El informe, presentado el 21 de julio pasado, apoya a quienes están amparados bajo el programa conocido como DACA, por sus siglas en inglés), que ha protegido de la deportación a unos 800,000 jóvenes inmigrantes indocumentados y les ha dado permisos de trabajo.
“Si vemos en la economia de Houston, son dos billones de dólares americanos que se pueden perder si los que tienen DACA aquí se van”, explicó a MundoHispánico Alberto Cárdenas, quien trabaja para el bufete de abogados Vinson and Elkins, que representa a la cámara de comercio de Houston.
Otras cámaras de comercio de ciudades como Austin, El Paso y San Antonio, así como la Asociación de Negocios de Texas respaldan las conclusiones del estudio y dicen que el impacto de la cancelación del programa sería de “seis billones de dólares en todo Texas”.
“Si tuviéramos que eliminar DACA, tendríamos que deportar a las 126,000 personas que tienen trabajo aquí en Texas”, dijo Cárdenas.
Según datos del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), en cantidad de jóvenes inmigrantes, conocidos como “soñadores”, está California, con 242,339.
Cárdenas explicó a MundoHispánico que el informe se basa, en parte, en datos y estadísticas de diversas fuentes, incluida la Reserva Federal y la Alianza para una Nueva Economía Estadounidense.
El experto en inmigración también hizo hincapié en que algunos beneficiarios de DACA se emplean en puestos que son críticos para la sociedad.
“Vimos esto durante el huracán Harvey, donde vimos socorristas que son ‘soñadores’, que están ayudando a otros y salvando vidas”, dijo el abogado. “Los vemos en el Texas Medical Center como enfermeras calificadas, técnicos calificados, los vemos en bufetes de abogados como el mío trabajando, trabajando en todo tipo de facetas de nuestra economía “.
Siete estados presentaron el primero el primero de mayo pasado una demanda contra el gobierno federal para eliminar el programa DACA. La acción legal es liderada por el procurador general de Texas, Ken Paxton, y cuenta con el respaldo de los fiscales de Alabama, Arkansas, Louisiana, Nebraska, Carolina del Sur y West Virginia.
La demanda es una respuesta a la decisión de dos jueces federales que suspendieron una orden ejecutiva del presidente Donald Trump de terminar con DACA. A principios de año, un juez federal de Nueva York dictaminó que el gobierno de Trump no ofreció los “argumentos jurídicamente adecuados” para poner fin a dicho programa.
El juez Nicholas Garaufis dijo que el gobierno se basó en una creencia “errónea” de que el programa DACA era inconstitucional. Otro juez de San Francisco había previamente suspendido el programa.
El secretario de Justicia de Trump, Jeff Sessions, había dicho que la decisión del entonces mandatario Barack Obama para implementar DACA constituyó un ejercicio de autoridad inconstitucional.
El juez también ordenó que el gobierno de Trump permita que las personas que ya pertenecen al programa DACA sigan recibiendo protección y rechazó extenderlo para acoger nuevos solicitantes
