SANTIVÁÑEZ: UN BLINDAJE QUE NO LE SERVIRÁ A BOLUARTE
NOTI-AMÉRICA PERÚ
Por César Ortiz Anderson
En septiembre de 2025, el escenario político peruano se encuentra marcado por un hecho que refleja tanto la fragilidad institucional del país como la estrategia de autoprotección legal de la presidenta Dina Boluarte. El ministro de Justicia, Eduardo Santiváñez, recientemente nombrado pese a haber sido previamente censurado como ministro del Interior, enfrenta ahora serias investigaciones de la Fiscalía por presuntos actos de corrupción en el poder. Su permanencia en el cargo ha generado una ola de críticas y suspicacias, pues diversos analistas sostienen que su función no se limita al sector Justicia, sino que tendría como objetivo principal blindar a la presidenta frente a los procesos que pesan en su contra.
El trasfondo político: un ministro cuestionado para un gobierno cuestionado
La designación de Santiváñez, lejos de ser un giro hacia la renovación política, representa una señal de continuidad en el uso del aparato estatal como escudo frente a la justicia. El ministro carece de legitimidad política para encabezar el sector. Sin embargo, su perfil parece funcional a una agenda inmediata: garantizar que los procesos judiciales que alcanzan a la presidenta Boluarte —tanto en el Ministerio Público como en cortes internacionales— no avancen con celeridad.
Los fracasos en seguridad y la pérdida de autoridad política
El contexto en el que se produce este nombramiento es aún más complejo. La inseguridad ciudadana, reconocida como el principal problema del país, ha puesto en jaque la gobernabilidad. Los planes anunciados por el Ejecutivo han terminado en fiasco: el Plan Boluarte, sin resultados concretos; los reiterados estados de emergencia, que no lograron reducir los índices delictivos; los operativos mediáticos contra motos lineales y extranjeros indocumentados, percibidos como medidas populistas; la creación del “cuarto de guerra” contra el crimen, que nunca pasó de la retórica, y la rotación de siete ministros del Interior en poco más de un año, reflejo de improvisación y ausencia de estrategia.
Este gobierno, al que le faltan ocho meses para concluir, solo quiere ganar tiempo. Anunció la construcción de una cárcel en la Isla del Frontón, y el INPE, la propia institución penitenciaria, se ha pronunciado en contra por lo oneroso de dicho gasto. Lo más lógico es acabar la construcción de cuatro prisiones en Ica, Arequipa, Cajamarca y Loreto; sin duda, sería ofrecer una solución mucho más rápida y a un menor costo.
En este marco de inoperancia en seguridad, Santiváñez y Boluarte aparecen todavía más cuestionados: mientras la población exige resultados, el gobierno parece concentrar más energías en proteger a sus figuras políticas que a los ciudadanos.
El futuro legal de la presidenta Boluarte es cada vez más incierto. Los procesos abiertos por corrupción, sumados a los casos de derechos humanos en cortes internacionales, configuran un panorama en el que la salida judicial parece inevitable.
Boluarte frente a la Fiscalía: estrategias para sobrevivir en el poder
El gobierno de Dina Boluarte se encuentra desde hace meses bajo una creciente presión judicial y política. La presidenta del Perú enfrenta investigaciones fiscales por presuntos actos de corrupción, enriquecimiento ilícito y violación de derechos humanos durante la represión de protestas sociales. Estos procesos han puesto en entredicho no solo su legitimidad como mandataria, sino también la estabilidad institucional del país.
En este escenario, Boluarte ha desplegado una doble estrategia de defensa: por un lado, acciones legales que buscan ralentizar o neutralizar los procesos en la Fiscalía; por otro, alianzas políticas en el Congreso y con sectores de poder, orientadas a blindar su permanencia en el cargo.
Foto: Andina
