Una corte tendrá que aprobar cualquier eliminación de una persona del padrón electoral. GETTY IMAGES
Fuente: http://www.aldiadallas.com
Un juez federal en San Antonio bloqueó a los condados de Texas cualquier intento de retirar votantes del padrón electoral. El estado, desde su Secretaría de Estado, había cuestionado la ciudadanía de decenas de miles de votantes
En un fallo emitido el miércoles, el juez Fred Biery, le dijo al Secretario de Estado que indique a los condados que no están siendo demandados o que no se han abstenido de enviar “notificaciones de revisión” para que dejen de enviarlos . No podrán retirar votantes del padrón sin aprobación de la corte y con pruebas de que la persona no sea ciudadana.
“La Corte concluye que el Secretario de Estado, quizás sin intención, creó todo este lío”, dijo Biery en en su dictamen”.
El fallo es una desautorización total al Secretario de Estado David Whitley, cuya lista de miles de supuestos no votantes ha sido criticada por tener fallas e inconsistencias.
El lunes, el mismo juez Biery, había pedido a otros 10 condados no emprender más acciones para remover personas de los padrones electorales en el marco del intento del estado de revisar la ciudadanía de decenas de miles de electores texanos mientras continúen las demandas.
La semana pasada, ocho condados en una de tres demandas fincadas contra Texas, habían acordado no cancelar registros de electores mientras el litigio continúe.
Al temer que electores legítimos en otra demanda fueran purgados de los padrones, el juez Biery pidió a los administradores electorales de los condados de Angelina, Bandera, Bosque, Brazos, Gregg, Kerr, Victoria, Willacy, Wood y Austin, que también fueron demandados, también aguardar.
Los abogados de los demandantes habían pedido a la corte bloquear la tentativa de Texas de revisar la ciudadanía de miles de electores alegando que es anticonstitucional e infringe los derechos electorales de sus clientes, ciudadanos naturalizados.
Plan confuso del estado
Coincidió con el argumento del estado de que debe haber una forma de garantizar que los no ciudadanos no voten, pero calificó de “confuso” el plan del estado y dijo que “pudo haber sido formulado de otra forma”.
“Tiene que ser hecho de manera apropiada y no con mano pesada”, dijo Biery. “Parece que el lanzamiento inicial no fue muy delicado; más bien parece que fue hecho con un mazo”.
Al final los demandantes compararon la acción con una “gigantesca excursión de pesca” que debería ser cancelada, y los abogados que la defienden la hicieron ver como ejercicio legal y cuidadoso que los condados echaron a perder remitiendo prematuramente los avisos a los electores.
“Durante la audiencia el estado no dio una razón que justificara una iniciativa tan defectuosa que ha discriminado y continuará discriminando a ciudadanos naturalizados”, dijo Andre Segura, director jurídico de ACLU de Texas y uno de los principales abogados en el caso, después de la audiencia.
“Conservamos la esperanza de que la corte impedirá que esta iniciativa siga poniendo en peligro el derecho de los texanos a votar”.
Los abogados de los inconformes alegaron que la continuación de esta medida resultará en un daño irreparable para sus clientes que puedan ser removidos de los padrones por la forma irregular en que condados de todo el estado estuvieron manejando la verificación.
Dijeron además que la revisión estaba produciendo una carga injustificada para sus clientes, entre los que hay ciudadanos naturalizados, debido a sus países de origen, lo cual viola la constitución.
Pero Todd Disher, uno de los abogados del estado, dijo que la acción no produce un daño irreparable porque el estado expuso diversos medios para que las personas de quien se hubiera cuestionado la ciudadanía pudieran emitir un voto provisional si presentaban comprobantes de ciudadanía.
Aun si la revisión afectara a algunos electores, el daño sería pequeño comparado con el daño hecho a Texas si es emitido un voto ilegal.
La demanda se deriva de una recomendación que el secretario de Estado de Texas David Whitley envió a los condados a finales de enero diciendo que el estado había detectado a 95,000 personas en los padrones electorales de Texas que habían recibido una licencia de manejar estando en el país legalmente pero no siendo ciudadanos.
La nota decía que 58,000 de esas personas habían votado en una o más elecciones desde 1996 y pedía a los condados investigar si no ciudadanos habían estado votando.
Pero organizaciones defensoras de los derechos civiles y defensores de los derechos electorales dijeron que esas cifras estaban erradas y que no tomaban en cuenta a las personas que recibieron su licencia no siendo ciudadanos pero que más tarde se hicieron ciudadanos.
Días después de que se enviara la recomendación, el estado tuvo que avisar a los condados que unas 20,000 personas que ya habían demostrado su ciudadanía ante el estado habían sido puestas en la lista por equivocación.
