Guillermo Fernández Maldonado./AFP
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La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) dijo hoy en Managua que ha encontrado obstáculos para realizar su misión en el marco de la crisis de Nicaragua, principalmente por la falta de colaboración del Gobierno cuando se trata de investigar a víctimas no oficialistas.
“Esta labor que realizamos ha encontrado obstáculos, no hemos recibido respuestas a las solicitudes de información, no hemos podido tener acceso a los centros de detención, salvo en una ocasión en junio, no hemos podido realizar misiones al terreno fuera de Managua”, dijo el coordinador de la misión de la ACNUDH, Guillermo Fernández Maldonado, en una conferencia de prensa.
Este miércoles la ACNUDH emitió en Ginebra un informe en el que señala al Gobierno de Nicaragua por el “uso desproporcionado de la fuerza por parte la policía, que a veces se tradujo en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, y obstrucción del acceso a la atención médica”, entre otras violaciones a los derechos humanos, contra cualquier persona que opine distinto al Ejecutivo.
Desde su arribo en junio pasado, el Gobierno únicamente ha colaborado con la ACNUDH al entregarle 40 denuncias de violaciones y abusos contra policías y miembros del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), dijo Fernández.
“El centro de la actuación de la justicia está sólo para un lado. No hemos encontrado investigaciones respecto del otro lado, de los actos cometidos por la Policía o grupos armados progubernamentales”, sostuvo Fernández, quien lamentó la “inacción” de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
Hasta ahora el Gobierno de Daniel Ortega no ha facilitado información que permita hacer justicia frente a violaciones de derechos humanos, como “detenciones arbitrarias o ilegales con carácter generalizado, frecuentes malos tratos y casos de torturas y violencia sexual en los centros de detención, violaciones a las libertades de reunión pacífica y expresión”, según la ACNUDH.
Fernández resaltó que, aunque el Gobierno nicaragüense insiste en que enfrenta un golpe de Estado, no facilitó información ni respondió solicitudes “que ratifiquen esa visión”.
Al contrario, “desde la perspectiva de derechos humano sí hemos encontrado una serie de acciones que están en contra del derecho internacional”, añadió.
Al menos 300 personas han fallecido en la crisis desde abril pasado, muchas de las cuales participaran en protestas en su mayoría pacíficas, hasta que eran atacados por policías y grupos progubernamentales, indicó la ACNUDH.
“No sólo debe investigarse a quien cumple la orden, sino a quien emite la orden, la investigación debe abarcar toda la cadena de mando, y hay largas experiencias en la región en ese sentido”, advirtió.
“Hay una violación, el responsable es el Estado y tiene que tomar medidas, y hay un delito que tiene que ser investigado en el marco del debido proceso, y ahí establecer responsabilidades”, insistió Fernández.
El informe de 47 folios, titulado “Violaciones de Derechos Humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua”, servirá para que el Consejo de Derechos Humanos y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidan, en septiembre próximo, sobre posibles resoluciones que busquen una saluda a la crisis nicaragüense.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado, por unas reformas de la seguridad social, que finalmente fueron retiradas, y se convirtieron en la exigencia de que renuncie el mandatario, después de 11 años en el poder, entre acusaciones de abuso y corrupción en su contra. EFE
