Arquidiócesis de Barquisimeto fija posición ante cierre técnico del Colegio Nuestra Señora del Carmen y denuncia asedio jurídico

NOTI-AMERICA / VENEZUELA

BARQUISIMETO.—  A través de un comunicado oficial emitido este 18 de agosto desde el Santuario de la Divina Pastora, la Arquidiócesis de Barquisimeto fijó posición institucional en relación con la situación de la Asociación Civil «Unidad Educativa Colegio Nuestra Señora del Carmen», ubicada en el sector Moyetones III, al oeste de la ciudad. La instancia eclesiástica confirmó el cese de operaciones del plantel debido a una crisis financiera insostenible, al tiempo que rechazó las presiones judiciales y políticas en torno al caso.

Inviabilidad económica y cargas fiscales

La autoridad diocesana detalló que la institución enfrentaba una realidad operativa comprometida, con una matrícula reducida a 86 estudiantes y un alto índice de morosidad en el pago de mensualidades por parte de los representantes. Esta situación impidió cubrir los costos mínimos de mantenimiento de la planta física, gastos operativos y compromisos tributarios.

Asimismo, el documento señala que el esfuerzo económico para dar cumplimiento a regulaciones nacionales, en particular los aportes exigidos por la Ley de Protección de las Pensiones de la Seguridad Social, terminó por comprometer definitivamente la sostenibilidad financiera del proyecto educativo.

Marco canónico y protección a la infancia

Desde la perspectiva jurídica y pastoral, la Arquidiócesis sustentó la medida en las disposiciones del Código de Derecho Canónico y en el principio del interés superior del niño, contemplado en el artículo 55 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA).

Según el pronunciamiento, mantener el plantel abierto en condiciones de precariedad presupuestaria vulneraría el derecho de los alumnos a recibir educación en un ambiente seguro, digno y adecuado.

Denuncia de asedio e instrumentalización política

En el comunicado, la representación episcopal expresó su rechazo a lo que califica como un «asedio jurídico», advirtiendo sobre presuntas irregularidades procesales en el fuero judicial.

De igual forma, la Iglesia cuestionó el intento de factores político-partidistas de instrumentalizar el malestar de la comunidad escolar con fines ajenos al ámbito educativo, afectando la paz social y la dignidad del arzobispo de la diócesis, Monseñor Polito Rodríguez Méndez.