En el caso de que Alan García se refugiara en algún otro Estado, en el caso que salga hacia Uruguay, Perú podría «hacer el reclamo pertinente e incluso llegar a pedir su extradición», señaló el excanciller uruguayo Didier Opertti.
Alan García pidió el sábado en la noche un asilo diplomático a Uruguay alegando una persecución política en su contra. (Foto: USI)
Fuente: https://gestion.pe
El expresidente de Perú Alan García (1985-1990 y 2006-2011) podría elegir entre quedarse en su país o mudarse a otro Estado, «no necesariamente a Uruguay», si este decide concederle el asilo diplomático, explicó el excanciller uruguayo y abogado Didier Opertti (1998-2005).
«El Gobierno peruano puede, en cualquier momento, exigir que el exiliado sea retirado del país. En ese caso, Uruguay tendría que, contando con el salvoconducto necesario que le tiene que proveer la autoridad peruana, retirarlo de la embajada e ir a territorio extranjero», detalló a Efe.
En ese sentido, remarcó que para el integrante del Partido Aprista este escenario se daría solo si el Gobierno de Perú lo exigiera.Si no fuera así, el Estado uruguayo sería el encargado de decidir si continuaría asilado en la embajada o si se demandaría el salvoconducto para el considerado «perseguido».
Asimismo, en el caso de que García se refugiara en algún otro Estado, Perú podría «hacer el reclamo pertinente e incluso llegar a pedir su extradición», añadió el también diplomático, de 81 años.
Sin embargo, de momento, el Gobierno uruguayo le otorgó a García, de 69 años, apenas un «amparo provisional» mientras estudia el caso, una «primera medida tomada en caso de urgencia» y que no impide de ninguna forma un análisis de la situación «tomando en cuenta las informaciones aportadas por el Gobierno de Perú».
«Habrá un pronunciamiento sobre si fue un delito por el cual se le persigue o se le incrimina, la naturaleza del delito, y todo ello debe ser tomado en cuenta, ya sea para continuar el asilo o exigir el salvoconducto para la persona que está dentro de la sede diplomática», manifestó.
En este caso, la decisión definitiva deberá ser tomada por el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, junto al ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, quienes podrán nutrirse de informes elaborados por la cancillería acerca del caso.
Esta decisión no cuenta con un plazo establecido en la Convención de 1954, por lo que ahora se «abre un espacio de consulta de negociación diplomática, de relacionamiento político», según Opertti.
