Pleno de la Asamblea pidió al Ejecutivo destitución del Ministro de Gobierno
REDACCIÓN NOTI AMÉRICA (ECUADOR)
Los legisladores preparan el camino para el inicio de un juicio político de varios funcionarios del gobierno.
Con 84 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea exigió del presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, la destitución inmediata de Patricio Pazmiño, Ministro de Gobierno; de Edmundo Enrique Moncayo, director General del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI); y de Johana Pesántez, presidenta del Directorio del Organismo Técnico de Rehabilitación Social, como responsables de los hechos ocurridos en cuatro cárceles del país, el pasado 23 de febrero, que dejó como saldo el asesinato de decenas de privados de libertad.
Así mismo, se exige del Ejecutivo la adopción inmediata de medidas que garanticen la prevención, mantenimiento, control y restablecimiento del orden y la seguridad de los centros de privación de libertad.
Ademñas de una gestión y administración eficiente de los centros de privación de la libertad; el diseño y ejecución de procesos de rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad, que garanticen sus derechos, entre otros.
De igual forma, el Ejecutivo decrete el estado de excepción en los Centros de Privación de Libertad a nivel nacional.
La resolución propuesta por Rodrigo Collaguazo, que obtuvo además 38 abstenciones y un voto en blanco, anticipa el inicio del juicio político en contra del Ministro de Gobierno, del Director General del SNAI y de la Presidenta del Directorio del Organismo Técnico de Rehabilitación Social por incumplimiento de sus funciones en el marco de la seguridad ciudadana.
Igualmente, exhorta a los organismos del Sistema Regional y Universal de Derechos Humanos vigilen y desarrollen acciones de monitoreo para que el Estado ecuatoriano garantice una investigación pronta e imparcial.
Así mismo, que establezca los responsables por los hechos ocurridos en los centros de rehabilitación social del país conforme a los estándares de la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos.
También, se solicitó al Presidente de la República ejecute el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social Pacífica 2019-2030; disponga al Ministerio de Finanzas, la entrega inmediata de los recursos económicos que permitan solventar la grave crisis del sistema de rehabilitación social, así como analice y agilice las solicitudes de indulto humanitario.
