La Universidad Venezolana: una demolición silenciosa Por: Eduardo Fernandez

NOTI-AMERICA.COM | VENEZUELA

La Universidad Venezolana: una demolición silenciosa

La educación superior en Venezuela atraviesa su hora más oscura. Lo que en el pasado constituyó el motor de ascenso social, innovación y pensamiento crítico en el continente, hoy sufre una política de demolición sistemática orquestada desde el Estado. La asfixia presupuestaria, la pauperización salarial y la exclusión sistemática del talento joven conforman un plan deliberado para doblegar la autonomía y apagar la conciencia crítica de la nación.

El síntoma más evidente de esta tragedia es la asfixia financiera. Las asignaciones presupuestarias para el sector universitario rondan históricamente apenas el 2,6% del presupuesto nacional, un monto pulverizado por la hiperinflación que deja a las casas de estudio operando con un déficit operativo y de infraestructura superior al 95%. Emblemáticos bastiones del saber como la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Universidad del Zulia (LUZ), la Universidad de Carabobo (UC), la Universidad de Los Andes (ULA) y la Universidad de Oriente (UDO) sobreviven entre ruinas, laboratorios obsoletos, bibliotecas sin actualización y servicios de comedor y transporte totalmente inexistentes.

A esta crisis estructural se suma una agresión directa al talento humano y estudiantil. Los profesores universitarios perciben salarios de hambre que oscilan entre los 2 y 10 dólares mensuales, cifras que los ubican en la pobreza extrema y los han obligado a una diáspora masiva, desmantelando las plantillas académicas. Paralelamente, se castiga el mérito: jóvenes con promedios de excelencia de 19 y 20 puntos son sistemáticamente marginados de los cupos universitarios a través de un sistema de asignación centralizado y politizado (OPSU), el cual prioriza la ideología por encima de la capacidad intelectual.

Pero el daño no se limita a los números. Una universidad debilitada produce una sociedad más vulnerable. Cuando se vacían laboratorios, se pierden investigadores y se reduce la calidad docente, el país pierde capacidad para resolver sus propios problemas: salud, energía, agua, agricultura, tecnología, seguridad y desarrollo productivo. Una nación que expulsa a sus profesores no solo pierde profesionales; pierde memoria, experiencia y posibilidad de futuro.

La universidad venezolana ha sido históricamente un espacio de movilidad social. Permitió que hijos de familias trabajadoras accedieran a medicina, ingeniería, derecho, educación, ciencia y humanidades. Destruirla no es solo una agresión contra la academia: es una política de bloqueo del ascenso social. Se condena a las nuevas generaciones a sobrevivir sin las herramientas necesarias para transformar su realidad.

Para rescatar la universidad venezolana no bastan paliativos temporales; se requiere un cambio profundo de paradigma. La solución exige, en primer lugar, una transición política que restituya la autonomía plena y el Estado de derecho. Urge un plan de rescate financiero de emergencia, reorientando fondos públicos hacia la infraestructura y la restitución de salarios dignos indexados a la canasta básica para docentes e investigadores.

Asimismo, es indispensable descentralizar el ingreso estudiantil, devolviendo a las universidades autónomas la potestad de seleccionar a sus cursantes mediante pruebas de aptitud y mérito. Solo con presupuestos justos, autonomía financiera y libertad académica el Estado venezolano dejará de ver en el conocimiento un enemigo y las universidades podrán resurgir como las forjadoras del futuro democrático que Venezuela reclama.

En mi opinión, defender la universidad es defender la posibilidad de que Venezuela vuelva a pensar por sí misma. No se trata de proteger privilegios corporativos ni de idealizar un pasado perfecto. Se trata de recuperar un derecho esencial: que cualquier joven talentoso pueda formarse sin depender de la lealtad política, y que ningún profesor deba abandonar su país para sobrevivir. Una nación que abandona a sus universidades no solo empobrece su presente; renuncia, silenciosamente, a su futuro.

Los datos disponibles respaldan la magnitud de la crisis: en 2024, las instituciones de educación superior recibieron 2,6% del presupuesto nacional, una reducción de 36% respecto al año anterior; los salarios docentes reportados por asociaciones universitarias se ubicaron entre menos de 2 y 6 dólares mensuales; y el sistema de ingreso centralizado redujo la capacidad de las universidades para seleccionar a sus estudiantes conforme a criterios académicos.