comunicado en el que ‘ratifica el compromiso del Estado nicaragüense de continuar desarrollando las sesiones de trabajo para avanzar y consensuar la agenda’.
El canciller Denis Moncada leyó un comunicado en el que ‘ratifica el compromiso del Estado nicaragüense de continuar desarrollando las sesiones de trabajo para avanzar y consensuar la agenda’. AFP/Maynor Valenzuela
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Una misión de la OEA llegó este lunes a Nicaragua para analizar su incorporación al diálogo que busca superar la crisis política del país centroamericano, en momentos en que el mismo está estancado por las posiciones opuestas del gobierno y la oposición sobre la liberación de presos y el cese de la represión.
La misión, encabezada por Luis Ángel Rosadilla, vino a «evaluar cómo se desarrolla el proceso de negociación para decidir su eventual participación en el proceso» como garante internacional, afirmó el jefe de la delegación opositora en las negociaciones, Carlos Tünnermann, tras reunirse con el enviado de la OEA.
En la cita, que tuvo lugar en un hotel de Managua, los miembros de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACDJ) explicaron a Rosadilla los motivos por los cuales decidieron suspender su participación en las negociaciones.
«La delegación de la Organización de Estados Americanos (OEA) recibió mucha información de nuestra parte para que puedan hacer su evaluación», dijo el opositor José Pallais.
La oposición anunció el domingo que se retiraba de la mesa hasta que el gobierno de Daniel Ortega diera «muestras contundentes» de querer resolver la crisis, liberando a los opositores que están presos por participar en las protestas del año pasado y cesando la represión.
Tünnerman explicó más temprano a la AFP que la Alianza no se ha retirado definitivamente de las negociaciones, a la espera de que el gobierno demuestre con medidas su buena voluntad de dialogar.
«No es posible que continuemos en la mesa del diálogo mientras fuerzas policiales e incluso parapoliciales siguen capturando gente» y persisten denuncias de malos tratos a detenidos y a sus familias, declaró.
Tünnerman, un exdiplomático, celebró la posible incorporación de la OEA al proceso e insistió en que Ortega puede cesar la represión.
«Eso está en sus manos y (sería) una demostración de que se está en el diálogo para encontrar acuerdos», señaló.
El jefe de la delegación oficial, el canciller Denis Moncada, leyó un comunicado en el que «ratifica el compromiso del Estado nicaragüense de continuar desarrollando las sesiones de trabajo para avanzar y consensuar la agenda».
La representación del gobierno acudió a la sede de las conversaciones en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), sin presencia opositora, pero estuvo el nuncio Waldemar Stanislaw Sommertag, testigo y acompañante internacional de las negociaciones.
El canciller recordó que las conversaciones se establecieron «sobre la base de la confianza, el respeto y la buena voluntad», que considera que «deben prevalecer».
El gobierno reiteró su agenda de cinco puntos, en la que descartó adelantar las elecciones, como exige la oposición, pero ofreció cambios del sistema electoral, actualmente controlado por el oficialismo.
También propone liberar a presos que no han sido juzgados y revisar el expediente de los que han sido sentenciados para no generar «impunidad».
La libertad de presos es una requisito indispensable para la oposición, que considera igualmente que los juicios de los detenidos «deberían ser declarados nulos», según Tünnerman.
El coordinador opositor valoró como «muy importante que la OEA haya decidido hacer acto de presencia en Nicaragua y venga con intención de hablar con ambas partes».
El bloque opositor -que agrupa a empresarios, estudiantes y sociedad civil- propondrá a la OEA que se incorpore como testigo de la negociación, «sin perjuicio que luego sean garantes de los acuerdos que se adopten», dijo Tunnerman.
El diputado del Parlamento Europeo, Ramón Jáuregui, se mostró preocupado por la interrupción del diálogo en Nicaragua y adelantó que prepara una resolución sobre la crisis que será aprobada esta semana.
«Esta noticia trae demasiadas dudas sobre la voluntad del gobierno en las negociaciones», apuntó Jáuregui, quien encabezó en enero una delegación legislativa que visitó las cárceles donde hay manifestantes presos.
Tras denuncias de golpizas a presas en la cárcel, Jáuregui advirtió de «sanciones severas» a Managua si en marzo el gobierno no muestra cambios en la situación de derechos humanos.
Ortega, de 73 años, gobierna desde 2007 y afronta una severa crisis que detonó el año pasado con las protestas contra una reforma al seguro social, que se fueron extendiendo y cuya represión dejó al menos 325 muertos, más de 700 presos y miles de exiliados.
El exmagistrado Rafael Solís, otrora allegado de Ortega, consideró en un escrito divulgado este lunes que en la agenda del gobierno se aprecia que «no quiere un diálogo serio y responsable, sino uno hecho a su medida».
Solís dijo, sin embargo, que la agenda oficial consiste en «una táctica» de negociación de ponerse duros al inicio para ir cediendo después, por lo que no descartó que al final se aprueben las demandas de la oposición.
La «hoja de ruta» aprobada por las partes de la negociación establece como fecha para alcanzar acuerdos el 28 de marzo, aunque deja abierta la posibilidad de ampliar el plazo.
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