Suspender las patentes de las vacunas y asegurar un acceso equitativo, especialmente en los países empobrecidos.

Ha llegado el momento de suspender las patentes de las vacunas de la covid-19. No podemos seguir dando vueltas ni retrasando una decisión que el mundo pide a gritos. Cada día, cada hora, cada minuto de retraso en la toma de decisiones cuesta vidas.

Tras casi un año y medio de pandemia y cerca de tres millones y medio de muertes en el mundo, parece que la comunidad internacional comprende que tenemos un problema obvio con la producción y distribución de las vacunas, nuestra gran esperanza para acabar con esta pandemia.

Necesitamos alrededor de 11.000 millones de dosis en el mundo y hasta la fecha solo se han administrado unos 1.200 millones. La mayoría de ellas, por supuesto, en el hemisferio norte, en donde la mayor parte de los países se proponen en tener el 70 % de su población totalmente vacunada para el verano. Por el contrario, los procesos de vacunación apenas están arrancando en grandes regiones de África o tienen ritmos muy lentos en muchos países de América Latina.

Al ritmo actual, gran parte de la población en los países de menor renta tendrá que esperar hasta 2024 para ser vacunada. Iniciativas solidarias como COVAX (que pretende vacunar tan solo al 20 % por ciento de la población en los países pobres que son elegibles para recibir su apoyo) o la donación de excedentes de vacunas de los países ricos que han acordado la compra de más dosis de las que necesitan, son medidas insuficientes para alcanzar la inmunidad global y hacerlo lo antes posible; y, sobre todo, para sentar las bases de una solución sostenible que nos permita estar preparados para lidiar con nuevas pandemias en el futuro.

Brecha en la vacunación

Esta brecha en la vacunación supone una vulneración flagrante del derecho humano a la salud de millones de personas en el mundo. Además, supone un riesgo enorme para acabar con esta pandemia: cuanto más se alargue en el tiempo, más opciones tendrá el virus para el desarrollo de nuevas cepas que pondrán en peligro la efectividad de las vacunas actuales y, en consecuencia, la vida de millones de personas. Solo hay que levantar la mirada y ver lo que está pasando en India para comprender la gravedad de esta dramática situación.

Las patentes que compañías como Pfizer, Moderna o AstraZeneca tienen sobre las vacunas —desarrolladas, por cierto, gracias a ingentes cantidades de dinero público— les otorgan monopolios que les permiten negociar con los países de manera individual, imponer precios abusivos, llegar a acuerdos de producción con terceros fabricantes que consideren oportunos y establecer los ritmos de producción que les convengan según sus intereses comerciales.

Ante una crisis sanitaria mundial, la comunidad internacional no puede mantener el status quo. Por eso, la suspensión de las patentes de vacunas, medicamentos y diagnósticos para la covid-19 supondría un primer paso y una condición necesaria para poder incrementar la producción de vacunas de forma masiva en todo el mundo.

Esta medida fue propuesta por India y Sudáfrica en octubre pasado en el seno de la Organización Mundial del Comercio. Desde entonces, la iniciativa ha rebotado de un lado a otro en negociaciones poco concisas y que se posponían en el tiempo por el bloqueo de los países ricos (EEUU, Australia, Brasil, Canadá, Japón, Suiza, Noruega, Reino Unido y la UE en bloque), posicionados en el lado de la industria.

El clamor internacional, pese a todo, crecía enormemente y centenares de parlamentarios, expresidentes y primeros ministros, premios Nobel y la mayor parte de la sociedad civil, mostraban su apoyo a la propuesta.

El movimiento histórico de EE UU

Hace dos días, en un movimiento histórico, la Administración Biden-Harris anunciaba que EE UU se posicionaba a favor de la suspensión de patentes de las tecnologías sanitarias para la covid-19, dando un vuelco al curso de los acontecimientos.

En las últimas horas la presidenta de la Comisión Europea se ha mostrado dispuesta a debatir la propuesta y el Gobierno de España, a través de un documento preparado para la cumbre europea que se celebra los próximos dos días en Oporto, ha mostrado su apoyo oficial a la posición de EE UU y pide “un consenso urgente sobre la propuesta de levantar temporalmente ciertas obligaciones aplicables bajo los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio”.

El movimiento de EE UU llega tarde, pero llega. Y esta provocando un pequeño seísmo que puede decantar la balanza del lado de la salud pública y los intereses de la ciudadanía. La UE y el resto de los países que han bloqueado hasta ahora la iniciativa no tienen que impulsar el debate porque  el debate ya está ahí desde hace meses.

Los países deben apoyar esta propuesta y acordar un texto sólido lo antes posible (el próximo Consejo General de la Organización Mundial del Comercio tendrá lugar en junio), que permita hacer operativa la suspensión temporal de la propiedad intelectual y donde se tendría que dar respuestas a cómo se desarrollará la transferencia de tecnología o qué mecanismos hay que poner en marcha para apoyar a la capacidad de producción, especialmente en los países de desarrollo.

Las quejas de las farmacéuticas

Estos días escucharemos a la industria farmacéutica argumentar cómo sin patentes perderán el incentivo para la investigación de nuevos medicamentos y que habrá consecuencias negativas de cara al futuro.

Dirán también que el anuncio de EE UU ha supuesto ya una caída en bolsa de las principales compañías farmacéuticas. Sin embargo, debemos fijar nuestra atención en otros datos: en cuántas vidas se podrán salvar si las vacunas llegan a todas las personas en el menor tiempo posible; o en cómo acelerar la inmunización global ayudará a reactivar el comercio internacional, el tránsito de personas y, en general, la economía mundial.

De lo que estamos seguros es de que las empresas farmacéuticas no hablarán de la enorme cantidad de dinero público que han recibido para desarrollar las vacunas sobre las que tienen un total control o de los millones de beneficio ingresados desde el comienzo de la pandemia.