“La política pública de protección social puesta en práctica en Honduras, basada en el esquema de las transferencias monetarias condicionadas y con enfoque de asistencia social, no presenta evidencias de estar contribuyendo a la reducción de la pobreza”, destaca el informe, financiado por Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
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El bono, añade el documento, “ha sido altamente politizado desde la selección de sus beneficiarias, siendo, hasta ahora, uno de los instrumentos más importantes en la promoción electoral del partido político en el Gobierno”.
Fuente: https://www.elnuevodiario.com.ni
La pobreza en Honduras aumentó 1.5 puntos porcentuales entre 2014 y 2017 pese a una inversión de más de 4.201 millones de lempiras (US$174 millones) que el Gobierno destino a financiar el Programa Bono Vida Mejor, según un estudio divulgado ayer en Tegucigalpa.
“La política pública de protección social puesta en práctica en Honduras, basada en el esquema de las transferencias monetarias condicionadas y con enfoque de asistencia social, no presenta evidencias de estar contribuyendo a la reducción de la pobreza”, destaca el informe, financiado por Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
El estudio, titulado “Programa Bono Vida Mejor: Una valoración sobre sus alcances, desde la perspectiva de los derechos de las mujeres”, fue realizado en 2017 por el Centro de Estudios para la Democracia, la organización intibucana de mujeres Las Hormigas y el Centro de Estudios para la Mujer.
El informe fue presentado este martes a diversos sectores por Delia Núñez, quien dijo a Acan-Efe que “se ve un incremento en el porcentaje de pobreza” en Honduras, es decir que subió de 62.8% en 2014 a 64.3 en 2017, según cifras oficiales, pese a la inversión en el Programa de Transferencias Condicionadas (TMC) Bono Vida Mejor que promueve el Gobierno.
Las estadístiicas
El 43,7 por ciento de los más de 9 millones de hondureños viven en pobreza y 23.3% en pobreza extrema, señaló Núñez, quien afirmó que el programa requiere “hacer más esfuerzos para generar una reducción de la pobreza y que sea sostenible”.
Las familias beneficiarias reciben cuatro pagos bajo el esquema de (TMC) y los obliga a participar y llevar a sus hijos a cumplir con los programas de salud, estudio, nutrición y otras actividades.
El 66% de los recursos del programa es financiado mediante créditos con organismos internacionales y el restante 34 por ciento con fondos estatales, señala el estudio.
“Ese esfuerzo nacional es limitado, esto plantea el carácter insostenible de esta política de protección social y de su lucha contra la pobreza”, enfatiza.
El bono, añade el documento, “ha sido altamente politizado desde la selección de sus beneficiarias, siendo, hasta ahora, uno de los instrumentos más importantes en la promoción electoral del partido político en el Gobierno”.
