Delegación del Gobierno en las conversaciones con el movimiento sindical. Archivo
Fuente: http://www.elpais.cr
El Gobierno de Costa Rica reiteró hoy su disposición a dialogar con el movimiento sindical para poner fin a la huelga y posteriormente negociar sobre el plan fiscal que se discute en la Asamblea Legislativa.
El anuncio lo hizo el ministro de Trabajo, Steven Núñez, luego de conocer que la mayor parte de los sindicatos que participan en el paro rechazaron levantar la huelga.
Este domingo a las tres de la tarde venció el plazo acordado por el Gobierno con la Unión Sindical de reunirse nuevamente con la mediación de la Iglesia Católica en la Casa Arzobispal de San José.
El alto funcionario informó que el Gobierno negociará con las organizaciones que levanten la huelga.
Asimismo, dijo que en caso de que varios sindicatos como la ANEP y las organizaciones del Magisterio Nacional el Ejecutivo deberá cumplir, por ley, con lo que ordenen los juzgados de trabajo.
La mañana de este domingo, el secretario general del sindicato Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), anunció que todas las bases de la organización “rechazaron contundentemente el documento que se presentó a consulta” de las mismas.
Dijo que el movimiento de huelga contra el plan fiscal “rebasó todas las fronteras gremiales”, ya que supuestamente cuenta con el apoyo de las comunidades y de otras organizaciones como agricultores..
Además, no descartó “la confrontación social en las próximas horas” a causa del proyecto fiscal.
Está previsto que la próxima semana el Plenario del Congreso discuta y vote un paquete de 368 mociones al proyecto de ley para que la reforma sea sometida a la primera de dos votaciones necesarias, durante el mes de octubre.
Durante el proceso de diálogo, que abarcó 8 días de extensas reuniones, el Gobierno solicitó que se depusiera la huelga para establecer la mesa de negociación multisectorial, pero no estaba dispuesto a detener el trámite de la reforma en el Congreso.
Sin embargo, los sindicatos exigían que se retirara la reforma y que en la mesa de negociación se redactara un nuevo proyecto que fuera “justo y solidario”.
Una treintena de instituciones públicas solicitaron de manera individual a los tribunales de Trabajo la ilegalidad de la huelga, y hasta el momento hay 10 fallos de ilegalidad y uno de legalidad.
La reforma fiscal, que recaudaría cerca del 1,2 por ciento del producto interno bruto (PIB), busca paliar el déficit fiscal proyectado al 7,1 por ciento del ingreso total nacional previsto para 2018 y además frenar el crecimiento de la deuda que este año superará el 50 por ciento del PIB.
El Gobierno considera urgente la reforma para generar confianza y credibilidad en los mercados crediticios y tener acceso a financiación a tasas y plazos más cómodos.
La reforma fiscal tiene como punto estrella la conversión del impuesto de ventas del 13 por ciento en uno de valor agregado (IVA) de la misma tasa pero que gravará los servicios y de manera diferenciada algunos productos que antes estaban exentos.
También incluye cambios en el impuesto sobre la renta, renta de capital, renta global y medidas para reducir el gasto público, como por ejemplo la disminución de pluses salariales.
Los sindicatos aseguran que el proyecto afectará más a las personas de las clases medias y bajas, algo que el Gobierno niega al asegurar que el 80 por ciento del dinero fresco que se percibirá con la reforma provendrá del 30 por ciento de la población con mayores ingresos.
Las mayores afectaciones durante la huelga se concentran en el sector educación con un apoyo de alrededor del 70 por ciento, y en el de salud, especialmente las salas de operaciones que registran una afectación del 50 por ciento, según el Gobierno.
