El gobierno federal lidiaba el jueves con las consecuencias de la decisión del presidente Donald Trump de dejar de separar a las familias en la frontera, sin contar con un plan para reunir con sus padres a los más de 2.300 niños ya separados de ellos, y con la inacción del Congreso para aprobar una reforma migratoria.
En un día lleno de confusión y reportes contradictorios, el gobierno comenzó a elaborar planes para albergar hasta 20.000 migrantes en bases militares. Sin embargo, las autoridades dieron versiones contradictorias sobre si esas instalaciones serían únicamente para menores o para familias enteras.
Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia acudió a la corte para intentar revocar un acuerdo concretado hace décadas que limita a 20 días la cantidad de tiempo que los niños migrantes pueden estar detenidos con sus familias.
Mientras tanto, alcaldes demócratas y líderes religiosos viajaron a la frontera sur para incrementar la presión sobre las duras políticas migratorias de la Casa Blanca.
Y en la ciudad fronteriza de McAllen, en Texas, los fiscales federales no presentaron cargos contra 17 inmigrantes. Un fiscal federal dijo que “no se buscó un enjuiciamiento” tras la orden ejecutiva de Trump que puso fin a la práctica de separar a las familias.
No estaba claro si ello significaba que el gobierno de Trump está abandonando su política de “cero tolerancia”, la cual exige que todos los adultos que sean detenidos por ingresar al país de manera ilegal sean procesados judicialmente.
El presidente no respondió a la pregunta de manera directa pero no mostró ningún indicio de haber relajado su postura.
“Tenemos que ser muy, muy fuertes en la frontera. Si no lo somos, ustedes estarán inundados de personas y realmente no tendrán un país”, indicó el mandatario.
La confusión e incertidumbre se derivan del abrupto final el miércoles de una política de la Casa Blanca que separó a más de 2.300 niños de sus padres en las últimas semanas. La práctica provocó indignación en muchas partes del mundo, con imágenes y grabaciones de niños llorando que acapararon los noticiarios.
Luego de que Trump firmara su orden ejecutiva, muchas preguntas permanecían sin respuesta, como por ejemplo qué pasara con los menores que ya fueron separados de sus padres y dónde albergará el gobierno a los nuevos migrantes que sean detenidos, con un sistema que ya está saturado.
Las autoridades del Departamento de Defensa y del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés) dijeron que el Pentágono aceptó habilitar espacio en sus bases militares para albergar hasta 20.000 niños migrantes que sean detenidos tras haber cruzado la frontera sur de Estados Unidos sin compañía de un adulto.
No está claro qué bases se usarán. Pero el HHS ha evaluado las instalaciones de cuatro bases militares: el Fuerte Bliss y las de la Fuerza Aérea Goodfellow y Dyess, en Texas, además de la base de la Fuerza Aérea de Little Rock, en Arkansas.
El Departamento de Justicia pidió a un juez federal cambiar las normas relacionadas con la detención de niños migrantes, con la intención de que se otorgue un permiso para detenerlos por más tiempo que los 20 días permitidos, esto como un esfuerzo para mantenerlos con sus padres.
Por otra parte, los alcaldes de unas 20 ciudades estadounidenses se reunieron en un centro de detención para niños migrantes en la ciudad fronteriza de El Paso, Texas. Los alcaldes acusaron a Trump de no abordar una crisis que él mismo provocó.
Pidieron la reunificación inmediata de los niños migrantes con sus familias.
“Esta es una crisis humanitaria”, aseveró Jenny Durkan, alcaldesa de Seattle.
En Washington, la Cámara de Representantes rechazó un proyecto de ley conservador el jueves y los líderes republicanos postergaron una votación sobre un proyecto republicano distinto, dada la división que hay entre los legisladores de su partido. Los demócratas se opusieron a ambas medidas.
El proyecto de ley rechazado habría reducido la inmigración legal y reforzado la seguridad fronteriza, pero no habría permitido que las personas que llegaron ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños, conocidas como “dreamers”, obtuvieran un procedimiento para optar por la naturalización.
Silvia Fierro, de la ciudad de El Paso, Texas, protesta junto a otras personas mientras un grupo de alcaldes estadounidenses realizan una conferencia de prensa afuera de un centro de detención para niños migrantes en Tornillo, Texas, cerca de la frontera con México, el jueves 21 de junio de 2018. Andrés Leighton AP Foto
