La Comisión de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que investiga la corrupción en Guatemala, calificó como una arbitrariedad la orden del gobierno guatemalteco de dar 72 horas para que once de sus funcionarios abandonen el país, y defendió la inmunidad diplomática de su personal.

El portavoz de la CICIG, Matías Ponce, dijo que los funcionarios afectados «son investigadores y litigantes de casos de alto impacto en Guatemala».

Según el comisionado de la CICIG, el abogado colombiano Iván Velásquez, la decisión de Guatemala de no renovar las visas está basada en información «absolutamente falsa», pues los trabajadores que investigan casos de alto impacto en Guatemala «carecen de antecedentes penales», según un comunicado compartido por la Comisión Internacional.

La «única razón expresada tanto por el presidente, Jimmy Morales, como por la canciller, Sandra Jovel» ha sido señalar de «terroristas a esos funcionarios, con investigaciones pendientes en sus países de origen», lo cual es «absolutamente falso», reiteró, e invitó al Gobierno a que dé a conocer información que sustente su hipótesis.

Velásquez defendió que el convenio que creó la Comisión de la ONU establece que «es solamente el comisionado quien puede retirar la inmunidad prevista para los funcionarios internacionales».

La mañana de este martes la Cancillería publicó en el diario oficial que las acreditaciones de los 11 trabajadores quedaron «sin efecto» desde el lunes, por lo que solicitó la devolución de sus carnés de identificación que les fueron otorgados de manera personal e individual a ellos y sus familiares.

La Cancillería añadió que desde la revocación de sus visas en octubre pasado los funcionarios «dejaron de gozar privilegios e inmunidades que en tales calidades les correspondieron».

La directora de Comunicación Social de la Cancillería, Marta Larra, adelantó que cada uno de los funcionarios a quienes les fue revocada la visa «se convierten en un extranjero más, lo que significa que deben responder ante la ley como cualquier ciudadano».

El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, se pronunció en contra de esas medidas y las calificó de «hostigamiento» contra la CICIG y «atentado» contra el Estado de Derecho.

Rodas exigió a las autoridades a dar «marcha atrás a esta decisión» y pidió a la comunidad internacional y a la sociedad guatemalteca que «no se deje engañar» con «demostraciones de falsa soberanía de portavoces de un nacionalismo espurio», pues los verdaderos intereses detrás de la decisión del Gobierno «va contra la población y sus legítimas luchas».

Por su parte, el capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional, Acción Ciudadana, presentó un memorial ante la Corte de Constitucionalidad para que se determine si es procedente la destitución de Jovel por haber «desobedecido» resoluciones anteriores del máximo tribunal, que instaban al Gobierno a resolver las controversias con la CICIG por la vía diplomática con la ONU.

El Frente Parlamentario por la Transparencia y la Democracia admitió estar en «total desacuerdo» con las medidas contra la CICIG porque representa «una violación al compromiso adquirido por el Estado de Guatemala en el acuerdo de creación» del ente.

El pasado 31 de agosto, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, anunció que no renovaría el mandato de la CICIG que está vigente hasta septiembre de 2019, por entender que se ha convertido en una especie de «estructura paralela» similar a las que tiene que combatir en el país.

Días después desconoció a Velásquez como su comisionado y aprovechando que se encontraba en una gira de trabajo en Washington (EE.UU.) le prohibió el ingreso, aunque la ONU aseguró que seguía en el cargo.