La familia Díaz Tapasco estaba a punto de ir a dormir. Eran las diez de la noche en el poblado del resguardo indígena de San Lorenzo, en el eje cafetero colombiano. Cuatro hombres encapuchados irrumpieron en la vivienda y descerrajaron a bocajarro al líder comunitario, su esposa y su hijo, coordinador de la escuela.

La hija logró escapar. La matanza se produjo hace unas horas, este viernes, en una zona rural del municipio de Riosucio, en el centro del país, y es el enésimo episodio de una terrible rutina. Cuando se cumplen dos años de la firma de la paz con las FARC, la violencia sigue golpeando a Colombia,

El 24 de noviembre de 2016, el expresidente Juan Manuel Santos y el máximo líder del grupo insurgente, Rodrigo Londoño,Timochenko, pusieron oficialmente fin a más de medio siglo de conflicto armado. Terminó efectivamente una guerra, alrededor de 13.000 combatientes se desmovilizaron, entregaron sus fusiles y se integraron en un partido político.

Pero el sentido último de los acuerdos consistía en impulsar una transición profunda, una nueva etapa de convivencia que, al menos en el campo colombiano, sigue pendiente. Cada organismo maneja sus cifras, pero la gran mayoría coincide en que desde ese día se han perpetrado más de 200 asesinatos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos. Esto es, casi uno cada tres días.

Según el cálculo de la Defensoría del Pueblo, entre el 1 de enero de 2016, en plena fase de negociación, y el pasado 22 de agosto, las víctimas mortales ascendieron a 343.

Naciones Unidas y la Unión Europea, que han acompañado el proceso de implementación de lo pactado con las FARC, han denunciado este sábado que, pese a los indudables avances, la paz, real y tangible, aún queda lejos. Las dos instancias lamentan en un comunicado conjunto «la situación de violencia que siguen viviendo regiones como el Catatumbo, Nariño o el Cauca donde […] las comunidades carecen todavía de garantías fundamentales».

Esos territorios, ubicados en la frontera con Venezuela y en la costa del Pacífico, son el principal escenario de la disputa entre mafias, paramilitares, grupos de guerrilleros disidentes y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la principal organización insurgente aún activa en Colombia. Todos buscan hacerse con el control de las economías ilegales, empezando por el narcotráfico, en un país donde el año pasado los cultivos de coca superaron las 200.000 hectáreas. Es decir, más de tres veces la superficie de una ciudad como Madrid.

Los defensores de los derechos humanos y los líderes comunitarios son el eslabón más débil del ecosistema rural y así lo confirman el representante especial del secretario general de la ONU, Jean Arnault, y el enviado de la UE para la paz, Eamon Gilmore. «Una de las expresiones más negativas de esta violencia es la persistencia del asesinato de líderes sociales», señalan.

El reto, en su opinión, consiste en desplegar el Estado allá donde todavía no lo ha hecho: «Incrementar la presencia de las instituciones estatales para hacer llegar a los territorios los dividendos de la paz a los cuales las comunidades aspiran: seguridad, educación, salud, tierra, infraestructura y oportunidades de desarrollo alternativas a las economías ilegales». «La tarea», continúan, «es inmensa, la articulación de todas las instituciones imprescindible, la contribución de los actores regionales a su propio desarrollo decisiva».

A ese horizonte de inseguridad se añaden las dificultades y los retrasos que han marcado la aplicación de los acuerdos. La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido heredero de la guerrilla, entro en el Congreso, pero está profundamente dividido. Dos de sus principales líderes, el ex número dos de la organización, Iván Márquez, y Hernán Darío Velásquez, El Paisa, están en paradero desconocido en señal de protesta por la detención de Jesús Santrich, otro excomandante que se encuentra a la espera de extradición a Estados Unidos por un delito de narcotráfico.

Aunque Timochenko se muestra fiel al compromiso que asumió personalmente con Juan Manuel Santos, en una carta remitida ayer a Arnault resalta que «han sido muy reducidos los avances alcanzados en la implementación del acuerdo de paz, en particular en lo tocante al tema del acceso a la tierra».

El Gobierno del nuevo presidente, Iván Duque, quien ganó las elecciones con la promesa de modificar los acuerdos de La Habana, ha evitado conmemorar el segundo aniversario de la firma. El mandatario, no obstante, se refirió a la matanza de Riosucio y al asesinato de un niño de 13 años en la Comuna 13 de Medellín, antiguo territorio del cártel de Pablo Escobar.

«Nos duele, nos toca el alma y le he pedido al ministro de la Defensa que tenemos que buscar la captura de quienes están detrás de ese terrible horrible crimen, que nubla ese territorio de paz y comunidad ancestral», enfatizó. «Esos hechos son los que queremos que no se sigan repitiendo en el país y por eso tenemos que trabajar articuladamente el Estado y la ciudadanía para denunciar y sancionar».