El Fondo México Americano para la Educación y Defensa Legal (MALDEF) pidió el lunes en una carta al Departamento de Seguridad Nacional que reabra la investigación sobre presuntos abusos sexuales a dos hispanas en un centro de detención de inmigrantes en Texas.
A finales del 2017, Laura Monterrosa-Flores y S.G.S., quien declinó revelar su identidad ante posibles represalias, alegaron que habían sufrido abusos mientras estaban detenidas en el Centro Residencial T. Don Hutto en Taylor, en Texas.
Según la misiva de MALDEF, las autoridades ignoraron la primera petición de investigación, en contra de la Ley de Eliminación de la Violación en las Prisiones (PREA, por sus siglas en inglés), y permitieron que los empleados señalados mantuvieran su actividad habitual en las instalaciones.
“El gobierno deja claro que no busca corregir los abusos en los centros como el de Hutto, donde solo hay mujeres y que tiene un largo historial en estos casos”, explicó la consejera regional para el Suroeste de MALDEF, Celina Moreno.
Además, advirtió de que la situación será incluso “peor”, debido a la política de “tolerancia cero” que el presidente Donald Trump aplica en la frontera, con el aumento del número de detenciones de inmigrantes que tratan de entrar al país a través de México.
Una de las dramáticas consecuencias que generan estas medidas migratorias es la separación de los niños de sus familias, tras aplicar cargos penales a todos los adultos que atraviesan la frontera y que, por tanto, son enviados a prisión.
“En primer lugar, el Gobierno no debería separar a las mujeres de los niños y además de este horror, las traumatiza más aún enviándolas a centros como Hutto, con un largo historial de abusos, donde queda demostrado que no hace nada por protegerlas”, añadió.
Por su parte, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) declinó hacer comentarios al respecto.
En el Centro Residencial T. Don Hutto, un agente de inmigración federal fue despedido en el 2007 por tener relaciones sexuales con una mujer detenida en su celda, y en el 2009 varias detenidas acusaran a otro empleado de presunta agresión sexual durante los desplazamientos.