Frente de Abogados marcha junto a familiares de presos políticos al Palacio de Justicia: denuncian «justicia de facto» y rechazan renovación fraudulenta del TSJ

• Gremio de juristas, comités de víctimas y el movimiento sindical se concentraron desde las 10:00 a. m. en la plaza Miranda y avanzaron hasta la sede judicial de Caracas para exigir la libertad plena de civiles y militares detenidos arbitrariamente.

• El presidente del Frente Nacional de Abogados, Noé Mújica, advirtió que las decisiones carcelarias son nulas porque quienes fungen de jueces y fiscales no fueron electos por concurso público (Art. 255) y denunció que la inclusión de 11 diputados en el Comité de Postulaciones vicia de nulidad absoluta el nuevo TSJ.

• El defensor de DDHH Eduardo Torres y el dirigente sindical Orlando Ramírez exigieron al presidente del Circuito Judicial Penal, John Parodi, sobreseimientos inmediatos o un indulto masivo ante el cese de las desapariciones forzadas.

                 FRENTE NACIONAL DE ABOGADOS DE VENEZUELA

CARACAS — En una jornada de protesta pacífica y movilización gremial realizada este jueves 8 de octubre de 2026, el Frente Nacional de Abogados de Venezuela se hizo presente en las calles de Caracas para acompañar a los comités de familiares de presos políticos, civiles y militares, así como a las representaciones del movimiento sindical venezolano.

La manifestación inició a las 10:00 a. m. desde la plaza Miranda y avanzó hasta las puertas del Palacio de Justicia de Caracas, donde las delegaciones ingresaron un documento formal exigiendo la libertad plena, incondicional e inmediata de todos los privados de libertad y el fin de las persecuciones penales arbitrarias.

La acción conjunta tuvo como objetivo central interpelar de manera directa a las autoridades del Poder Judicial y denunciar la descomposición estructural y la corrupción arraigada dentro del sistema penal ordinario y castrense.

Los juristas y defensores de derechos humanos alertaron que cientos de ciudadanos permanecen recluidos bajo montajes judiciales, retardos procesales sistemáticos y acusaciones formuladas por instancias que carecen de legitimidad constitucional y de independencia jurídica.

Durante la concentración en las escalinatas de la sede tribunalicia, el presidente del Frente Nacional de Abogados de Venezuela, Noé Mújica, fustigó la falta de idoneidad legal de quienes hoy operan los despachos del país y reiteró que las causas abiertas contra la disidencia civil y militar representan una flagrante simulación de justicia.

«Queremos manifestar que el Frente Nacional de Abogados de Venezuela hace acto de presencia en solidaridad con el dolor y la tragedia de los familiares de los presos políticos, de los presos comunes y de la jurisdicción militar. Todos están siendo procesados por un sistema que obedece a una estructura que simula justicia para el ciudadano mientras viola derechos fundamentales. Quienes están allí vestidos con la condición de jueces en el Palacio de Justicia no son jueces de la República, y los fiscales no son fiscales: no han ido a un concurso público de oposición y credenciales como lo ordena taxativamente el artículo 255 de nuestra Constitución», denunció Mújica.

El vocero gremial sustentó que, ante la inobservancia deliberada de los artículos 26 y 49 de la Carta Magna —que consagran la tutela judicial efectiva, el juez natural y el derecho a un debido proceso transparente e imparcial—, las medidas privativas de libertad, acusaciones y autos de apertura a juicio dictados por estos despachos constituyen actos írritos viciados de nulidad absoluta bajo el imperio del artículo 25 y el artículo 138 constitucional.

«Al ocupar un cargo al margen de la Constitución y sin jurados de circuitos judiciales, cometen un delito y tendrán que entregar cuentas. Por ello, todas las decisiones que han dictado hasta hoy son nulas. Exigimos la libertad plena e inmediata, sin restricciones, y que se abran las cárceles del país. No se puede convalidar que se continúe persiguiendo a inocentes con delitos fabricados de presunto odio y presunto terrorismo», remarcó.

Mújica vinculó la grave crisis penal con la reciente confesión de la exmagistrada Bárbara César Siero respecto a las presiones y maniobras políticas ejercidas dentro de la Sala Político Administrativa para forzar inhabilitaciones partidistas.

A su juicio, estas revelaciones comprueban que el Poder Judicial opera como un brazo de persecución selectiva que busca ahora perpetuarse mediante un proceso de renovación fraudulento.

«Lo que reveló César Siero puso al descubierto ante el mundo que allí opera una maquinaria para judicializar a quienes piensan distinto. Y pretenden continuar este circo a través del nombramiento de un Comité de Postulaciones Judiciales conformado ilegalmente por 11 diputados de la Asamblea Nacional. El artículo 270 de la Constitución es claro: ese comité debe estar integrado exclusivamente por representantes de la sociedad civil. Con un solo diputado que se meta, todo el proceso se vicia. Lo que dice el artículo 138 es que toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos nulos. Ese Tribunal Supremo de Justicia que pretenden imponer a trocha y mocha será una instancia de facto, ilegítima, diseñada para controlar la Sala Electoral, liquidar la alternabilidad y sostener la tiranía», alertó.

Durante su intervención frente a los medios, el dirigente del Frente Nacional de Abogados, Moisés Mújica, fue enfático al denunciar que tanto los presos políticos como los comunes y militares sufren los embates de una estructura judicial corrompida: «Estamos acompañando a los familiares no solo de los presos políticos, sino también de los presos comunes y militares, porque al fin del camino están siendo procesados por un sistema de justicia que es el mismo, que obedece a una organización criminal que opera simulando justicia mientras viola derechos fundamentales, derechos constitucionales y derechos legales».

Para el abogado Moises Mujica la urgencia de abrir inmediatamente las cárceles del territorio nacional, reiterando que quienes acusan y sentencian carecen de investidura legítima al no haberse sometido a los concursos de oposición previstos en el artículo 255 de la Carta Magna.

Mújica alertó también sobre las consecuencias políticas que traerá la designación de un Tribunal Supremo de Justicia tutelado por los factores de poder de la Asamblea Nacional, señalando de manera directa las pretensiones de controlar las instancias comiciales del país.

«¿Acaso no sabemos que este ciudadano llamado Jorge Rodríguez pretende nuevamente meter su mano dentro del Poder Judicial para impedir una justicia imparcial y garantizar resultados a la medida de ellos? Advertimos a la sociedad civil y a las organizaciones políticas que con un TSJ a la medida de estos señores no habrá garantías ni respeto a resultados electorales, porque esa Sala Electoral que van a imponer es a la que le compete dirimir cualquier inconformidad; lo que buscan es instaurar una dictadura por 100 años más cometiendo crímenes de lesa humanidad», señaló.

El vocero calificó las maniobras parlamentarias como «un golpe de Estado en desarrollo orquestado por quienes durante más de 25 años han ostentado el poder».

Hizo un llamado urgente a la movilización ciudadana y a la activación inmediata de los mecanismos de desobediencia civil contemplados en la Carta Magna.

«Es hora de que el país despierte y reaccione como un solo hombre; entendamos que tenemos que salir de manera inmediata a activar el artículo 350 de la Constitución, tomar las calles para que llegue el momento histórico de avanzar hacia la toma definitiva de Miraflores y expulsar del poder a esos delincuentes que se encuentran allí torturando y matando a personas inocentes».

Las familias quieren libertad

El abogado penalista, defensor de derechos humanos y expreso político, Eduardo Torres, encabezó la comisión gremial y de familiares que ingresó al recinto para sostener un despacho formal con la presidencia del circuito judicial.

«Hoy acompañamos a estas madres, hijas y familiares de los presos políticos civiles y militares, junto a los dirigentes sindicales, con una sola consigna: libertad inmediata y plena para todos ellos. No se justifica ni un solo preso político en Venezuela. Venimos a una reunión con el Dr. John Parodi, presidente del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, para exigirle que las instancias del Poder Público, la Fiscalía y el propio Ejecutivo ejecuten las medidas inmediatas de liberación, ya sea mediante el sobreseimiento de las causas o a través de un indulto general y masivo», enfatizó Torres.

En la movilización también participó el dirigente sindical Orlando Ramírez, quien marchó junto a las víctimas tras haber sido excarcelado apenas 24 horas antes, luego de permanecer 29 días en situación de detención arbitraria y desaparición forzada a manos de agentes armados sin identificación.

«Aquí está con nosotros el compañero Orlando Ramírez, a quien liberaron ayer tras casi un mes desaparecido por hombres encapuchados vestidos de negro. Las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas tienen que erradicarse de raíz en nuestro país. Es hora de la libertad», puntualizó Torres ante los medios.

Frente al avance del cronograma legislativo para sellar la designación del nuevo TSJ a espaldas de la legalidad, el doctor Noé Mújica cerró la vocería llamando a la cohesión cívica e invocando los mecanismos de resistencia democrática amparados en el texto constitucional.

«Le advertimos a la sociedad civil y a los partidos políticos que abran los ojos: sin un TSJ ajustado a Derecho jamás habrá elecciones limpias ni garantías de arbitraje independiente. Frente a este golpe continuado a la Carta Magna, reiteramos la invocación del artículo 350 constitucional. Es imperativo que el pueblo ejerza su soberanía en la calle de forma activa y decidida para desconocer a cualquier autoridad usurpadora y restablecer el orden democrático», concluyó el presidente del Frente de Abogados.

Contacto de Prensa: Frente Nacional de Abogados de Venezuela

Coordinación de Medios e Información Gremiada

Caracas, Venezuela