Mientras el Gobierno y sindicatos reanudan las negociaciones para poner fin a una huelga en contra de la reforma fiscal que la actual administración ha propuesto para paliar el déficit, la crisis de Nicaragua ha puesto a prueba a la burocracia migratoria de Costa Rica.
El ministro de Trabajo, Steven Núñez, se reunió ayer con representantes de los sindicatos y con la mediación de la Iglesia católica, en la quinta sesión de las negociaciones que buscan poner fin a una huelga que ha afectado a la economía nacional del país centroamericano.
A pesar de la presión gubernamental, los sindicatos mantendrán la huelga indefinida y han anunciado una manifestación masiva en la capital del país para mañana.
La huelga tuvo lugar porque los sindicatos rechazan la reforma tributaria que ha propuesto el Gobierno, puesto que consideran que afectará en mayor medida a las clases media y baja, debido a que grava la canasta básica con un 1 por ciento de impuesto al valor agregado (IVA), informa la agencia Efe .
Por otro lado, la crisis en Nicaragua, que se desató el pasado 18 de abril, ha provocado que muchos nicaragüenses abandonen masivamente el país y muchos se dirigen hacia su vecino del sur.
‘Hago un llamado a la calma, a la paz, a actuar con prudencia, a no caer en provocaciones o llamados al odio’, dijo el presidente Carlos Alvarado en referencia al grupo de manifestantes que a finales de agosto gritaron consignas contra los inmigrantes de Nicaragua, reporta el diario New York Times .
La canciller de Costa Rica, Epsy Campbell Bar, ha advertido que la crisis de su vecino podría tornarse ‘demasiado grande para un país con condiciones como las de Costa Rica’.
Más de 24,000 nicaragüenses han pedido solicitud de asilo en Costa Rica, una cifra superior a las 6,300 personas de diversas nacionalidades que buscaron lo mismo en 2017.