La lucha contra la ley “anti-santuario” de Texas no ha terminado, dijeron este miércoles abogados y activistas, quienes prometieron monitorear la aplicación de la medida que continúan definiendo como “una ley racista y discriminatoria”.

El martes, un trío de jueces del Quinto Circuito de Apelaciones levantó una orden previa contra la ley y estableció que, probablemente, buena parte de la medida es constitucional.

“Es decepcionante que estos jueces no hayan podido discernir los problemas legales que presentan el lenguaje y la aplicación de esta medida”, dijo Thomas Saenz, presidente del Fondo Méxicoamericano para la Defensa Legal (MALDEF), organización involucrada en la demanda contra el estado de Texas.  

Saenz acotó que “aún hay mucha oportunidad de desarrollar la demanda, ya que esta decisión solo tuvo que ver con una orden de restricción y no con la legalidad de la ley en sí”.

Sin embargo, la decisión del tribunal significa que la SB4, como también se la conoce, entra en vigor de inmediato.

Esto significa que las órdenes de arresto de ICE o ICE “detainers” que reciben las agencias policiales son obligatorios a diferencia de lo que ocurre en California, donde la ley estatal limita de diversas maneras la colaboración con los mismos.

Pero, según indicó el abogado Efrén Olivares, del Texas Civil Rights Project, la ley de Texas no está por encima de la constitución.

“Diversos tribunales han fallado contra los llamados “detainers”, dijo Olivares.  “Esto quiere decir que todo va a depender de cómo se aplica y vamos a estar muy vigilantes al respecto”.

Varias cortes han dictaminado que una localidad puede terminar pagando un precio por detener a extranjeros bajo su custodia sólo porque exista una solicitud o “detainer” de ICE.  Otras cortes han dicho que la policía no puede detener a una persona únicamente porque hay una orden de ICE, y solo si hay sospecha de un delito.

“La policía no puede iniciar el arresto de un inmigrante para entregarlo a ICE”, dijo Olivares. “Aunque hemos visto aquí en Texas que en ocasiones paran a alguien y se retrasan en liberar a la persona para que llegue ICE”.

José Garza, director ejecutivo del Workers Defense Project, una organización activista de la comunidad, dijo que esta decisión solo servirá “para que este movimiento ciudadano aumente”.

“Lucharemos en las calles, los tribunales y las urnas electorales”, dijo Garza.

El Quinto Circuito es el más conservador del país y la jueza que escribió la decisión, Edith Jones,tiene una larga y controversial historia en la magistratura y al menos una investigación ética en su contra por expresar ideas racistas.

La ley SB4  permite a policías locales actuar como agentes migratorios pidiendo papeles a detenidos, incluyendo en centros universitarios y obliga a autoridades locales a colaborar con los llamados “ICE detainers”, ordenes que algunos tribunales han dictado como ilegales.

Su versión original llegaba a multar a agentes de la ley por no colaborar con solicitudes del gobierno federal o por expresar sus ideas al respecto, pero la decisión del tribunal de apelaciones sostuvo la prohibición de aplicar estas cláusulas.