TRUMP SE INVENTÓ UNA GUERRA Y UN BOTÍN EN VENEZUELA Por Braulio Jatar Alonso

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TRUMP SE INVENTÓ UNA GUERRA Y UN BOTÍN EN VENEZUELA

Por Braulio Jatar Alonso | NotiAmérica

Donald Trump ha decidido convertir la captura de Nicolás Maduro en una guerra victoriosa y el petróleo venezolano en un botín. El 11 de noviembre, durante la ceremonia del Día de los Veteranos en Arlington, afirmó: «Ganamos la guerra en Venezuela en 48 minutos». Acto seguido, reivindicó una vieja expresión: «Al vencedor le corresponde el botín», mientras presumía de los miles de millones de dólares obtenidos del petróleo venezolano.

Pero su propio secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo exactamente lo contrario.

El 4 de septiembre de 2025, Rubio explicó públicamente que Maduro había sido acusado por un gran jurado del Distrito Sur de Nueva York. El 19 de diciembre insistió en que las acusaciones de narcotráfico procedían de pruebas presentadas ante ese gran jurado. No se trataba, según sus explicaciones, de una declaración de guerra, sino de una persecución penal.

El 3 de enero de 2026, el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, describió la operación Absolute Resolve. Explicó que las Fuerzas Armadas estadounidenses actuaron a solicitud del Departamento de Justicia para capturar a dos personas acusadas: Nicolás Maduro y Cilia Flores. La operación involucró más de 150 aeronaves, personal militar y agentes de las fuerzas del orden.

El 5 de enero, Trump comunicó formalmente al Congreso que había ordenado ataques militares limitados destinados a facilitar la detención y traslado de ambos acusados, contra quienes existían órdenes judiciales del Distrito Sur de Nueva York.

El propio Rubio fue categórico el 4 de enero: «No hay una guerra contra Venezuela». Repitió esa posición ante el Senado el 28 de enero.

¿Qué cambió para que una operación presentada oficialmente como una captura judicial terminara convertida, meses después, en una guerra cuyo vencedor reclama un botín?

La Constitución estadounidense, en su artículo I, sección 8, reserva al Congreso la facultad de declarar la guerra. Aunque existe controversia sobre las operaciones militares limitadas que puede ordenar el presidente sin autorización previa, una acusación judicial no sustituye las reglas constitucionales sobre el uso de la fuerza ni concede derechos sobre los recursos de otro país.

Tampoco una victoria militar autoriza el saqueo. El artículo 47 del Reglamento de La Haya de 1907 y el artículo 33 del IV Convenio de Ginebra prohíben el pillaje. Ni siquiera una guerra legítima convierte el petróleo de una nación en propiedad del vencedor.

El interés económico ha dejado de ser una sospecha. Según Reuters, un informe contable divulgado el 12 de noviembre revela que Estados Unidos administró más de 12.000 millones de dólares procedentes de recursos venezolanos durante los primeros nueve meses de 2026. El propio informe reconoce que esos fondos siguen siendo propiedad soberana de Venezuela.

Los venezolanos conocemos demasiado bien la utilización del petróleo como botín. Durante décadas, gobernantes, funcionarios y grupos privilegiados se apropiaron de la riqueza nacional mientras millones de ciudadanos terminaron empobrecidos o emigrando.

No luchamos contra una dictadura para que nuestras riquezas cambien de administrador extranjero. La responsabilidad penal de Maduro y Flores debe resolverse ante los tribunales. La propiedad de nuestros recursos pertenece a otro ámbito: el de la soberanía venezolana.

Trump puede atribuirse el éxito militar de una captura. Lo que no puede hacer es transformar ese resultado en un título de propiedad sobre Venezuela.