Los demócratas podrían presionar a Trump para reforzar la transición democrática en Venezuela

NOTI-AMERICA.COM | VENEZUELA

Tras la victoria de los demócratas en las elecciones de medio término en Estados Unidos el martes 3 de noviembre, expertos coinciden en que esta nueva mayoría del partido en el Congreso podrá ejercer presión sobre el gobierno republicano de Donald Trump y exigir avances en la transición democrática de Venezuela.

Aunque las decisiones sobre política exterior, diplomacia y licencias petroleras continúan bajo el control del Ejecutivo, los congresistas del bloque opositor utilizarían sus facultades para supervisar las actuaciones de la Casa Blanca en el país, intervenido desde el 3 de enero. Entre sus herramientas estaría el control sobre el manejo de los ingresos y los acuerdos petroleros con el régimen venezolano, así como la exigencia de transparencia sobre las condiciones bajo las cuales se conceden beneficios económicos.

Esta supervisión buscará condicionar cualquier alivio económico a compromisos y resultados verificables, como la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral, la liberación incondicional de los presos políticos y la fijación de un cronograma electoral transparente.

Reforzar el camino hacia la democracia

Líderes del Partido Demócrata mostraron su desacuerdo con el despliegue militar estadounidense en el Caribe, en el que decenas de presuntos narcoterroristas murieron en ataques cinéticos, y con la posterior intervención que permitió la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, aunque han reconocido que el exlíder chavista debía enfrentar la justicia.

Chuck Schumer y Hakeem Jeffries, líderes demócratas del Senado y de la Cámara de Representantes, respectivamente, calificaron de “inaceptable” el plan de Trump para gobernar Venezuela. La legisladora Alexandria Ocasio Cortez también criticó la operación estadounidense y afirmó que el único interés de Trump era tener acceso al petróleo y cambiar el régimen del país.

Entre ellos también está la exvicepresidenta Kamala Harris, quien días antes de la operación militar expresó que el mandatario estadounidense no debía intentar cambiar el régimen venezolano ni el de otros países. Tras la captura de Maduro, la también excandidata presidencial aseguró que el hecho de que sea “un dictador brutal e ilegítimo” no cambia que la acción militar haya sido “ilegal e imprudente”.

David Smilde, director de la Escuela de Sociología de la Universidad de Tulane, en New Orleans, cree que todavía es “muy temprano” para determinar cuál sería la incidencia real en el país por el “tsunami azul” en Estados Unidos, impulsado principalmente por el encarecimiento de la vida, las consecuencias de la guerra con Irán y las redadas migratorias.

Sin embargo, el sociólogo menciona algunas consideraciones.

“Por un lado, los demócratas podrían reforzar el camino hacia la democracia en el país. Este año se ha visto que Trump va y viene, a veces solo habla del petróleo y del gran beneficio que hay para su país con grandes acuerdos petroleros. Ha sido Marco Rubio quien ha hablado más sobre la transición, pero no siempre. Con este giro político se reforzará el camino hacia la democracia”, expresa.

La abogada Laura Cristina Dib, directora del Programa para Venezuela en la Oficina de Washington para América Latina, no prevé un cambio sustancial en la política de Estados Unidos hacia Venezuela ni observa que los resultados electorales en ese país limiten la capacidad de Washington para impulsar la transición democrática.

“Venezuela sigue siendo una de las pocas causas en la región que goza de apoyo bipartidista”, señaló la defensora de derechos humanos, que recordó, por ejemplo, que el senador Jared Moskowitz impulsó la Democratic Transition Strategy Act, una legislación que exige al Departamento de Estado una estrategia detallada de apoyo a una transición democrática en Venezuela.

“Guardo optimismo en el sentido de la necesidad de una transición democrática en Venezuela, elecciones libres, libertad incondicional de los presos políticos y la derogación de las normativas que hacen parte del aparato represivo. Esto es una cosa que también es producto del trabajo de años de la sociedad civil y de la propia oposición de generar un proceso pedagógico en el Congreso que hace que haya una verdadera comprensión en ambos partidos sobre eso”, manifestó.

Antonio de la Cruz, presidente de la firma de análisis político y económico Inter-American Trends, interpreta el avance demócrata como un voto de castigo en contra de Trump. Dijo que ese resultado refleja el desgaste republicano entre los votantes independientes, moderados y sectores latinos, y limita la capacidad del mandatario para imponer su agenda legislativa porque lo obligará a negociar con un Congreso que ejercerá mayores contrapesos institucionales.

Sobre Venezuela, el analista señaló que el magnate neoyorquino conserva amplias facultades para decidir sobre las sanciones, las licencias petroleras y la política diplomática, pero advirtió que la nueva mayoría demócrata en el Congreso puede fiscalizar los acuerdos con Caracas y exigir transparencia en el manejo de los ingresos petroleros.

Consideró que uno de los principales desafíos será conciliar los intereses energéticos de Washington con la democratización de Venezuela, ya que la recuperación económica no garantiza por sí sola una transición política. Asimismo, De la Cruz agregó que el Congreso puede exigir que ambos procesos avancen con compromisos, plazos y resultados verificables.

Indicó que el Congreso podrá reclamar un cronograma electoral verificable, que incluya la renovación del Tribunal Supremo de Justicia, la designación de rectores electorales independientes, garantías políticas y convocatoria a un proceso electoral.

El analista recordó que los congresistas también tendrán la capacidad de fiscalizar las licencias petroleras y vincular determinados beneficios económicos con avances democráticos. “La presión bipartidista podría reducir los incentivos para prolongar el interinato. La cuestión central es que la estabilización económica no sustituya el derecho de los venezolanos a elegir libremente a sus gobernantes”, afirmó.

¿Amenaza creíble de acción militar?

David Smilde, por otro lado, opinó que también disminuirá la amenaza creíble que tenía el gobierno republicano de ejecutar otro operativo militar en el país. El mismo 3 de enero, Trump declaró desde Mar-a-Lago, en Florida, que su gobierno estaba preparado para ejecutar una segunda ofensiva si fuera necesario.

El mandatario advirtió asimismo a The Atlantic que Delcy Rodríguez podría “pagar un precio muy alto”, incluso mayor que el de Maduro, si no obedecía las órdenes de la Casa Blanca.

Smilde, quien durante 30 años ha estudiado la política venezolana, expresó que es muy probable que los senadores y los representantes comiencen a trabajar con la War Powers Resolution, una normativa que le otorga al Congreso estadounidense el poder de vetar cualquier acción militar.

“Es una ley que hay que invocar. Eso casi se logró después de la intervención en Venezuela, pero al final no ocurrió; ahora es muy probable que se logre referente a Irán y Venezuela. Así van a reducir esa amenaza creíble de acción militar. Veremos cómo impacta eso al gobierno de Delcy Rodríguez. ¿Sentirá la misma urgencia o no de cumplir con los mandatos del gobierno de Trump?”, planteó.

Laura Dib explicó que durante este año se han presentado varias resoluciones destinadas a limitar los poderes del Ejecutivo en materia de acciones militares, pero señaló que, desde una perspectiva práctica, no cree que exista la amenaza de que Estados Unidos volverá a utilizar la fuerza en Venezuela.

En cambio, analizó que sí existe una profunda preocupación por el alcance de la colaboración militar que pueda existir entre los hermanos Rodríguez y la administración Trump, como ocurrió en la operación realizada en junio en la localidad de Las Claritas, en el estado Bolívar, sobre la que aún no se conoce el número de heridos, desplazados o fallecidos. Presuntamente, en ese ataque falleció Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, líder del Tren de Aragua, una banda delictiva designada en febrero de 2025 por el gobierno estadounidense como una organización terrorista extranjera.

La directora del Programa para Venezuela en WOLA también citó un reporte publicado por The New York Times sobre el presunto uso de drones estadounidenses en operaciones contra el Ejército de Liberación Nacional en Apure, un tema del que hasta ese momento solo circularon rumores y algunos reportes de organizaciones no gubernamentales como Fundaredes.

“Sí creo que habrá preguntas en torno a la colaboración militar, pero eso es distinto al uso de la fuerza unilateral. El control de ambas cámaras por parte de los demócratas generará mucha más presión para que el 3 de enero no ocurra en otros países, como lo que pasó en Irán o la amenaza de que se use la fuerza en Cuba”, indicó.

Dijo que la crítica sobre la incursión militar en Venezuela es “bastante uniforme” a nivel internacional porque países europeos, así como Canadá y las democracias latinoamericanas manifestaron su oposición al operativo. Mencionó que incluso WOLA calificó esto como una violación del derecho internacional. 

Aclaró que esa posición no significa que se desconozca que Maduro era un líder autoritario responsable de graves violaciones de derechos humanos. “El Congreso será un contrapeso frente al desconocimiento del derecho internacional por parte de la administración Trump”, enfatizó la abogada venezolana.

Rendición de cuentas y transparencia

El director de la Escuela de Sociología de la Universidad de Tulane reforzó el planteamiento de que los demócratas exigirán que cualquier funcionario del gobierno estadounidense rinda cuentas y que los legisladores tienen la facultad de solicitar documentos e información para, por ejemplo, aclarar la opacidad en el manejo del dinero que Estados Unidos ha pagado a Venezuela por la venta de crudo.

“Es muy opaco. Nadie sabe realmente adónde ha sido canalizado el dinero, cuánto ha sido, cuánto ha quedado en Estados Unidos, cuánto ha quedado en Venezuela”, indicó el analista, que mencionó además la “oscuridad” de los términos del contrato con North American Blue Energy Partners, que recibió la aprobación de Trump para explotar grandes reservas petroleras en el país.

“Los demócratas pueden hacer presión. A fin de cuentas, la política exterior es de competencia de la Presidencia, pero el Congreso tiene bastante poder para canalizarlo. Lo que pasa es que el gobierno de Trump ha tenido motivaciones mixtas. Por un lado, el petróleo y recursos, por otro, la democracia. A veces pasan semanas y meses sin hablar de democracia. Lo que ellos (los demócratas) pueden hacer con su poder es resaltar, reforzar y presionar para que se enfoquen en ese camino de la democracia”, reiteró.

Asimismo, Laura Cristina Dib cree que los demócratas seguirán presionando por transparencia y rendición de cuentas, y destacó que los opositores en el Congreso estadounidense se han enfocado mucho en la falta de transparencia en los negocios petroleros.

“Hay que generar mayor comprensión de la importancia de que haya transparencia en materia petrolera. Esto tiene que ver con que el pilar de soporte del gobierno autoritario en Venezuela ha sido la corrupción y, por tanto, se necesita transparencia de la mano de la democracia y el Estado de derecho. Ahí está el reto de que el foco no sea solamente en materia de industria extractiva, sino también en este otro ámbito”, expresó.

“Hay mucho interés en que haya una transición democrática y mucha crítica frente a las contradicciones de la administración de apoyar una transición mientras se hacen negocios con Alejandro Betancourt”, agredó la defensora de derechos humanos.

Los demócratas controlarán ambas cámaras del Congreso a partir del 3 de enero, cuando se cumpla un año de la captura de Maduro. La oposición obtuvo al menos siete escaños adicionales en el Senado, donde se prevé que cuente con 54 de los 100 puestos, aunque todavía quedan dos en disputa, en Misisipi y Alaska. En la Cámara de Representantes, según proyecciones de The New York Times, podrían superar los 250 escaños de un total de 435.

El riesgo de que el chavismo se quede

David Smilde, quien fue asesor principal para Venezuela de WOLA, añadió que el país no es un tema tan prioritario en este momento para los demócratas, que tienen otros asuntos en los que concentrar sus esfuerzos, como el alto costo de la vida en Estados Unidos.

Afirmó que, incluso antes de las elecciones de medio término, advertía sobre el riesgo de que el chavismo intente mantenerse en el poder a cualquier costo.

“No está claro que la motivación principal de Trump sea la democracia. Él ha dicho que está feliz con Delcy Rodríguez; yo daba por sentado que Rubio y Trump harían lo mejor para la democracia. Tengo temor de que sin esa presión militar los Rodríguez puedan manipular. Esto depende porque el gobierno de Trump tiene pocos logros y lo único que dice es que Venezuela ha sido un éxito”, manifestó.

La abogada añadió que los demócratas pueden contribuir en la demanda bipartidista de democracia en Venezuela y subrayó que desde WOLA han apoyado una legislación impulsada por la congresista republicana María Elvira Salazar para construir un fondo que permita la recuperación de activos producto de la corrupción en Venezuela. Destacó que los congresistas demócratas Darren Soto y Al Green se sumaron a esa propuesta un día antes de los comicios.

El Fondo para la Restauración de Venezuela contempla que sea financiado con el dinero y los bienes incautados por Estados Unidos a personas y entidades vinculadas con la corrupción de los gobiernos de Hugo Chávez y Maduro para que se utilicen en la recuperación institucional y democrática de Venezuela, en lugar de ingresar simplemente a los fondos generales del gobierno estadounidense.

“Hay que prestar atención a las acciones, más que los discursos. La legislación sobre la transición de Moskowitz es un ejemplo claro de que hay un acuerdo bipartidista”, afirmó Dib.

Antonio de la Cruz, por su parte, expresó que los demócratas pueden investigar, legislar y condicionar fondos, pero no sustituir las facultades presidenciales, e indicó que su influencia dependerá de acuerdos bipartidistas y límites constitucionales. “La supervisión puede impulsar reformas del TSJ y el CNE y exigir garantías electorales. Sin embargo, una confrontación entre el Congreso y la Casa Blanca podría retrasar decisiones. El riesgo es que Venezuela quede atrapada en la disputa política estadounidense”, dijo.

El regreso de María Corina Machado

David Smilde afirmó que el regreso de María Corina Machado a Venezuela dinamizó el contexto político del país y destacó que, después de su retorno, Marco Rubio ofreció una rueda de prensa en la que dio más detalles sobre aspectos de la política estadounidense hacia Venezuela de los que había abordado en los últimos meses.

Horas después de la llegada de Machado al país, el secretario de Estado estadounidense aseguró que el proceso de democratización avanzará según lo planificado. Además destacó que el interinato ha cumplido con las peticiones de Trump y que el cumplimiento de los plazos podría concretarse en menos de dos años, antes de que el republicano deba abandonar la Casa Blanca.

Afirmó que en caso de que el régimen chavista se resista a cumplir con las exigencias de Washington, el mandatario republicano podrá volver a imponer las sanciones que han sido levantadas y retirar las licencias que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, concede a determinadas empresas para realizar operaciones económicas en Venezuela. “Tengo esperanza de que continuarán cumpliendo las expectativas porque, para ser franco, es lo mejor para ellos a largo plazo”, declaró Rubio.

Un funcionario del Departamento de Estado indicó a la prensa que Venezuela debe avanzar en la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y que “poco después” se debe reformar el Consejo Nacional Electoral. “No puedes tener elecciones libres que sean aceptadas por todas las partes en un país mientras esa infraestructura siga en su lugar. Necesita ser desmantelada y reemplazada”, expresó la fuente, citada por CNN en Español.

Luego, indicó que Rodríguez, reconocida por el gobierno estadounidense como presidenta interina de la República, tendrá que declarar la vacante permanente de la Presidencia de Venezuela, lo que activaría un plazo para que se realicen nuevas elecciones.

El funcionario afirmó asimismo que el nuevo ente electoral no politizado deberá definir la fecha de las presidenciales, y subrayó que unos comicios no se pueden realizar en un país donde los partidos políticos no tienen permitido operar ni hacer campaña y sin prensa libre.

“Todo eso me pareció muy positivo”, manifestó el sociólogo.

Sin embargo, aseguró que Machado cometió un error estratégico al respaldar la reelección de María Elvira Salazar, a quien la dirigente describió como una aliada leal a la causa de la libertad de Venezuela.

“En el Congreso, muchos líderes demócratas se han acercado a María Corina y han apoyado su causa; esto es político también. Ella hizo campaña muy abierta para María Elvira Salazar, una legisladora clave del sur de Florida, pero ahora eso les da licencia a los demócratas para pensar que están bien con Trump y su encanto con Delcy Rodríguez. O sea, ‘María Corina Machado no está en nuestra esquina, no nos ayudó, ¿para qué vamos a estar resteados con ella?”, analizó Smilde.

Sobre la respuesta estadounidense, Dib expresó: “Fue la primera vez que el Departamento de Estado habló de forma tan clara de cuál era la estrategia para el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral y cuáles eran los tiempos. Creo que el regreso de María Corina Machado genera presión porque produce también presión de calle. Fue muy significativo que el 25 de octubre la gente saliera a las calles sin una convocatoria masiva. Es indiscutible el liderazgo que ella tiene”.

Afirmó que Machado tenía derecho a regresar a Venezuela como cualquier ciudadana y ejercer su derecho a la libre participación y expresión. En ese sentido, agregó la abogada, el Congreso de Estados Unidos puede generar una presión positiva. “Es que hasta ahora no había sido incluida como parte de la negociación. Se habían generado algunas rupturas de canales, que son importantes para la democracia en Venezuela, y la presencia de ella en Venezuela genera presión sobre Estados Unidos de demostrar esos resultados”, dijo.

“También creo que el cambio en ambas cámaras generará presión sobre el cumplimiento de esos hitos democráticos, es decir, no se van a poder dilatar eternamente porque probablemente seguirán llamando al secretario de Estado a testificar en el Congreso, a responder preguntas sobre los vínculos opacos con empresas como Nabep, las implicaciones u ofertas para la democracia o en qué momento se convocarán elecciones”, añadió Dib.

Consideró que la combinación de esos factores —el regreso de Machado y la presión que se le genera a la administración de Trump— contribuirán de forma positiva en Venezuela. Dijo que desde su oficina, sin desconocer los avances importantes que se han registrado este año y la excarcelación de cientos de presos políticos, han criticado que hay cambios que reflejan un “autoritarismo adaptativo” sin que se hayan dado transformaciones de tono.

“Nos ha tocado a las organizaciones de derechos humanos, tanto locales como internacionales, ponerle ‘apellido’ a los titulares. ¿Se suprimieron los tribunales de terrorismo? Eso no es tan así. ¿Se desbloquearon los medios de comunicación? Todavía quedan 143. ¿La Ley de Amnistía ha beneficiado a 9.000 personas? No se han podido verificar esas cifras y todavía quedan más de 300 presos políticos. Nos toca constantemente ponerle el ‘apellido’ a lo que pasa y mostrar que los cambios no han sido estructurales”, expresó.