Las sanciones que vendrán con la “Ley Nica” impedirían el acceso de Nicaragua a créditos internacionales y ponen en riesgo su participación en acuerdos económicos con Estados Unidos y la Unión Europea.
La Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó la “NICA Act”, una ley que busca limitar el acceso de Nicaragua a préstamos internacionales, un duro golpe para la economía que aumenta las presiones sobre el gobierno de Daniel Ortega.
Fuente: https://elmundo.sv
Con la aprobación el martes por la Cámara de Representantes, la ley conocida como NICA (Ley de Inversión y Condicionalidad de Nicaragua) concluye un largo tránsito por el Congreso estadounidense, con algunas enmiendas, y queda lista para que sea firmada por el presidente estadounidense, Donald Trump.
La ley busca condicionar los préstamos que el gobierno nicaragüense pida a instituciones financieras internacionales a la aprobación de Estados Unidos.
El otro componente de la NICA se refiere a las sanciones a personas vinculadas directamente con el gobierno y que han participado en violaciones de derechos humanos o en abusos de autoridad, explicó a la AFP Manuel Orozco, experto del centro de análisis Diálogo Interamericano.
Según el FMI, la economía nicaragüense sufrirá una contracción del 4% en 2018 después de haber registrado un crecimiento de 4,9% en 2017.
“El objetivo de la presión internacional es que el gobierno se siente a negociar”, estimó Orozco, quien explicó que las sanciones muchas veces tienen impactos diferidos.
Las protestas antigubernamentales, que han dejado 320 muertos según grupos humanitarios, y 198 según las autoridades, se iniciaron el 18 de abril contra una fallida reforma al seguro social, y evolucionaron hacia un movimiento para pedir la salida de Ortega.
La congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen, impulsora de la iniciativa, indicó que con la aprobación “el Congreso dio un salto adelante para responsabilizar a Ortega y sus títeres por los abusos cometidos”.
Para Ros-Lehtinen “Estados Unidos ha respondido al llamado del pueblo nicaragüense y continuará haciéndolo en apoyo de las necesarias reformas electorales y de derechos humanos”.
La congresista había explicado hace semanas que el objetivo de fondo de la ley es que ninguna nación sea “cómplice en permitir que Ortega use dinero internacional para subsidiar sus tácticas represivas”.
“La aprobación de la NICA Act muestra que el Congreso de Estados Unidos no se va a quedar de brazos cruzados mientras el régimen de Ortega continúa su campaña dictatorial de ejecuciones extrajudiciales y de represión contra el pueblo de Nicaragua”, dijo el senador demócrata Bob Menéndez.
“Ese punto de transición”
Para Orozco, este tipo de sanciones “lo que hace es decirle a la comunidad internacional que este es un país que no está en congruencia con las normas internacionales de democracia y de derechos humanos”.
Estas sanciones apuntan a “generar ese punto de transición que necesita un país como Nicaragua”, agregó el experto.
A finales de noviembre EE.UU. aumentó su presión contra el gobierno de Ortega, con sanciones económicas contra dos altos funcionarios, la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, y el asesor de seguridad nacional Néstor Moncada.
Según dijo el gobierno estadounidense cuando se aprobaron estas sanciones, las normas están orientadas a “responsabilizar al régimen de Ortega por las protestas violentas y la corrupción generalizada que han llevado a la muerte de cientos de nicaragüenses inocentes”.
Ayer el Departamento de Estado de EE.UU. anunció que negará la entrada al país a Roberto José Rivas, expresidente del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua.
Empresarios nicaragüenses piden cambios para salir de crisis
Por su parte la cúpula empresarial de Nicaragua pidió ayer reanudar un diálogo nacional y adoptar reformas democráticas para salir de la crisis que mantiene en vilo al país desde hace ocho meses.
“Sin un acuerdo político, no hay solución de la crisis”, advirtió José Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) tras una asamblea extraordinaria de dos días.
“Estamos urgiendo que se reanude el diálogo, que haya elecciones libres, que cese el estado policíaco y que haya un irrestricto ejercicio de los derechos ciudadanos”, dijo Aguerri en conferencia de prensa.
Los empresarios anunciaron que solicitarán permiso para celebrar una marcha en una fecha que no han definido.
