Red de narcotráfico operó por nueve años; financió campañas electorales
Noti-America Republica Dominicana
La organización criminal que integra a las personas extraditables investigadas a través de la Operación Falcón operará durante al menos 9 años. Una de sus acciones es financiar campañas políticas para obtener escaños en la Asamblea Nacional, la Alcaldía y el Ayuntamiento, con el objetivo de lograr propaganda. y poder.
Según el Departamento de Asuntos Públicos, un líder de la red del narcotráfico proporcionó todos los fondos para la campaña del representante de Santiago Perremeist, Nelson Marmolejos Gil. Erick Randhiel Mosquea Polanco invertirá más de 9 millones de rupias el día de las elecciones, y otro involucrado Lenin Torres Bueno invertirá 550.000 rupias. Torres Bueno reveló la noticia en una conversación telefónica el 9 de julio de 2020, la cual fue citada en los archivos del Ministerio de Asuntos Públicos.
La red de narcotráfico y lavado de activos, desmantelada, realizó operaciones ilícitas desde el año 2012, las cuales se habrían intensificado desde el año 2017 según las evidencias obtenidas. Según asegura el Ministerio Público, la red creó una organización criminal transnacional dedicada a traficar cocaína de República Dominicana a Europa, Estados Unidos y Puerto Rico, teniendo como centro de mando y operación la provincia de Santiago.
Los imputados traficaron unos 2,500 kilos de cocaína semanales y producto de sus acciones criminales se han estimado inversiones de unos RD$10 mil millones. La organización criminal movilizó mas de US$500 millones a través del tráfico de miles de kilos de drogas,
Entre las características del entramado criminal figura la colocación de fondos millonarios en empresas dedicadas a la producción, estaciones de combustibles, financieras, dealers, compra de vehículos de lujo, de fincas, ganado, relojes costosos y otros.
Usaron documentos con falsedades para ocultar el rastro de su origen ilícito, compraron conciencias, lealtades e impunidad, e involucraron a decenas de personas, algunas que ostentaron cargos públicos.
Los criminales fueron ayudados por sujetos obligados, que obviaron su rol al servir a la estructura criminal, como abogados, entidades financieras y contadores públicos autorizados.
Los hallazgos fueron logrados tras esfuerzos en conjunto de los organismos de investigación y persecución nacionales e internacionales integrados por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Fiscal de Santiago, la Administración de Control de Drogas (DEA), la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (ICE) y la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI).
La jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago aplazó para el próximo viernes 17 de septiembre la audiencia para el conocimiento de medidas cautelares contra los arrestados en la Operación Falcón,
La magistrada Iris Borges acogió la petición de los abogados de la defensa de reenviar la medida, para poder estudiar el voluminoso expediente de 111 páginas.
Se trata de 21 personas, arrestadas en más de cien allanamientos simultáneos que tuvieron lugar entre el miércoles y el sábado de esta semana en distintas provincias del país.
Erick Randhiel Mosquea Polanco y Juan José de la Cruz Morales, los señalados como líderes del grupo, están prófugos. La lista de encartados esta integrada por María Olimpia Tavares Rodríguez alias Oli La Princesa, Juan Maldonado Castro alias Marcial y o El Líder, exdirector de Comunidad Digna y exdiputado. Este último fue suspendido mediante un decreto.
Ayer, el Partido Revolucionario Moderno respaldó las acciones tomadas por el gobierno de Luis Abinader para impulsar la consolidación del Ministerio Público independiente. Afirmó en un comunicado que “nunca antes se había librado tan contundente lucha contra la impunidad” en el país.
El abogado Carlos Salcedo propuso que los partidos políticos sean sujetos obligados a fin de que si no cumplen con los niveles de fiscalización necesarios se contemplen legalmente sanciones administrativas, civiles y penales a los que tengan que asumir los roles de investigación y depuración para evitar que candidatos y precandidatos sean financiados con recursos ilícitos. También, plantea que se establezca responsabilidad penal a las altas direcciones partidarias.
Fuente DL
